La Diócesis de Jerez critica la “imposición autoritaria” del protocolo para alumnos transexuales
“Las medidas del protocolo de la Consejería de Educación pueden ser consideradas como una estrategia de tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible. Esto podría provocar un daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven, no pudiendo volver atrás sobre las terapias recibidas”.
Es la valoración que han hecho los Agentes de Pastoral Familiar, los miembros de los Movimientos Familiares y Padres y Madres de Familia de la Diócesis de Asidonia-Jerez ante el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, presentado hace diez días por el consejero de Educación de la Junta y cuyo contenido adelantó eldiario.es/andalucia.
Dicho protocolo, consensuado con el colectivo transexual y que establece principalmente que las familias con menores transexuales serán las responsables del trato dispensado hacia éstos en los colegios públicos y concertados de Andalucía, es para esta diócesis “un ejemplo claro de imposición autoritaria de una actuación que medicamente no está suficientemente validada”.
“Con ese proceder se puede entender que la Junta de Andalucía no quiere entrar en debate sobre la posible patología de unas personas y buscar para ellas lo mejor en orden a su dignidad desde el punto de vista médico, existencial y humano, sino que trata de imponer de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien de las personas”, dicen en una nota de prensa elaborada tras su encuentro anual celebrado hace unos días en el Auditorio Juan Pablo II, en la Casa de la Iglesia. “Es rechazable desde el punto de vista ético y jurídico la posibilidad de que grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como campo de expansión de su ideología”, dicen.
Más allá de estas consideraciones, la nota alude también a “evidencias científicas de que el 80-95% de los niños llegados a la pubertad con Trastorno de Identidad de Género no siguen experimentando dicho trastorno en la fase siguiente de la adolescencia”, concluyendo que el protocolo “atenta a los derechos educativos, pues obliga a que los colegios, los alumnos y sus padres deban admitir que la mera presencia de un signo indicativo de posible trastorno, conlleve la exigencia de usar vestuarios y servicios contrarios al género del niño o de la niña, imponiendo de esta forma una ideología y violando así el derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos están viviendo y quieren para sus hijos”.
Desde Chrysallis, asociación de familias de menores transexuales, y ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía), han expresado su “rechazo” a la posición de la diócesis, argumentando que las consideraciones médicas referidas en el comunicado “quedan desmontadas en el mismo momento en que la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la Biblia de la Organización Mundial de la Salud, despatologizó la transexualidad en junio de 2012, cambiando el término trastorno de género por el de disforia de género, siendo un termino en desuso y obsoleto para el propio consenso científico al que se alude”.
El entorno social
Según indican los colectivos transexuales en el comunicado de respuesta, un estudio comparativo del Hospital Clínic de Barcelona, realizado en 2013 (ver más abajo) “muestra en sus conclusiones que el 82% de los niños y el 91,7% de los adolescentes mantienen el diagnóstico en el seguimiento”. Unos porcentajes “concordantes con estudios en nuestro entorno (Esteva y cols., 2006), pero no con los estudios publicados en la literatura que encuentran cifras mucho menores (2-56%)”.
A su juicio, es preciso “realizar nuevos estudios con criterios diagnósticos muy definidos para analizar la gran discrepancia entre estudios”, añadiendo que “es, como mínimo, sospechoso que cuanto más próximos al presente son los estudios, menos modificaciones mágicas sufren los cerebros y eso que aún vivimos entornos hostiles, gracias a los portadores de la verdad única que niegan la divina diversidad del ser humano”.
“Será que los sujetos y sus experiencias han sido mal identificados; será que cuanta mayor aceptación social tienen, aumenta la capacidad de expresar la identidad sexual sentida y por lo tanto mejora los porcentajes de persistencia; será entonces que las personas que expresen su realidad en un entorno social, y eso incluye el escolar integrador, no se ven obligados a renegar de su identidad para complacencia de sus superiores”, se preguntan.
“Una vez más, aquellos que se postulan en posesión de la verdad 'única' y valedores de la dignidad humana atentan de lleno contra los más débiles e intentan condenar al ostracismo a una realidad que, por evidente, resulta difícil explicar”, señala el comunicado de respuesta. “Pero esto no es algo gratuito porque este tipo de manifestaciones son abono para frenar los avances en derechos civiles y para posicionamientos médicos obsoletos que eran los mismos que, hasta hace no mucho, consideraban la homosexualidad una enfermedad”, concluyen.
Según Natalia Aventín, portavoz de Chrysallis a nivel estatal, “está demostrado que la identidad sexual reside en el cerebro y todas las personas somos conscientes desde temprana edad de quienes somos”, como “está demostrado que la falta de aceptación de los niños y jóvenes transexuales, en edades tempranas, los llevan a situaciones de gran sufrimiento, donde en demasiadas ocasiones contemplan el suicidio como única salida digna”. Asimismo, considera que “el cuestionamiento de la Ley aprobada en el Parlamento Andaluz por unanimidad y del consensuado protocolo de Educación que la desarrolla, demuestra la falta de respeto hacia una sociedad plural, integradora y respetuosa con los derechos individuales de las personas, sean niños o adultos”.
