El juez llama a declarar como investigados en el caso ERE a Chaves y Griñán
El juzgado que instruye el caso de los ERE ha llamado a declarar como investigados, antes imputados, a los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza relativa al procedimiento creado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas a las empresas. Ambos declararon el pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo, primero Griñán y cinco días después Chaves, y el 25 de junio se les imputó un delito de prevaricación. Poco después renunciaron a sus escaños.
Los expresidentes, cuya declaración había sido solicitada hace algo más de un mes por la Fiscalía Anticorrupción, han sido citados el próximo 16 de marzo junto al exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera. “Es necesario que sean oídos, en calidad de investigados, aquellas personas que hasta el dictado del auto de 17 de noviembre de 2015 no habían sido oídas” en el seno de las diligencias que se siguen en el juzgado sevillano, dice la providencia judicial.
De esta pieza del caso ERE se encarga el magistrado Álvaro Martín, un juez conservador que está considerado el “delfín” de la exinstructora de la causa, Mercedes Alaya. Ante él han sido citados, el miércoles 16 de marzo, Chaves a las 10.00 horas, Griñán a las 11.00 horas y Viera a las 12.00 horas. Además, para el 30 de marzo también han sido citados tres exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo (10:00), Antonio Ávila (11:00) y a Gaspar Zarrías (12:00).
La jueza que instruye la causa de los ERE, María Núñez Bolaños, entendió al abrir esta pieza separada sobre el denominado 'procedimiento específico' que “pudieran ser penalmente responsables” tanto los dirigentes que han declarado ya en el Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como los que fueron pasando por el despacho de la jueza Alaya durante toda la instrucción y que no eran aforados como los anteriores.
Cuando la jueza habla de la pieza del 'procedimiento específico' se refiere a que presuntamente se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención General y cuyos pagos sólo estaban sujetos a fiscalización con posterioridad. Dicho procedimiento tendría tres variantes en virtud de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el entonces IFA, del convenio marco de 17 de Julio de 2001 igualmente entre la Consejería y el IFA, y la encomienda de gestión de 2010.
Los hechos que resultan de esta pieza, según aquel auto, “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”, dijo la jueza, que no hizo alusión a la supuesta malversación de la que el Supremo exculpó a los expresidentes aunque no a José Antonio Viera.
