Veinte colectivos crean la coordinadora estatal para recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia
La acción que hasta ahora llevaban de manera individual las plataformas ciudadanas surgidas en algunos puntos del territorio nacional para denunciar las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica toma a partir de ahora un cariz conjunto a nivel estatal. Un total de veinte colectivos de todo el país acaban de constituir la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, un órgano que nace con el objetivo de promover acciones en cada uno de los territorios para denunciar las apropiaciones de bienes de todo tipo que la Iglesia ha venido realizando al amparo de la antigua Ley Hipotecaria.
Entre los colectivos que conforman la nueva coordinadora se encuentra la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma de Defensa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma Vasca, el colectivo aragonés MHUEL, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Andaluz, Redes Cristianas, Europa Laica, la Unión de Ateos y Librepensadores, así como grupos de acción de La Rioja, Teruel, Valencia, Valladolid, Baleares y Asturias que han venido actuando en el ámbito de las inmatriculaciones.
De un lado, todos los colectivos se servirán de la experiencia de quienes, como la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos, llevan ya años trabajando en relación a los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la antigua Ley Hipotecaria, que les permitía inmatricular un bien sin aportar título de propiedad sobre él. De otro lado, y a partir de la puesta en común de sus experiencias, el objetivo pasa por aunar estrategias de acción en cada uno de los territorios.
En ese sentido, los colectivos integrantes de este nuevo órgano han acordado un plan de acciones entre las que se incluyen “exigir a los parlamentos y gobiernos autonómicos la adopción de iniciativas institucionales, jurídicas y legislativas que persigan la recuperación de los bienes apropiados”, señalan desde la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.
Junto a ello, promoverán “la identificación y difusión de los bienes inmatriculados entre 1946 y 2015” que realizarán acompañadas de “una evaluación de su repercusión económica y el coste social del expolio” que haya supuesto el registro de cada bien a nombre de la Iglesia.
Implicación municipal
La tarea que ahora comienzan de manera coordinada esta veintena de colectivos pasa también por propiciar “la implicación de los ayuntamientos en los trabajos de recuperación del patrimonio enajenado, parte del cual es de propiedad municipal”, como se ha comprobado en la relación de bienes inmatriculados hallados en estos últimos años en municipios de Navarra, en Córdoba o Priego de Córdoba, entre otros.
Asimismo, desde la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia se va abordar la idea de que las administraciones estudien “condicionar las inversiones públicas”, que gran parte de los bienes inmatriculados requieren, a la devolución de los mismos a manos públicas.
Por otra parte, la intención de sumar y unificar las acciones de cada colectivo en la coordinadora estatal persigue asimismo impulsar la constitución de plataformas “abiertas e inclusivas” que multipliquen este trabajo frente a las inmatriculaciones en cada una de las distintas comunidades autónomas en las que aún no se ha creado un colectivo similar.
La primera reunión que ha servido para la constitución de la coordinadora estatal y la aprobación de una declaración conjunta “para la defensa del patrimonio irregularmente inscrito por la Iglesia”, ha tenido lugar en Navarra, comunidad en la que se inició el hallazgo de bienes inmatriculados por la Iglesia y donde el listado de los mismos supera el millar. De hecho, tanto en Navarra como en el País Vasco, sus parlamentos han aprobado iniciativas para conocer el listado completo de bienes inmatriculados, decisión que sin embargo, fue desechada por el Parlamento de Andalucía.
