Un juzgado eleva al Supremo el 'caso Tomares' por el aforamiento de José Luis Sanz

El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha resuelto elevar al Tribunal Supremo el denominado 'caso Tomares' por el cual se investiga la contratación del actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Tomares, el popular Juan Campos, quien habría trabajado para el Consistorio durante el pasado mandato para la elaboración de una serie de informes cuando aún no formaba parte de la corporación.

En la causa ya figura como imputado el concejal de Presidencia y a la vez secretario general del PP de Sevilla, Eloy Carmona. El alcalde de la localidad sevillana, el exsecretario general del PP-A José Luis Sanz, tiene condición de aforado como senador por Andalucía, motivo por el que el juzgado ha decidido elevar el caso ya que fue quien “suscribe la contratación” de un concejal investigado y el juez entiende que “no pudiendo eludirse su posible responsabilidad”, remiter el caso al Supremo, “órgano competente para ello”.

Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes referidos constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados a posteriori para justificar el dinero abonado a Juan Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público. El contrato fue formalizado en octubre de 2007 por un año “improrrogable”, pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

El auto del juzgado expone que los informes objeto de su contrato “fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año (...) con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”. A la hora de desgranar los hechos investigados durante la instrucción, la juez María de los Reyes Flores Canales concreta en este auto que las diligencias ponen de relieve que “los informes aportados por Campos ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas, pues se acredita la veracidad de la declaración de Bretones (técnico del Ayuntamiento), cuando afirma que Campos le pide que elabore informes para aportarlos, concluyendo el informe emitido al efecto por la Policía Científica que tales documentos fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año, si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que, en su caso, el señor Campos elaboró los informes que aporta”.

“Los indicios nos permiten concluir que (los informes) son creados a tal fin y en tales fechas en el año 2013, pues incluso lo que resulta adverado en el informe policial es que las fotografías que los ilustran no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores”, señala el auto, según el cual no queda acreditado que “Campos elaborase informe alguno” en el periodo en el que cobró del Ayuntamiento, toda vez que “no se esclarece qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas que emitía”.

Se llevaron dos ordenadores del Ayuntamiento

El pasado mes de enero, la Policía Judicial se llevó dos ordenadores del Ayuntamiento de Tomares por la denuncia interpuesta, en este mismo sentido, por la Fiscalía de Sevilla a cuenta de unas supuestas contrataciones irregulares suscritos por el Consistorio. El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos.

El Ayuntamiento, de su lado, defendía que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado. Después, el juez instructor imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

Una vez que el pasado 27 de marzo Eloy Carmona prestó nuevamente declaración como imputado, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a través de un auto de diez folios fechado el 30 de abril, ha resuelto inhibirse y elevar al Tribunal Supremo las actuaciones “dada la condición de aforado de José Luis Sanz” al ostentar un acta de senador por Andalucía, según ha informado a Europa Press el abogado que representa a los intereses de la concejal de IU-CA en esta causa. En el auto, según el letrado de IU-CA, el juzgado considera que “los informes que se presentaron y las imágenes se han confeccionado 'a posteriori' en algunos casos”.

En cualquier caso, y según este abogado, el auto señala la condición de aforado del alcalde de Tomares y resuelve que “procede remitir al Tribunal Supremo” las actuaciones porque dicho juzgado de Instrucción es “incompetente” en el caso de personas aforadas.

El auto será recurrido

Los concejales imputados recurrirán ante la Audiencia Provincial el auto, según han informado en un comunicado. “Desde el más escrupuloso respeto a las decisiones judiciales”, consideran que el auto en cuestión “presenta graves irregularidades”, por lo que solicitarán su “archivo”. “No podemos compartir los argumentos vertidos en el auto, ya que la instrucción aplicada hasta el momento por el juzgado pone de manifiesto que el Ayuntamiento siempre ha actuado correctamente, ha respetado la legalidad, que las contrataciones se han ajustado a derecho y no se ha defraudado dinero alguno del erario público”, esgrimen anunciando que “entendiendo que el auto presenta graves irregularidades”, los ediles del PP presentarán “un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla”.

Además, muestran su “más absoluta tranquilidad y plena confianza en la Justicia, porque quién no ha hecho nada ilegal, no tiene nada que temer”, por lo que esperan que este asunto “se resuelva lo antes posible y se proceda al archivo definitivo”.

Por su parte, la portavoz socialista del Ayuntamiento de Tomares, Cristina Pérez Gálvez, ha asegurado que la elevación del 'caso Tomares' al Supremo confirma “la implicación del alcalde en los casos de corrupción que se han denunciado” ya que “Sanz conocía todo lo que estaba sucediendo, sin descartar que fuera el artífice”.

Según los socialistas es “una situación grave que llega después de que el PSOE denunciara la retirada de documentación de esta situación por parte de la Policía impidiendo la labor de oposición”, por lo que “ahora el señor José Luis Sanz va a tener que dar ante el juez las explicaciones que no ha querido dar ante los vecinos y vecinas, ocultando todo lo que ha podido”.