Las falacias y la nueva ley del aborto

En uno de los primeros textos de ética médica, el Juramento Hipocrático, atribuido al propio Hipócrates o a uno de sus discípulos allá por el siglo V antes de nuestra era, se hace jurar al futuro médico sobre la siguiente frase: “No administraré abortivo a mujer alguna”. Esta promesa nos debe hacer reflexionar sobre el sentido de la frase, pero también sobre la realidad que asumía. Una realidad de la cual formaba parte el aborto.

¿Qué causa tan poderosa y constante lleva a que una decisión como la interrupción voluntaria del embarazo esté presente a lo largo de toda la historia, y a que la actitud de las sociedades levantadas sobre las referencias masculinas haya sido siempre la misma: obligar a la mujer que “padece” un embarazo no deseado a continuar con él a lo largo de toda su vida? Sí, digo bien, a lo largo de toda su vida, porque un embarazo no deseado no dura 9 meses, sino toda una vida.

26 siglos después, la respuesta de Gallardón es la misma, porque 26 siglos después la desigualdad impregna los valores de una mentalidad conservadora que entiende que las mujeres están para cumplir con los designios de una cultura androcéntrica y con las funciones encomendadas, entre ellas la maternidad. Pero como la sociedad ha evolucionado y el conocimiento crítico ha aumentado por más que le pese a algunos, el Gobierno ha necesitado recurrir a una serie de falacias para hacer verdad su mentira y presentar la limitación de los derechos de las mujeres como un avance social. Entre esas falacias encontramos la siguientes:

- Presentan el aborto como un problema derivado de la libertad sexual o de la llamada “ideología de género”, y surgido en fechas recientes por la deriva progresista de la sociedad, cuando ha estado presente en cualquier momento de la historia.

- Intentan confundir a la sociedad con un mensaje que presenta la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad con una “obligación a abortar”.

- Hablan de defender la vida del “concebido” como objetivo, pero en realidad entran en contradicción al admitir que en los casos de violación se puede practicar un aborto. Todo el mundo entiende el impacto de una violación sobre la mujer, pero si el argumento del Gobierno es que la vida del embrión está por encima del daño psicológico de la mujer, ¿por qué se admite sin más el aborto en casos de violación sin comprobar el impacto que tiene sobre las mujeres, y si este ocasiona un grave peligro a la salud psicológica de la madre? No le importa entrar en contradicción con tal de evitar el conflicto social que sería obligar a continuar con el embarazo derivado de una violación, ya que este supuesto para abortar es admitido por la sociedad de forma mayoritaria.

Y tampoco le importa mucho la salud psicológica de la madre al quedar ésta en un segundo plano ante dos hechos:

- Las anomalías fetales que justifican el aborto por ocasionar un “grave daño psicológico a la mujer” tienen que ser incompatibles con la vida del feto. Si las anomalías son compatibles con la vida del recién nacido y se genera un “grave peligro” para la salud psicológica de la madre, no se hará nada.

- Si las anomalías fetales se detectan antes de la semana 22, pero el grave peligro para la salud psicológica de la mujer se manifiesta después de esa semana, aunque las alteraciones del feto sean incompatibles con la supervivencia del recién nacido, la madre seguirá sufriendo de por vida. El feto muere, pero ella sufrirá todo el tiempo que esté viva.

Como se puede comprobar se trata de una ley trampa para las mujeres y para la sociedad que esconde el engaño en su propio nombre, “Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”. Engaña porque no protege al concebido en todos los casos, ni mucho menos los derechos de las mujeres embarazadas, que son negados de entrada para que no pueda decidir, y después quedan supeditados a lo se decida sobre la vida del concebido, aunque este no vaya a vivir debido a las alteraciones que padece.

Lo que demuestra esta ley, Gallardón, Rajoy, el Gobierno y el PP, es que no se admite la igualdad ni la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, y que su decisión debe quedar al arbitrio de un tutor, que cuando son mayores es el Estado y cuando son menores de 18 años, pero mayores para decidir sobre cualquier otro acto médico, son sus padres. Unos padres que pueden decidir por ella hasta el punto de, por ejemplo, obligarla a no abortar aunque se dé alguno de los supuestos admitidos para interrumpir el embarazo. De manera que una chica de 17 años violada, que queda embarazada y que decide abortar, si sus padres no lo autorizan tiene que continuar con el embarazo. Terrible, pero eso lo que dice la nueva ley.

Lo que no explica el ministro Gallardón en su intento de confrontar lo que presenta como una decisión de las mujeres irreflexiva, imprudente e infantil con la trascendencia de una “vida concebida”, es bajo qué argumento se puede obligar a una mujer que no desea un embarazo a continuar con él a la fuerza. Ni siquiera la “idea de vida” del concebido es suficiente cuando, por ejemplo, a profesionales que se enfrentan a peligros objetivos como parte de su trabajo, tal y como sucede dentro de la medicina, la policía, el servicio de bomberos… no se les obliga a asumir determinados riesgos para salvar la vida de una persona con todo un proyecto vital real y en marcha. En cambio, una mujer embarazada sí debe asumir todos los riesgos que se presenten, bien en la continuación del embarazo, o bien al someterse a una interrupción voluntaria en condiciones sin garantías sanitarias para proteger la “vida del concebido”.

No deja de ser curioso que desde el mismo Ministerio del Sr. Gallardón cuando un hombre convicto al que se diagnostica que tiene riesgo de agredir a una persona, como ocurre con los maltratadores en violencia de género, sean los jueces y juezas quienes tengan que decidir si se coloca o no una pulsera para controlar el cumplimiento de la distancia de seguridad a la víctima, puesto que al llevarla se limitan sus derechos, y que, en cambio, se pueda obligar a una mujer a llevar hacia delante un embarazo en condiciones que afectan a sus derechos y a su propia vida.

Entiendo que se pueda criticar a las mujeres por decidir interrumpir el embarazo, y que desde la religión se las condene al castigo eterno, pero creo que la libertad está por encima de quien no comparte esas ideas, y que vivir en democracia significa respetarlas.

La solución al aborto está en la prevención a través de la educación sexual, tal y como desarrolla la actual ley, no en esconder la realidad y las propias cifras de los abortos que se van a producir tras la cortina oscura de lo que suceda al margen de la ley, o más allá de nuestras fronteras. Esconder la realidad no la cambia, es, sencillamente, otra falacia.