La plantilla del SAE ha crecido un 60% en cinco años a golpe de sentencias
La plantilla del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha experimentado un incremento de más del 60% los últimos cinco años pasando de los 2.153 trabajadores de 2010 a 3.444 en estos momentos. Pero con un desequilibrio: hay casi tanto personal laboral propio heredero de la administración paralela (1.596) como funcionarios (934) y personal laboral (914) provenientes de convocatorias. Y la plantilla continuará creciendo. Por un lado, porque para funcionarios y personal laboral hay que completar la relación de puestos de trabajo (RPT). Y por otro, porque para el personal laboral propio debe culminar el proceso de integración de los consorcios escuela en el SAE y sumarse el que llegue por nuevas sentencias que declaren nulos los despidos de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE) y los exasesores laborales del plan Memta, y en este caso necesitarán un catálogo de puestos de trabajo donde se definan sueldos y funciones.
Esta entrada masiva de trabajadores como personal laboral propio ha hecho que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se encuentre con la complicada tarea de definir las tareas para todos ellos -con el citado catálogo de puestos de trabajo- porque también, paradójicamente, el cuerpo de funcionarios y personal laboral está por debajo de lo que debería cuando el organismo ha asumido, además, nuevas responsabilidades, como reconocen desde este departamento. Pero precisamente su reestructuración se ha visto complicada por la avalancha de personal laboral propio.
De hecho, la consejería “está en estos momentos elaborando” la RPT, donde habrá que abrir nuevos concursos públicos para incrementar esta parte de la plantilla. Y por otro lado, deberá definir el catálogo de puestos de trabajo para el personal laboral propio, pero todavía no sabe cuánto le queda por asumir porque hay sentencias que todavía no son firmes. En este contexto, estos datos, facilitados por la Secretaría General del SAE, reflejan que el organismo encargado de gestionar los recursos para desempleados en la comunidad autónoma, ha duplicado su plantilla desde que echó a rodar en 2003, cuando contaba con 1.633 trabajadores (1.098 funcionarios y 535 personal laboral y 0 personal laboral propio). Pero no responde a una planificación clara -porque por ejemplo tiene ahora menos funcionarios que entonces- sino que ha resultado de dar respuesta a situaciones que se han originado con posterioridad y en muchos casos de forma controvertida.
Es la entrada de este personal laboral propio la que además ha provocado las críticas de los sindicatos, que en muchos casos entienden que ha sido un coladero para enchufados porque están trabajando para la administración sin haber pasado por concursos públicos. En realidad ha entrado -y sigue entrando- por cuatro vías: por la integración en el SAE de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ya culminada; por el cumplimiento de sentencias de los ALPE que han sido declaradas nulas hasta el momento; por los exasesores laborales del Memta -no todos- que también hayan conseguido eso en los tribunales y que continúan en pugna; y por la incorporación de las plantillas de los consorcios escuela, que tampoco ha culminado todavía.
De fondo dos marcos que han propiciado esta situación: por un lado, las leyes de racionalización de las administraciones que han implicado la reducción de entes instrumentales, y por otro, los recortes del Gobierno de la Nación, que ha dejado de pagar programas en los que trabajaban estas personas cortando el grifo de las políticas activas de empleo. Su impacto en la plantilla del SAE se resume a continuación.
Integración de la Faffe: 1.137
Su disolución supuso la incorporación como personal laboral propio del SAE de un total de 1.137 de sus trabajadores, según datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, toda vez que su plantilla era mayor pero muchos renunciaron a este proceso. Pese a que ya hace cinco años que se aprobó, no se ha definido la tarea para estos trabajadores con el necesario catálogo de puestos de trabajo. Ha sido un camino tortuoso desde sus inicios, con dos años de litigio en los tribunales desde que en 2011 se aprobó el protocolo para su incorporación en cumplimiento de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía. Ese protocolo fue revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en respuesta a un recurso de varias asociaciones de empleados públicos que denunciaron que era instaurar el enchufismo. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) le dio la razón dos años después a la Junta de Andalucía y avaló la medida, por lo que ya integran la plantilla del SAE con pleno derecho.
Readmisión de ALPE: 74
Ese mismo protocolo establecía que el SAE asumía también las unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico (UTEDLT), pero la Junta de Andalucía no integró todo su personal, sino que despidió a 787 ALPE, muchos con una antigüedad desde 1995, y que todavía están pleiteando en los tribunales -de forma individual y colectiva- para que sus rescisiones de contrato se declaren nulas. La última cifra dada por la Junta de Andalucía de cumplimiento de sentencias de readmisión es de septiembre de 2015: 10 en Almería, 39 en Cádiz, 16 en Córdoba y 9 en Jaén. O sea, 74 ALPE, apenas un 10% del total en litigio, es ya personal laboral propio del SAE. En todo caso, la cifra -que la Junta de Andalucía no ha actualizado- ronda ya el centenar de readmitidos, lo que explica que el personal laboral propio llegue ya a los citados 1.596 empleados del SAE.
Integración de los consorcios escuela: 167
No han sido la integración de la Faffe y la readmisión de los ALPE las únicas vías para engordar la plantilla del SAE, sino que también ha crecido por otra decisión, que ha sido la incorporación de los consorcios escuela. Cuando se haya completado el proceso de integración de los 10 habrán supuesto 167 nuevos trabajadores para el organismo, en cumplimiento del decreto ley aprobado en septiembre de 2015 por el Consejo de Gobierno. De momento, falta por integrar los 12 de la escuela de hostelería de La Fonda, y los seis del CIO Mijas.
Readmisión de los Memta: 182
El SAE “lleva readmitidos a 182 trabajadores con sentencias por despido nulo” en el caso de los exasesores laborales del Memta, según ha confirmado el SAE. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con los ALPE, hay también despidos considerados procedentes e improcedentes, y en este último caso, la administración elige entre reincorporación o indemnización, a excepción de los sindicalistas que son ellos los que deciden. Este conflicto laboral proviene de las 413 personas contratadas de 2008 a 2013, hasta que se acabó la financiación para el programa. Su defensa habla de “fraude de ley”. En 2014, el TS dictó “múltiples sentencias reconociendo que los trabajadores tienen la condición de personal laboral indefinido no fijo de la Junta de Andalucía, al haberse celebrado los contratos de manera fraudulenta”.
En este contexto, el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha citado a declarar como investigados el 25 de febrero a Julio Samuel Coca, gerente del SAE y a su predecesor y actual director general de la agencia IDEA, Antonio González Marín, para tomarles declaración por un presunto delito de prevaricación, tras la denuncia presentada por 17 de los excontratados para el Memta por la “no readmisión de los trabajadores en los supuestos en los que se ha declarado nulo su despido”. El SAE entiende que la denuncia es “falsa” porque “no ha existido discriminación alguna en el trato dispensado”, y de hecho, emprenderá acciones legales contra ellos. Las mismas fuentes apuntan que de esos 17 denunciantes, “sólo tres han obtenido la nulidad, y de ellos, uno está incorporado y los otros dos están pendientes de que el juzgado despache la ejecución de la sentencia”.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, cree que en toda la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio “subyace una herencia envenenada que no ha querido o no ha sabido atajar la presidenta de Andalucía, Susana Díaz”. En su opinión, “hay un déficit estructural en la plantilla del SAE que durante muchos años que ha perjudicado a trabajadores porque la mitad de las plazas de la RPT están sin cubrir porque la Junta de Andalucía, que tiene competencias, ha decidido gastarse el dinero en la administración paralela”. Finalmente, ha criticado también que los directores generales del ramo tengan que estar “más preocupados por los asuntos judiciales que por crear empleo y por formar a los parados de esta comunidad autónoma que es la que tiene más paro de toda Europa”.
