Un pueblo andaluz, primero en denunciar crímenes franquistas al Consulado argentino

Un bebé arrojado a una fosa. Una menor violada y asesinada a tiros. Y, al menos, otros 119 ejecutados. Así arranca el relato que el terror franquista dejó escrito en El Coronil (Sevilla). Como en tantas plazas. Crímenes por resolver que el Ayuntamiento local ha denunciado ante el Consulado argentino en Cádiz para que formen parte de la investigación por genocidio denominada Querella Argentina. Es el primer pueblo de España que da este paso.

Pamplona abrió la espita de las querellas de ayuntamientos españoles y acudió a la justicia nacional, igual caso que las instituciones alavesas al presentar una querella por la “matanza” del 3 de marzo de 1976. Ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia planearon sus propias denuncias y otros firmaron manifiestos o aprobaron mociones (simbólicas) de adhesión a la Causa 4591/10 que cursa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires, República Argentina por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El Coronil es el primero en usar la vía consular. “Aparte de la declaración testimonial de hijos y nietos y de organizaciones de familias de víctimas, como representante oficial de un Ayuntamiento sí es la primera vez”, confirman fuentes del Consulado argentino. Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) ratifican el carácter pionero de la iniciativa.

La petición espera que la justicia argentina “ordene proceder a la comprobación de los hechos objeto de la denuncia, así como de todas las circunstancias relatadas”. Una “copia certificada” del testimonio y “toda la documentación que se haya aportado como prueba” será enviada al tribunal bonaerense a cargo de la jueza María Servini de Cubría a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país austral.

Sevilla y provincia, ejemplo del terror franquista

“Presentamos la denuncia como Ayuntamiento por las personas asesinadas, como apoyo a los ciudadanos afectados y porque como institución es un deber defender los derechos humanos”, resume Irene Lara, concejal de Derechos, Libertades y Memoria Histórica. “La represión fue de tal magnitud que la institución máxima del pueblo tenía que presentarse”, apunta Antonio Manuel Mateos, presidente de la asociación memorialista de El Coronil, de la que parte la iniciativa, y miembro del grupo regional de Memoria Histórica del PSOE de Andalucía. “Es la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo y, o aprovechamos esta oportunidad, o quizás no tengamos otra nunca más”, sentencia.

La entrada a sangre y fuego de las tropas rebeldes en El Coronil dejó escenas dantescas. Más allá de los 121 asesinatos registrados con nombre y apellidos, hay desaparecidos, mujeres vejadas, familias rotas, encarcelados… Todo aparece en el informe que acompaña una denuncia que busca justicia a miles de kilómetros de distancia en el único procedimiento abierto en el mundo contra el franquismo y que sufre el boicot de España.

Historias de malaventura que calcan el terror fundacional del régimen franquista como herramienta para vestir de luto, por sistema, el suroeste de España. Justo allí donde el estallido golpista triunfa desde el mismo 18 de julio de 1936 y la aniquilación del adversario político y social es la vía, entienden los rebeldes, que paralizará al resto del país.

Sevilla y su provincia serán el paradigma de la barbarie: casi 13.500 víctimas documentadas según la investigación del historiador José María García Márquez, como recoge el texto de la denuncia. En El Coronil el número total de víctimas de la represión alcanza varios centenares, como aporta el investigador local Francisco de Paula Galbarro.

La cifra de la ignominia arranca en los 121 ejecutados. Entre ellos “una niña de 16 años que también fue violada por los falangistas del pueblo que la detuvieron y un niño de pocas semanas”, describe el texto que aporta el Ayuntamiento de El Coronil a la causa contra el franquismo. Siguen decenas de fallecidos “en circunstancias no aclaradas”, 14 desaparecidos, 150 condenados a penas de cárcel, “familias a las que se confiscaron todos sus bienes”, “tres personas escondidas como 'topos' temiendo por su vida, una de ellas hasta diez años oculta” y “11 mujeres rapadas y obligadas a tomar purgantes”.

“La reparación no se ha llevado a cabo en este país”

Y todo el dolor, a 80 años de la guerra civil, permanece sepultado. Como en la fosa común del cementerio municipal. “La reparación no se ha llevado a cabo en este país y pretendemos contribuir en ese punto”, refiere Irene Lara. Idéntica intención que mueve, dice, “a que tengamos los trabajos muy avanzados para que en un futuro esperemos no muy lejano podamos abrir la fosa y que a esas personas sus familias les den una sepultura digna”. “Esto cerraría el círculo”, apunta.

Se da el caso de que entre los ejecutados por los rebeldes en el pueblo hay tres cargos públicos elegidos de forma democrática. “Tres concejales de este Ayuntamiento”, dicta la denuncia: Juan Algarín Lara (42 años), “minusválido de las dos piernas”, Francisco Rodríguez Rodríguez (37 años) y Francisco Morales Mena (52 años).

Algarín y Rodríguez serían los primeros muertos a balazos por golpistas en El Coronil. Junto a 12 paisanos, alineados ante la tapia del camposanto. Corría la madrugada del 12 al 13 de agosto del 36. Y el pueblo despertaba a una trágica sucesión de sueños truncados.

El Ayuntamiento presenta ahora una denuncia “contra los responsables de la represión y la violación de derechos humanos sufrida por sus vecinos”. Y subraya “la situación de desamparo en que se encuentran las víctimas del genocidio” y la “impunidad” que cubre delitos “calificados en la normativa internacional como crímenes contra la humanidad”.

El Estado español, precisan, no ofrece “ningún tipo de reparación” ni investiga los crímenes franquistas, como afean organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa y entidades como Amnistía Internacional. Una situación que afecta “a todo el entramado social damnificado por la falta de justicia”. El texto de denuncia va firmado por la alcaldesa local, María Isabel Gómez, de Ganemos El Coronil, en una actuación respaldada en pleno por el resto de grupos políticos de la corporación: PSOE y Movimiento Alternativo de Izquierdas (MAI). El “decidido apoyo” a la causa “contra los crímenes del franquismo” llega del convencimiento, sostienen, de que el paso “constituirá un sustancial aporte para poner fin a la impunidad y conquistar la verdad y la justicia que nos es debida”.