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La comisión de investigación de la formación aún no ha enviado la citación a los interventores aprobada hace 15 días

Julio Díaz (C's) preside la comisión de investigación de la formación.

Olga Granado

La decisión que había adoptado la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el fraude con las subvenciones para cursos de formación para el empleo de citar a los interventores los días 16, 18 y 19 de febrero no se ha cumplido, pese a que se aprobó por la mayoría que suman los grupos del PP-A, Podemos, C's e IU en dicho órgano el pasado 19 de enero. De hecho, para que se cumpliera el plazo de 15 días de antelación con el que deben ser convocados, la comunicación debía haber salido ya, y desde los servicios de prensa del Parlamento de Andalucía confirman que no ha sido así porque el orden y el calendario se fijarán la próxima semana. Esto significa que, en caso de que se decida empezar por el interventor general de la Junta de Andalucía y los ocho provinciales, no podrán ser citados antes de la última semana de febrero como pronto.

Cabe recordar que el PSOE-A estaba en contra de esta decisión que adoptaron los grupos de la oposición y amenazó con impugnarla. El caso es que se llegó a la última reunión de la comisión de investigación la pasada semana sin que se hubiera dado cumplimiento a este mandato. Es más, C's asumió el criterio del PSOE-A de incluirlos en el listado de 69 comparecientes aprobado el pasado 29 de enero y no convocarlos por separado como inicialmente se acordó. Entre otros motivos para no haberlo hecho, se alegó que no se habían detallado los nombres del interventor general -que por cierto dimitió el día después de conocerse que sería convocado- y ni de los ocho provinciales. También ha dimitido por cierto el alcalde de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, otro de los incluidos como administrador de la empresa El Paraíso SL este miércoles.

En este contexto, y con la mayoría de la oposición en pie de guerra por no haberse dado cumplimiento a una resolución adoptada en el seno de dicho órgano y por haberse aprobado la pasada semana, tras ocho horas de reunión, el listado de comparecientes sin fijar el orden y el calendario para llamarlos, hay nueva cita. Será el próximo 9 de febrero a las 17.00 horas, cuando la comisión de investigación con sus 10 miembros -dos por grupo- está convocada con el objetivo es establecer los turnos y enviar las citaciones a los comparecientes.

Para esto hay disparidad de criterios, más allá del referido de que el PP-A, Podemos e IU dan por hecho que los interventores deben estar ya citados. Por un lado, la intención de C's de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sea la primera en comparecer. Esto le evitaría, por un lado, que le coincidiera en el entorno de las primarias para la secretaría general del PSOE convocadas el 8 de mayo y el congreso dos semanas después. Pero sobre todo, según advierten tanto Podemos como el PP-A, le evitaría responder a cuestiones que puedan ser reveladas por comparecientes anteriores, como por ejemplo los interventores.

Sin embargo, C's le ha dado la vuelta a su propuesta y su portavoz parlamentario, Juan Marín, lo ha defendido como una manera de dar la cara la primera: “Si yo fuera presidente de la Junta de Andalucía, sería el primer interesado en comparecer”. El PSOE-A lo respeta, pese a que no se ha pronunciado sobre el orden y tampoco entiende que sea llamada porque no estaba en el poder en el periodo investigado (desde 2002, y la última convocatoria de subvenciones fue en 2011), mientras que el resto insiste en que hay un “consenso previo para que los primeros sean las interventores”.

También habrá debate a la hora de definir el orden del resto de intervenciones en un listado en el que de los 69 propuestos hay 33 cargos y excargos de la Junta de Andalucía. IU defiende que sea de menor a mayor responsabilidad e implicación, con el objetivo de poder interrogar a los últimos sobre la información que vaya revelándose paulatinamente. Eso sí, todos coinciden en que, teniendo en cuenta que hay que casar estas comparecencias con el calendario habitual del Parlamento de Andalucía, será complicado haber concluido en septiembre, cuando comenzará el siguiente periodo de sesiones y como se había barajado inicialmente, en una comisión de investigación constituida el pasado 1 de octubre.

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