Casi la cuarta parte de los menores viven por debajo del umbral de la pobreza en Andalucía
El 23,9% de los chicos y chicas menores de 16 años de Andalucía vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, lo que supone que casi una cuarta parte se encuentra en riesgo de pobreza. El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado en el Parlamento el informe anual de la institución, en el que destaca también que casi la mitad de las quejas presentadas han hecho referencia a materias educativas, principalmente a los procesos de escolarización.
Maeztu ha explicado en rueda de prensa que, en 2012, el umbral de pobreza en España se situó en 7.182,1 euros anuales por unidad de consumo y en Andalucía de 5.902 euros anuales por unidad de consumo. Es decir, para un hogar monoparental con dos menores, el umbral de pobreza en Andalucía es de 9.443,8 euros anuales, mientras que para una pareja y un menor es de 10.972,8 euros anuales, y para una pareja con tres menores es de 14.166 euros anuales.
Baja respecto a 2011
El porcentaje de 23,9% que recoge este último informe del Defensor del Menor es ligeramente inferior al registrado en 2011 (26,7%). La tasa de pobreza relativa de los menores de 16 años en 2012 es casi 5 puntos porcentuales más elevada que la de la población de todas las edades. Maeztu ha aludido a un “problema de fondo” relacionado con la “pobreza integral” entre los menores andaluces, y que redundan en otros ámbitos como la educación, la justicia, o la vivienda.
Ante ello, ha anunciado que está “negociando” con la Consejería de Presidencia y las organziaciones sociales del Tercer Sector establecer “una hoja de ruta común” para luchar contra la pobreza y hacer “un esfuerzo colectivo muy bien coordinado” entre administraciones y entidades privadas ante “la red de recursos desperdigados”. Maeztu, que no ha podido concretar cómo se articularán estos procedimientos, ha incidido en que el objetivo es ejecutar “medidas y respuestas concretas”, “que no sean aisladas”, para combatir la pobreza infantil, la pobreza energética, las “carencias graves en la alimentación”, etc. “Todo eso hay que coordinarlo”, ha enfatizado.
El problema de la trata y la “nueva cultura” de la mediación familiar
En el marco del informe en sí, que recoge las quejas tramitadas en materia de salud, educación, familia, sistema de protección, menores inmigrantes, menores con necesidades especiales, responsabilidad penal de menores, menores y medios de comunicación social, deportes, juego, etc., Maeztu ha querido destacar el tema de la trata de menores, “una gravísima amenaza” para los menores inmigrantes que pueden llegar a ser objeto de malos tratos físicos o psicológicos, víctimas de explotación sexual o sujetos a adopciones ilegales.
En este sentido ha lamentado la “especial situación de vulnerabilidad” de estos menores que exige un esfuerzo de todas las administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacional y autonómica. Maeztu ha incidido en el hecho de tener presente que se trata de “un negocio sumamente lucrativo” que mueve anualmente, en todas sus manifestaciones, entre 5 y 7 billones de dólares.
Asimismo, el Defensor ha destacado el nuevo panorama de la mediación familiar en Andalucía como “medio de solución pacífica” de los conflictos familiares y en los que se ven implicados los menores de edad, si bien le preocupa a la institución que este sistema de mediación, conforme a su actual configuración, no llegue a desplegar todas sus potencialidades. Maeztu ha lamentado que no esté interiorizada esta “nueva cultura” y ha anunciado que ya trabaja con la Fiscalía en un protocolo que pueda “potenciar” el sistema para “no judicializar” estos asuntos.
“Aún se está lejos de conseguir que las personas tengan interiorizado el recurso a la mediación antes que la vía directa de la solución judicial”, señala el Defensor, apostando de nuevo por “un esfuerzo informativo” para divulgar en que consiste la mediación, “la facilidad de acceso al servicio y las ventajas que entraña en detrimento de la solución judicial”. La mayor parte de las llamadas recibidas en el Teléfono del Menor se refirió a problemas derivados de litigios por rupturas familiares.
