La Fiscalía archiva las denuncias contra el obispo de Córdoba por LGBTfobia

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha ordenado el archivo de las denuncias presentadas contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por sus declaraciones en las que calificaba a la ideología de género como “una bomba atómica”.

Según han confirmado a eldiario.es/andalucia fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público ha tomado esta decisión basada en la doctrina de “proscripción de causas penales generales”, que achaca demasiada generalidad a las denuncias y que éstas no concreten un hecho punible concreto.

Cabe recordar que el obispo de Córdoba realizó unas declaraciones el pasado mes de agosto con las que se sumaba al malestar de los obispos de Getafe y Alcalá de Henares ante la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación aprobada en la Comunidad Autónoma de Madrid, invitando a su desobediencia. Fernández realizó entonces unas declaraciones asegurando que la ideología de género es “una bomba atómica” y señalaba que el escrito de sus homólogos de Getafe y Alcalá de Henares reflejaba la opinión que “compartimos todos los obispos”.

Días después, el 17 de agosto, un particular, Rafael Bueno Redondo, presentó una denuncia ante el fiscal contra el obispo de Córdoba por un posible delito “incitación al odio”, instando al Ministerio Público a considerar delitos las declaraciones “homófobas y vergonzantes” de Demetrio Fernández.

En el mismo sentido, el 26 de agosto, el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado, presentaba otra denuncia ante la Fiscalía contra el propio obispo al considerar que habría podido incurrir en un delito de odio con “la constante falta de respeto del obispo de Córdoba al colectivo LGBT, a través de sus declaraciones públicas”. Hurtado acompañó su denuncia de más de 2.000 firmas recogidas en la plataforma de internet change.org en apoyo a su iniciativa contra el obispo de Córdoba, que en declaraciones anteriores ha llegado a considerar públicamente la homosexualidad como “una plaga”.

Según la última reforma del Código Penal, el delito de incitación al odio y a la violencia prevé penas de hasta cuatro años de cárcel a quienes “distribuyan, difundan o vendan escritos” que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Ahora, ambas denuncias –que fueron aunadas por la Fiscalía Provincial de Córdoba- han sido finalmente archivadas.