La demanda de un plan especial de empleo se instala en el debate político como arma arrojadiza
El Gobierno de Andalucía y la oposición coinciden en que el empleo es la prioridad en la comunidad autónoma con mayor tasa de paro del país (por encima del 36%), pero no hay consenso ni siquiera a la hora de buscar las herramientas para combatirlo. Ni tampoco parece que haya voluntad por disimularlo, dado que el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, llegó a manifestar hace unos días en una entrevista en Canal Sur Radio que no entendía por qué la Junta de Andalucía reclamaba ahora al Gobierno de España un plan especial de empleo cuando no lo había hecho nunca. Falso. La Junta de Andalucía lo lleva pidiendo desde julio de 2012, todavía con José Antonio Griñán de presidente, y Antonio Ávila como consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
“Jamás el Gobierno de Andalucía ha pedido un plan extraordinario de empleo, cuando lo han tenido Canarias y hasta cinco comunidades autónomas y qué casualidad que ahora, en el año 2014, cuando no hay ninguna, lo pida”, declaró el líder de los populares a la emisora. Pero basta por ejemplo con recordar cómo, también el pasado verano, el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, y Antonio Ávila reclamaban en una reunión a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que equiparara a Andalucía con Canarias y Extremadura, en referencia a los programas de los que estas dos autonomías han disfrutado con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Es petición que no ha recibido contestación y que se ha reiterado en varias ocasiones”, recuerdan desde la Junta de Andalucía.
Fátima Báñez recordaba esta semana en el Congreso de los Diputados que ninguna comunidad autónoma tiene ahora un plan especial de empleo. Insistía en que “prioridad” del Gobierno en Andalucía y en España “es el empleo” y por eso se ha aprobado la reforma laboral, que permite “la flexibilidad y modernización de la negociación colectiva” y que “ha permitido salvar muchos empleos en Andalucía durante la recesión”. Paralelamente, aprovechaba para pedir a la Junta de Andalucía y al PSOE que expliquen “qué hace” con los recursos para el empleo y por qué “dejó sin ejecutar un 45% de los presupuestos en esta materia”, es decir 196 millones de euros, o “la mayoría de lo que corresponde a formación”.
Con un recorte de 400 millones de euros a Andalucía en políticas activas de empleo desde 2012 en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la comunidad autónoma, que tiene estas competencias pero no las pasivas, exige que el Gobierno de España ponga de su parte para combatir las elevadas cifras de paro en la comunidad autónoma. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo exponen que uno de los argumentos que en su día esgrimió Madrid para negar estos programas es que no se han justificado debidamente las inversiones anteriores en la materia, pero se ha hecho y consta en sucesivas respuestas parlamentarias. En concreto, la comunidad autónoma ha tenido desde 2008 y hasta 2011 -con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- dos programas de este tipo en los PGE: el Plan Integral de Empleo Bahía de Cádiz, dotado con 65,5 millones de euros en tres anualidades, y el Plan Activa Jaén, con 11 millones de euros.
Un modelo que se ha exfumado en el peor momento
En este periodo, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha compartieron con Andalucía la presencia en los PGE de planes especiales de empleo. Sin embargo, en 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social recortó un 57% los fondos para políticas activas de empleo que distribuye entre las comunidades autónomas y limitó sólo a Extremadura y Canarias los planes integrales de empleo para hacerlos desaparecer definitivamente en los PGE de 2014. No obstante, el Gobierno de Andalucía entiende que es necesario recuperar la fórmula especialmente en un contexto tan complicado como el presente, con 1.446.600 desempleados según los últimos datos.
De momento, lo que hay es un tira y afloja entre el Gobierno de Andalucía, por un lado, y un PP-A que cierra filas fielmente con las políticas de Mariano Rajoy, por otro. De hecho, se veía esta semana en la reunión que han mantenido la presidenta, Susana Díaz, con el líder de la oposición, Juan Manuel Moreno, el primero que mantenían los dos.
Mientras Susana Díaz exigía un compromiso del jefe de los populares en la exigencia de un plan especial de empleo en Madrid, Juan Manuel Moreno dejaba claro que no comparte esta demanda. Sí le presentaba un documento en el que recuerda que “la principal responsabilidad” de la situación recae sobre el PSOE-A, porque “ha gobernado esta tierra durante más de 30 años, sin conseguir alcanzar jamás los objetivos de empleo que exige el Estatuto de Autonomía”. También otorga parte de la culpa a de IU, tras dos años en el poder, e incluso asume la implicación de los populares “como la fuerza más votada” para salir de la situación. La oposición propone por ello un Pacto por el Empleo que involucre al Gobierno de Andalucía pero también a los partidos, a los agentes sociales y económicos, a las administraciones locales y al llamado tercer sector. De un plan especial de empleo en los PGE, nada de nada.
