Repolitizarnos junto a los movimientos sociales para defender la cooperación

El debate interno entre las Organizaciones no gubernamentales de Cooperación de Desarrollo (ONGD) es vivísimo.

Se configuran dos vías de acción alternativas: Una que, bajo la enorme presión que supone la falta de recursos económicos, desconfía de la acción política de la Junta de Andalucía centrando sus reivindicaciones en el pago de las deudas acumuladas por la Junta; y en su análisis en el mecanismo de reparto de las ayudas futuras entre las organizaciones, en un esfuerzo por asegurar la supervivencia del mayor número de ellas con los recursos menguantes.

Una segunda, también vigilante de los compromisos asumidos por la Junta en materia de cooperación, pero cuyo principal énfasis se sitúa en la repolitización de la cooperación para el desarrollo. Aboga por situar su acción al lado de los movimientos sociales, para hacer de esta una herramienta verdadera al servicio de la internacionalización de la lucha por las políticas públicas y los derechos sociales. Y ello, subrayando que esas políticas han sido puestas en cuestión también en nuestra sociedad, por lo que la cooperación también deberá ser una herramienta para su protección.

Desde esta segunda óptica, la coyuntura de crisis en la cooperación al desarrollo abriría en Andalucía una oportunidad inmejorable para hacer una revisión crítica de la misma, borrar lo inservible para el momento político actual y futuro, y construir nuevos modelos de cooperación.

Abordar este segundo camino supone un posicionamiento político, no tan solo de las organizaciones sino también de las personas que las forman, y supone un cambio en la forma de trabajar. Implica actuar, no desde un campo exclusivamente técnico, sino también desde lo político. Un ámbito donde los equipos técnicos no siempre se sienten cómodos, y donde a menudo no desean participar. Un ámbito en el que la ONGD mira decididamente hacia fuera, en busca de la reconexión con una base social crítica y concienciada, y no exclusivamente a su mera supervivencia e intereses.

¿Cómo se posiciona un movimiento ciudadano cuyo origen es una demanda de mayor solidaridad y justicia social con los países empobrecidos, construido sobre la base de un objetivo político ampliamente compartido, el 0’7, a veinte años de su origen y en un contexto de retroceso de los derechos sociales y políticos en España?

¿Qué ocurre cuando ese movimiento social se ha transformado en una amplia gama de ONGD, altamente tecnificadas en su esfuerzo por responder a las exigencias técnicas y administrativas de la gestión de ayudas públicas, a costa de la flexibilidad de y la porosidad que exige la acción concertada de los movimientos ciudadanos y de trabajadores/as?

¿Qué ocurre cuando en Andalucía este colectivo de ONGD se enfrenta a un escenario político de difícil lectura, en el que un gobierno formado por una coalición de izquierdas se ve enfrentado a restricciones presupuestarias, limitada liquidez y exigencias de recortes por parte de la administración central?

¿Cómo se posiciona un colectivo multiforme e ideológicamente diverso ante una política autonómica que se sitúa en la defensa de las políticas públicas y los servicios sociales, pero cuya defensa de la cooperación al desarrollo es una prioridad de segundo orden, expresada además con sordina ante el temor a las críticas de la derecha?

Tras escasamente 30 años de experiencia en la cooperación al desarrollo en España, se plantea desde las instituciones que la cooperación al desarrollo sea una de las primeras partidas a recortar. Con el objetivo de disminuir el déficit a toda costa, aun si este recorte sitúa a la cooperación al borde de su desaparición. A cuatro años del inicio de los recortes, resulta patente la intención política de eliminar completamente los fondos de cooperación para el desarrollo, escamoteando de este modo el compromiso ético y político con los pueblos empobrecidos históricamente, y defraudando igualmente la apuesta de la sociedad española por la justicia social y los Derechos Humanos individuales y colectivos.

Conviene recordar que, aún en tiempo de crisis, y de acuerdo con el más reciente eurobarómetro, el 88 % de los españoles sigue apoyando las políticas de ayuda al desarrollo frente al 85 % de la media europea). Estas medidas de recorte dejan por tanto en evidencia a una clase política que nunca entendió la cooperación como una política pública, ni la solidaridad como compromiso, sino, en el mejor de los casos, como una labor bienintencionada en años de especial abundancia.

Andalucía no se ha librado enteramente de esta lógica, y la Junta ha encadenado recortes proporcionalmente muy superiores a la reducción media de otras partidas de su presupuesto. Con ello ha provocado un significativo retroceso de los recursos destinados a la cooperación internacional, y ha convertido el objetivo del 0’7% en poco menos que una quimera. Sin ir más lejos, en 2012 el Gobierno saliente aprobó recortes sobre el presupuesto aprobado para ayuda al desarrollo que implicaban la práctica eliminación de esta política pública en Andalucía. Poco pareció importar que el año anterior el trabajo conjunto entre las ONGD andaluzas y comunidades y organizaciones del Sur mejorase las condiciones de vida de 12,5 millones de personas de 70 países.

Pero a un gobierno autonómico le sucede otro, que en circunstancias dramáticas se erige como laboratorio de políticas públicas progresistas. Responsable ante la sociedad de demostrar que existen alternativas al pensamiento único dominante en el resto del territorio español, que sólo concibe el recorte del déficit a costa de los derechos sociales y laborales. Un gobierno que se ve a sí mismo como firme defensor de las políticas públicas y sociales que constituyen los cimientos de una sociedad más justa e igualitaria: la salud, la educación, la dependencia y sí, aunque con menor énfasis, también la cooperación al desarrollo, que se situaría en 2013 en la senda de la recuperación en términos presupuestarios.

Esta renovada defensa de las políticas públicas desde Andalucía, esta repolitización de la acción pública desde una óptica progresista que en el pasado no siempre fue tan nítida, ha provocado una situación de enfrentamiento y bloqueo con el Gobierno Central, que ha devenido en intento de muerte por asfixia económica de la experiencia andaluza. La liquidez no llega, los pagos a escuelas infantiles, ayudas a la dependencia, a colectivos de inmigrantes, al tejido productivo, proveedores, a los sindicatos, y a las ONG de desarrollo quedan paralizados o se hacen con cuentagotas, provocando el colapso de entidades, los despidos, cierres de sedes, paralizaciones de proyectos, etc. Y cuando finalmente llega liquidez adicional, esta viene sujeta a exigencias inaceptables y lastrada por intereses usureros. En este contexto, la precaria supervivencia de las ONG es una sucesión de despidos colectivos, paralizaciones de proyectos, cierres de sede, etc. que generan un sustrato rico para alimentar la tensión y el conflicto con la Administración Autonómica.

La derecha mediática comprende además la situación, y en el caso de la cooperación al desarrollo aviva el fuego introduciendo machaconamente un falso silogismo en un discurso maniqueo que pretende enfrentar a los pobres de aquí con los de los países del Sur, como si la única manera de atender a las personas y colectivos más vulnerables en Andalucía fuera sustrayendo recursos de la cooperación internacional. En palabras de Antonio Burgos en el ABC, las ayudas aprobadas por la Junta en materia de cooperación al desarrollo son “una especie de Domund sin Dios con el que espurrean por el mundo, para sospechosos e increíbles proyectos, ese dinero nuestro que aquí haría tantísima falta en los comedores sociales. Como si Andalucía no siguiera siendo el Tercer Mundo de Europa, hala, a tirarlos...”. Como si la única respuesta posible a la creciente pobreza en España, por otra parte, fuera los comedores sociales y no la educación, la sanidad, las políticas de inclusión y de dependencia, y las de estímulo económico, entre otras.

¿Qué camino tomaremos las ONGD en Andalucía? ¿Cuál será nuestra respuesta para defender el compromiso de la sociedad con la cooperación entendida como una política pública indispensable?