La escasa convicción por el modelo ecológico

La superficie, el número de productores, el volumen de facturación del sector ecológico crece a buen ritmo. Al menos es ese el mensaje dominante. Ahora bien, debemos siempre reflexionar si nos sentimos satisfechos, si cada uno de los agentes sociales, públicos y privados estamos haciendo lo suficiente y necesario para que el modelo de producción y consumo ecológico ocupe el lugar económico y social que debería. El modelo agroecológico es el único que da respuesta a los retos del siglo XXI, pero aún no ocupa el lugar en la sociedad que debiera.

El consumo de productos certificados como ecológicos sigue siendo demasiado reducido, la superficie cultivada, el número de productores, transformadores y comercializadores, tiene que seguir creciendo de manera significativa. Según los últimos datos publicados, en el Estado español 1.968.570 hectáreas están en producción ecológica, 37.870 operadores trabajan en el sector, 34.679 como productores primarios, 3.492 como transformadores y comercializadores.

La Fundación Savia ha dirigido diversos informes a las administraciones públicas solicitando que fijemos como objetivo común para el año 2030 que el 30% de la superficie, la producción y el consumo sea con criterios ecológicos. Y aún a algunos les resulta muy ambicioso. Mínimo exigible diría yo, tenemos que revisar nuestras escalas y varas de medir.

Es una cuestión que va más allá de la propia salud. Apostar por el modelo ecológico es asumir una responsabilidad propia y con el futuro, es ser honestos con nosotros mismos, con el prójimo y con las generaciones futuras.

Ahora no la estamos asumiendo. No existen políticas públicas transversales que reflejen una convicción por el modelo. Es por eso por lo que vemos que no existe una apuesta clara por la compra pública responsable, que recoja criterios de sostenibilidad y proximidad, no se impulsa de manera decidida la alimentación ecológica y sana en los comedores públicos y sociales, no se está respaldando al sector productivo mediante medidas públicas que incentiven a agricultores, ganaderos y empresarios.

Andalucía está poniendo en marcha el III Plan Estratégico de Producción Ecológica. La Junta de Andalucía no es capaz de hacer frente a las demandas del sector, similar circunstancia se está produciendo en Castilla-La Mancha donde se está dejando fuera de los incentivos a miles de solicitudes y a la vez se sigue con una alegre política de creación de centros comerciales y de ocio donde abundan los establecimientos de comida basura.

Más allá de cortinas de humo en forma de páginas de periódico o anuncios generalistas que, está probado, no calan en la población, no se están poniendo en marcha acciones específicas que hagan crecer el mercado. Por el camino, seguimos aumentando el consumo de carne, la importación de alimentos producidos a miles de kilómetros en detrimento de la producción local.

Mejorar la cadena de valor del mercado de alimentos

No consiste en desarrollar medidas proteccionistas sino en desplegar las bondades de un desarrollo social y económico armónico y cohesionado. Son las empresas locales las que crean riqueza y empleo en el territorio, son las empresas ecológicas las que tienen demostrada una mayor vinculación con el lugar y la sociedad en la que desarrollan su actividad.

Resulta fundamental seguir mejorando la cadena de valor del mercado de alimentos, la producción local y en ecológico ofrece muchas respuestas, muchas mejoras a la misma. El 80% de los alimentos que encontramos en nuestros platos procede de la agricultura familiar. Otorgar transparencia al mercado, mejorar la información suministrada a los consumidores permitiría trasladarles mayor conciencia y responsabilidad. Muchos deberíamos saber, del precio que pagamos por un alimento, cuánto recibe un productor o cuánto tiene que ir destinado a medidas que palíen la contaminación generada en la producción, transporte y reciclaje de residuos. A buen seguro que el modelo de producción ecológico mejoraría su posición competitiva a los ojos de los compradores.

El actual descontento del sector productivo sobre la política de asignación de ayudas no es más que la punta del iceberg. Ayudas, que, además, van escasamente ligadas al compromiso real y duradero de los beneficiarios.

Una parte menos visible de las acciones públicas y privadas esconde, un nulo sentido crítico hacia las directrices de la PAC, la incapacidad de reconocer la inviabilidad de ciertos cultivos, destructores de recursos, el absoluto fracaso de las acciones de concienciación, la falta de ejemplo en las conductas y prioridades de las administraciones públicas. En definitiva, una, en el fondo, falta de convicción en el modelo de producción ecológico que puede pasarnos una factura impagable.

La responsabilidad tiene que ser compartida. El sector privado tiene que ser más dinámico, más eficiente, más acorde con la disponibilidad y calidad de los recursos, tiene que territorializar su actividad, ejerciendo de agente social, aplicando prácticas respetuosas con el entorno.

Igualmente, resulta imperioso impregnar de manera trasversal las políticas públicas de conceptos y principios de la ecología social, sólo así, podremos seguir manteniendo un desarrollo y calidad de vida aceptable en el futuro. Redefinir políticas como la Política Agraria Común (PAC) hacia un claro y contundente compromiso medioambiental, revertir el proceso de migración hacia las ciudades y la costa, apostar de forma clara y contundente por un modelo productivo agroecológico que permita la generación de riqueza y empleo de manera sostenible y sostenida, tiene que ser el camino.