El desalojo del centro ocupa 'Casas Viejas' de Sevilla llega a juicio siete años después

29 de noviembre de 2007. Orden judicial de desahucio del Centro Social Ocupado y Autogestionado 'Casas Viejas', en la calle Aniceto Sáenz de Sevilla. Puertas bloqueadas y fuertemente aseguradas. Una galería subterránea construida por los ocupas en el subsuelo del inmueble y una puerta blindada impedían el acceso de policías y bomberos. El desalojo final y la concentración de apoyo se saldó con algunas identificaciones. Casi siete años después, diez activistas se enfrentan en un juicio a condenas de entre 8 meses y un año de cárcel por delitos de desobediencia grave y desórdenes públicos, según pide la Fiscalía.

El Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla celebra los días 16 y 18 de septiembre la vista. Casi siete años atrás, cuatro de los ocupas se encadenaron en el centro y otros dos se ataron a tubos de hormigón en el zulo que habían construido, que estaba sujeto con traviesas de madera en el techo. Los bomberos, que observaron “un riesgo grave de derrumbe del habitáculo y de aplastamiento de los que allí se encontraban”, decidieron entonces apuntalar el lugar. Mentras, los agentes tuvieron que inmovilizar a seis de los hoy acusados, “dado el gran estado de agitación que presentaban y las amenazas que proferían de derrumbar los puntales”, dice la fiscal en su escrito.

Mientras se procedía al intento de desalojo, que concluyó definitivamente al día siguiente, aproximadamente un centenar de personas cortaron el tráfico de calles aledañas, “desobedeciendo las órdenes de la Policía de regresar a las aceras”, incluso algunos de ellos “respondieron con agresiones físicas” y “participaron en destrozos de mobiliario urbano”, según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación. Las versiones de unos y otros, las pruebas, las testificales, etc. se verán en el juicio, pero la historia y trayectoria de este centro ocupa fue bastante menos efímera que aquel desalojo.

El centro fue ocupado en octubre del 2001, el mismo año en que se consituyó la Plataforma para la Defensa de la Casa del Pumarejo, una de las cunas de la lucha vecinal en la capital hispalense, próxima a Casas Viejas. Desde este centro se logró la difusión de la ocupación como herramienta de lucha en Sevilla, propiciando un modelo diferente al que reinaba en movimientos similares. “Hasta entonces las diferentes ocupaciones no habían sabido hegemonizar con su discurso y con sus prácticas a un sector importante de la juventud, que se veía reflejada en el modelo cultural alternativo y político que desarrollaban los colectivos que gestionaban aquel inmueble”, apunta Luis de los Santos, abogado del Grupo 17 de Marzo, que ejerce la defensa de los acusados.

“Una multitud heterogénea aglutinada en torno a un inmueble”

A su juicio, con 'Casas Viejas' “se produjo un giro de 180º en lo anterior”. “Junto al discurso clásico de más espacios 'liberados', se lanzaban nuevos vectores comunicacionales que supieron aglutinar muchos otros vecinos en torno a temas como la especulación urbanística, los espacios públicos, el apoyo mutuo, y la fallidas políticas municipales de participación ciudadana que arrastraban entonces el PP y el gobierno municipal de PSOE-IU”, recuerda el letrado, que remarca lo diverso de un lugar transitado habitualmente por “personas mayores, jóvenes, niños, una multitud heterogénea aglutinada en torno a un inmueble”.

“El desalojo de Casas Viejas no supuso únicamente un fracaso de la izquierda institucional que gobernaba entonces, fue un fracaso de un modelo de ciudad que estaba a espaldas de la mayoria social”, señala De los Santos, que lamenta que “el poder económico, político y judicial utilizó todo su aparato punitivo de castigo para criminalizar a personas que ya entonces denunciaban lo que hoy está ocurriendo: corrupción, impunidad, especulación urbanísitca, un modelo político contra el ciudadano y contra el disidente, es decir, con eso que hoy llamamos la mayoría social”.

Según asegura, “a través de una acción de desobediencia no violenta fueron la avanzadilla de las acciones de autotutela que hoy realizan los ciudadanos, como por ejemplo parar una orden judicial de desahucio”. “Y no solo eso, la denuncia por torturas que efectuó Agustín Toranzo se estudia hoy en algunas universidades españolas y latinoamericanas, calificando la revista internacional cientifica Torture los actos cometidos contra su persona como torturas”, una cuestión que fue rechazada en los ámbitos judiciales de Sevilla y que actualmente está en estudio por el Tribunal Europeo de Derechos humanos.

De los Santos se refiere a la multa de 6.000 euros y a la indemnización de 1.200 euros a las que fue condenado en febrero de 2012 por un delito de calumnias al acusar de torturas a la Policía Nacional que lo desalojó del edificio. “El desalojo produjo una explosión, supongo que no deseada por los poderes de la ciudad, de jóvenes preparados que se entremezclaron con los movimientos sociales de la ciudad y con asociaciones vecinales y sindicales”, según concluye el abogado.