El Parlamento de Andalucía destituye a un adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz por el falso desnudo de Teresa Rodríguez
El Parlamento de Andalucía ha decidido este miércoles con los votos del PSOE-A, Podemos, C's e IU, mientras que el PP-A se ha abstenido, la destitución de Carlos del Barco, adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a propuesta de los populares, después de que se haya iniciado en los tribunales una investigación contra él por la supuesta filtración de la identidad de una mujer cuya fotografía desnuda fue distribuida en redes sociales haciendo creer que era la secretaria general de Podemos en la comunidad autónoma, Teresa Rodríguez, con la que guarda cierto parecido. La destitución se produce después de que se haya conocido también este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido continuar con la causa contra él toda vez que le correspondería por la condición de aforado del adjunto.
Cabe recordar que hace poco más de un año la mujer, cuya fotografía se distribuyó masivamente para minar la credibilidad de Teresa Rodríguez cuando optaba a presidir la Junta de Andalucía, presentó una queja en el Defensor del Pueblo Andaluz porque se sentía desamparada por la repercusión que su imagen estaba teniendo. Un mes después, se conoció que un medio de comunicación se puso en contacto con la denunciante, toda vez que desde la defensoría se filtró su nombre y correo electrónico, lo que provocó otra queja de la víctima.
El Defensor del Pueblo Andaluz inició una investigación a nivel interno, cuyos resultados elevó a la Fiscalía de Sevilla, que determinó que se podía haber producido un delito de revelación de secretos, después de que la policía revisara los ordenadores para ver de dónde se había enviado el correo electrónico a la prensa con los datos de la mujer. El propio Jesús Maeztu ha pedido en comisión parlamentaria la destitución “por pérdida de confianza”, independientemente de lo que decidan los tribunales. Ha lamentado “profundamente” tener que verse en esta situación porque se “está tocando la columna vertebral” de la institución que preside cuando se pone en riesgo la intimidad de los ciudadanos.
El PP-A, por su parte, ha censurado que no se haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el afectado a la comisión parlamentaria. Su diputado Félix Romero entiende que no corresponde proceder a su destitución mientras no resuelvan los tribunales. Ha censurado incluso que se inicien este “procedimiento administrativo” contra él, cuando ya hay uno en los tribunales. Sin embargo, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha negado que sea “un procedimiento administrativo” y ha dicho que es “un hecho político”.
En todo caso, el popular ha insistido en que no debería haber tenido lugar esta sesión porque podría “influir” en el proceso en los tribunales. Igual que ha criticado que “las imputaciones no son una condena pero aquí se tratan como tal”. Si bien ha calificado de “deleznable” lo ocurrido, ha dicho que mientras no haya una condena no son partidarios de pronunciarse. Si fuera condenado, en cambio, serían “los primeros” en pedir que se fuera.
“No estoy ejerciendo el derecho sancionador, sino que estoy hablando de una pérdida de confianza”, le ha replicado por su parte Jesús Maeztu, quien cree que “ya no es idóneo” para el puesto tras este “presunto delito”. En la misma línea, ha negado que haya “ningún componente personal” en esta propuesta, que se ha tenido que “pensar 20 veces”. Es más, ha hecho referencia a “otros hechos”, que no ha querido mencionar, para incidir en que en la institución “no se podía continuar con esta situación”, insinuando que ya había habido otras quejas en el mismo sentido. Hubiera procedido igual “fuera el adjunto que fuera”.
El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha valorado que pese a la gravedad de los hechos se ha sido “muy prudentes” desde la defensoría. Sobre el escrito presentado por Carlos del Barco cree que “no procede paralizar la destitución”. Ha aprovechado para lamentar también este episodio en la institución “más valorada por los andaluces”, máxime “cuando fue tremendamente noticiable porque se veía tangencialmente vinculada la líder de Podemos”. Igual que ha lamentado “un proceder que lastra a la democracia (...) y es el enrocamiento de cargos públicos ante estos hechos”.
Marta Bosquet, de C's, ha hecho alusión a las “líneas rojas que no deben ser traspasadas en ningún momento”, como cree que ha ocurrido. “Cuando se trata de un asunto estrictamente privado que ha trascendido a la opinión pública, implica una falta de confianza absoluta en el responsable de que esto haya sucedido”, ha comentado, pese a que respete la presunción de inocencia del cargo público. Por ello, ha justificado su respaldo a que sea apartado de su puesto.
En términos parecidos se ha expresado Juan Moreno Yagüe (Podemos) quien ha recordado que es potestad del Defensor del Pueblo de Andalucía nombrar y destituir, “lógicamente no de manera arbitraria”, a sus adjuntos, y ha compartido sus razones para no querer continuar con esta persona.
También el PSOE-A ha compartido los razonamientos del defensor por la existencia de un “presunta irregularidad”. Ha calificado de “mucha gravedad” los hechos, que han conllevado “la apertura de diligencias” en los tribunales. Con independencia de que tengan que resolver los tribunales todavía, dado que fueron los grupos del Parlamento de Andalucía los que le dieron su confianza en su día a Carlos del Barco, deben responder por unos hechos que afectan a la “credibilidad, prestigio e imagen” de la institución.
