La concertación social se somete a revisión en su peor momento por la sombra de la corrupción

Los sucesivos escándalos de corrupción se han llevado por delante a prácticamente todos los protagonistas de la concertación social en Andalucía, el modelo de negociación con los agentes económicos y sociales sobre el que se escriben los compromisos para generar riqueza y empleo en la comunidad autónoma. En 2014 toca actualizar este pacto, una vez que el VII Acuerdo de Concertación Social tiene de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

Le tocará firmarlo a la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, una vez que José Antonio Griñán dimitió erosionado por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; el líder de UGT-A Francisco Fernandez ha hecho lo propio por las facturas irregulares; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha decidido no volver a presentarse al cargo una vez que está imputado por el fraude de una promoción de viviendas protegidas no terminadas, proceso que ha arrastrado con él a la cúpula de la patronal. De los que firmaron ese último convenio, sólo continúa el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero.

La crisis en los interlocutores no es para la presidente, Susana Díaz, motivo para renunciar a esta fórmula, y de hecho, ha insistido en su voluntad de seguir contando con estos agentes, conscientes del papel clave que tienen. Pero, eso sí, ha recalcado la necesidad de “revisar todo el modelo”, no tanto por la cantidad de dudas que han caído sobre sus protagonistas, sino porque “hay cosas que no han funcionado”, fundamentalmente el objetivo principal: la generación de empleo en la comunidad autónoma. “Cuando hablaba de un nuevo modelo productivo, hablaba de no dar nada por sentado y de abrir la economía en canal, revisando todas las herramientas, entre ellas, la concertación social”, ha expresado la presidenta.

No descarta la inclusión de nuevos agentes en el diálogo. En concreto, los representantes de la economía social, algo que reivindica IU y que los sindicatos no ven con malos ojos, pero desde la CEA siempre han mostrado más recelos. Bien es cierto también que este año se ha firmado el llamado Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, donde han estado presentes.

Enero es el mes para recomponerse

De momento, en el calendario hay un par de citas que deberán marcar el cambio en dos agentes fundamentales para esta negociación. El 9 de enero, UGT-A tiene convocado un comité extraordinario donde el único punto del orden del día será analizar la situación generada tras la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contabilidad del sindicato, que de momento se han saldado con un proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lleva la jueza Mercedes Alaya, y el requerimiento de la Junta de Andalucía de que devuelva 1,8 millones de euros de subvenciones que no han sido debidamente justificadas. Y continúa la investigación en el seno de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por un total de 7,5 millones de euros en subvenciones que están siendo revisadas. También en enero, el 23, serán las elecciones a presidencia y vicepresidencia de la CEA. Tocará después lo más difícil: limpiar la imagen de estas organizaciones.

Con más de 128.000 millones de euros invertidos en el marco de los sucesivos planes de concertación, con vigencias de cuatro años, el balance es agridulce, según los interlocutores, que insisten en que no se puede echar por tierra esta fórmula, básicamente porque la comunidad autónoma sigue estando a la cabeza en las cifras del paro. Sin embargo, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, reconoce que el acuerdo que ahora expira “tiene más sombras que luces”. Es más, echa en falta “una evaluación de sus resultados por parte de la Junta de Andalucía, después de cuatro años”.

Por otra parte, el que es el único superviviente del pacto que ahora caduca reclama que no se use la excusa de la corrupción para rechazar esta vía de negociación.“Este diálogo es ahora más necesario que nunca, más en una comunidad autónoma con un millón y medio de parados. No conocemos las claves de ese nuevo modelo productivo que propugna la Junta de Andalucía, pero nosotros sí tenemos nuestras propuestas y las haremos llegar”, subraya, al tiempo que recuerda que para los sindicatos hay dos claves en la generación y reparto de la riqueza: la negociación colectiva, para la distribución entre los trabajadores, y la concertación social, para toda la sociedad.

Desde la CEA no quieren hablar de momento de concertación social, ya que se encuentran metidos en pleno proceso de renovación de su cúpula. Desde esta organización han apuntado que se tendrá que pronunciar la persona que vaya a dirigir la patronal y que todavía no está decidida, si bien la única candidatura formalizada hasta la fecha es la de Javier González de Lara, presidente de los empresarios de Málaga.

Con este panorama, el PP-A ha dejado claro que no lo va a poner fácil. Su vicesecretario general, José Luis Sanz, ha abogado también por un cambio sobre el modelo de concertación social vigente, aunque desde una perspectiva bien distinta. “No puede ser sólo una forma de repartir dinero a manos llenas a los agentes económicos sociales para taparles la boca”, ha dicho. Incluso ha ido más lejos al opinar que el modelo ha llevado a los casos de “fraude” y ha sido “un fracaso”.

El PP-A pide, además, que todos los agentes que han participado en la concertación social pasen por el Parlamento de Andalucía para que ofrezcan su opinión sobre cómo ha funcionado ese modelo y, a partir de ello, tomar decisiones y emprender uno nuevo. Cosa que el PSOE-A no está dispuesto a aceptar porque no quiere que la cámara se convierta “en una sala de vistas”.

En este contexto, el Gobierno de Andalucía se ha marcado el primer trimestre del año como clave para sentar las bases que conformarán el esqueleto del nuevo modelo. Eso pasará, entre otras cosas, por que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo reciba a los sindicatos. Como decía Francisco Carbonero, él mantuvo una conversación informal con el consejero, José Sánchez Maldonado, cuando este tomó posesión hace casi cuatro meses, pero desde entonces, nada.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este viernes que se ofrecerá toda la información sobre los resultados. “No quepa la menor duda de que cuando llegue el momento, se dará la información relativa a los acuerdos de concertación”, ha dicho.