La comisión de investigación pide que se eleve a la fiscalía el plante de Antonio Rivas
La comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía para buscar responsabilidades políticas en la presunta trama con subvenciones de formación para el empleo ha decidido este viernes trasladar a la Mesa de la Cámara la comparecencia “inconclusa” del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, para que los servicios jurídicos de la institución tomen “las decisiones que consideren oportunas para iniciar los procedimientos que sean pertinentes”.
El presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz, ha explicado que se ha decidido con el respaldo de su grupo parlamentario y del resto de la oposición (PP-A, Podemos e IU) mientras que el PSOE-A se ha opuesto. Ocurre después de que el pasado lunes Antonio Rivas acudiera a la comisión de investigación pero se marchara de la misma tras su intervención y sin oír las preguntas que le iban a formular los grupos parlamentarios, cosa a la que estaría obligado pese a que se acoja a su derecho a no contestar, como ha hecho ya una decena de comparecientes.
Julio Díaz ha expresado que la voluntad es elevar este asunto a la fiscalía, por entender que la comparecencia quedó inconclusa -cosa de la que advirtió a Antonio Rivas en su momento- pero que será la Mesa de la Cámara la que decida. En su opinión, la comparecencia de un asistente “termina cuando los diputados han hecho su trabajo y han podido preguntar” y ha explicado que en este caso entran en conflicto dos artículos de la Constitución Española, “el derecho a no declarar y el de los ciudadanos a participar en la vida pública a través de sus representantes”. Por lo que “la decisión será de los servicios jurídicos.
Sin embargo, el PSOE-A ha emitido su voto contrario al entender que la comisión de investigación “no puede erigirse en tribunal y poner en marcha acciones legales sin esperar al dictamen de los letrados del Parlamento de Andalucía”. Ha destacado que tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sentencia del Tribunal Supremo 176/2008 “existen dudas razonables sobre la capacidad de cursar medidas legales contra una persona que, habiendo comparecido y acogiéndose a su derecho a no contestar preguntas, tenga que escuchar el interrogatorio, violentando sus derechos”.
En la misma reunión de la comisión de investigación se ha pactado pedir a la Junta de Andalucía que deje de enviar todos los expedientes del periodo que están analizando -desde 2002 hasta la fecha- y que se limite a la documentación que se ha pedido y donde varios grupos parlamentarios han recortado sus aspiraciones para intentar conseguir unos papeles que esperan desde hace meses.
En este sentido, la Junta de Andalucía empezó hace una semana a enviar furgonetas con carpetas sin discriminar y prevé continuar hasta que lleguen las más de 40.000, con los 18.499 expedientes, para lo que ni siquiera hay espacio en el Parlamento de Andalucía, que tendría que habilitar caracolas para garantizar su guardia y custodia, teniendo en cuenta que son originales. Fue C's el grupo parlamentario que pidió todos los expedientes, mientras que el resto concretó su documentación.
De todas maneras, C's ha aceptado la posibilidad de afinar más en vista del caos que supondrá. Cosa que no ha hecho el PSOE-A, que prefiere alinearse con el empeño de la Junta de Andalucía de mandarlo todo, mientras que la oposición cree que el objetivo de “ahogar en papeles” a los comisionados. Por ello, los cuatro (PP-A, Podemos, C's e IU) ha acordado pedir que el Parlamento de Andalucía aclare que renuncian a esto en aras de conseguir que “venga a la mayor brevedad posible y en la forma que la comisión de investigación entiende que debe venir” la documentación pedida el pasado 4 de noviembre.
Por ello, se ha rechazado un escrito del PSOE-A que “disentía de la posición de los grupos parlamentarios de renunciar a alguna documentación”. De esta manera, se dará traslado de la decisión de la comisión al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, para que posteriormente la decisión se remita al Gobierno de Andalucía. “La comisión de investigación no quiere originales, quiere lo que ha pedido”, ha incidido Julio Díaz para aclarar que esto no supone que renuncien “en ningún momento” al universo de los expedientes.
