España, denunciada ante la ONU por discriminación racial en la frontera con Marruecos
España ha sido denunciada ante Naciones Unidas por violación del derecho a la no discriminación por motivos de raza, e incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. La denuncia, básicamente, pone en contraste la pertinente recepción de solicitantes de asilo sirios con la imposibilidad de acceso a las oficinas de asilo a los subsaharianos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dice que cerca del 70% de las personas que tratan de alcanzar el sueño europeo a través de Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de protección internacional. Sin muchas explicaciones, el ministro de Interior aseguraba la semana pasada que “los subsaharianos no piden asilo” a pesar de que tanto en el puesto fronterizo de El Tarajal en Ceuta, y en el de Beni-Enzar en Melilla, existen habilitadas desde marzo dos oficinas de asilo con infraestructura propia junto a las dependencias fronterizas.
La comunicación, dirigida hace unos días al Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ha sido presentada por el Comité René Cassin, que trabaja de apoyo y asistencia jurídica a personas sin recursos, tanto en España como en terceros países, personas desplazadas, grupos vulnerables, en nombre de Abdoulaye Mara, un joven de 22 años nacido en Mali, quien mostró su intención de solicitar asilo cuando estaba encaramado a la valla de Melilla. Sin embargo fue devuelto 'en caliente' tras su descenso.
La Unión Europea asume que los Estados miembros no aceptarán un reparto obligatorio de refugiados. Acnur, por su parte, ha pedido al Gobierno de España que se garantice el acceso de todas las personas que necesiten pedir protección internacional y recuerda que este derecho no depende de las circunstancias por las que una persona entra en España. También solicita que se aceleren los traslados a la Península de las personas que demandan asilo en las ciudades autónomas ya que, recuerda, el bajo número de peticiones registradas en Ceuta y Melilla se debe a que, por lo general, permanecen bloqueados en ambas ciudades hasta que se resuelve su solicitud, un proceso que puede alargarse varios años. Algo que se está corrigiendo en el caso de los refugiados de nacionalidad siria.
“Imposibilitados para acceder a las oficinas de asilo”
La denuncia presentada ante la ONU incide en que las oficinas der asilo han recibido únicamente a ciudadanos provenientes de Siria. Según los datos emitidos por el Gobierno de España, 3.050 sirios entraron al país en 2014, el 99,54% por Ceuta y Melilla. Estando en funcionamiento durante los últimos meses del curso, las oficinas de asilo tramitaron un total 396 solicitudes, como ya se informó en este diario.
Desde la apertura de la actual infraestructura de las oficinas de asilo en marzo de 2015, éstas trabajan a pleno rendimiento. Principalmente la de Melilla, pues por proximidad geográfica recibe la gran mayoría de desplazados sirios. Los controles fronterizos de Marruecos y España permiten la entrada aproximada de 50 personas con pasaporte sirio al día, para que puedan ser atendidas sus solicitudes. La entrada de cincuenta ciudadanos sirios no es suficiente para satisfacer una demanda creciente. El resto esperan en hospedajes de Nador para poder acceder a las oficinas.
Por otro lado, según relata el escrito, los ciudadanos de origen subsaharianos que habitan en las zonas montañosas colindantes con Melilla y Ceuta, se ven imposibilitados para acceder a las oficinas de asilo. Su única alternativa es la entrada ilegal a Europa, tanto los potenciales solicitantes de asilo, como los que se ven motivados por exclusiva necesidad migratoria. El modo de llegar a Europa es a través del salto de la valla de Ceuta y Melilla, en precarias embarcaciones vía marítima hasta estas dos ciudades, o cruzando el estrecho de Gibraltar.
La denuncia también recuerda algunas declaraciones del ministro Fernández Díaz, como las 9 de febrero de 2015 cuando dijo que las personas que intenten entrar en España saltando las vallas no tendrán derecho a pedir asilo “en principio” porque, según dice, podrán hacerlo en las futuras oficinas. “Pese a las declaraciones del ministro del Interior español, a los ciudadanos subsaharianos solicitantes de asilo no se les presenta otra alternativa que la entrada ilegal, que de modo colectivo es repelido por las fuerzas marroquíes y españolas”, apunta el escrito para la ONU.
“Los rechazos en frontera se aplican sin atender a posibles solicitudes de asilo. Pese a estar en territorio español, no cabe la posibilidad de comunicar a la autoridad policial de la voluntad de presentar una solicitud de asilo; en toda ocasión, la devolución a Marruecos es inevitable”, insiste el Comité René Cassin.
El caso de Mara
Para apoyarse, la denuncia toma el testimonio de Abdoulaye Mara, un joven maliense de 22 años que, en la noche del pasado 11 de marzo, integrado en un grupo de 100 personas con las que habitaba en el Monte Gurugú, intentó cruzar el obstáculo fronterizo con el fin de alcanzar Melilla. Tras haber superado las dos primeras alambradas que componen la valla, Abdoulaye se queda subido en el punto más alto de la última enredadera metálica por varias
horas, debido a que los agentes de la Guardia Civil española le impedía descender.
Desde arriba, Abdoulaye les gritaba a los oficiales “yo asilo, yo asilo”. Finalmente, descendió de la valla y pisó territorio español mientras continuaba gritando “yo asilo, yo asilo”. A pesar de su expresa petición, fue detenido y
maniatado por agentes de la Guardia Civil española, que lo condujeron inmediatamente hacia una puerta que sirve de paso hacia territorio marroquí. Según siempre la denuncia, en transgresión de la legislación nacional española, así como de las normas internacionales, Abdoulaye fue devuelto de forma inmediata, sin trámite, procedimiento, ni asistencia de ningún tipo. Finalmente fue entregado a las autoridades marroquíes que, además, le golpearon.
Señala el escrito que existe una postura generalizada de las autoridades fronterizas marroquíes dirigida a frustrar el acceso de subsaharianos a las oficinas de asilo dispuestas en frontera, una posibilidad con la que sí cuentan otros ciudadanos, en especial los sirios, a quienes les es permitida la entrada sin restricción alguna a través de los puestos fronterizos. Es precisamente este rechazo sin justificación valida de las fuerzas marroquíes el que obliga a Abdoulaye Mara a saltar el vallado con el único fin de acudir ante estos despachos y hacer efectiva su solicitud de asilo. Una vez pisa suelo de jurisdicción española, la discriminación continúa, pues la Guardia Civil impide el acceso a estas oficinas y proceden a entregarlo a las autoridades de Marruecos, se relata en el escrito.
Por todo ello, de la definición y alcance que de la discriminación racial hace el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial se determina que las actuaciones desplegadas por la Guardia Civil en contra de Abdoulaye Mara se ajustan al supuesto descrito en la norma ya que constituyen “un trato excluyente, diferencial e injustificado en contra del ciudadano maliense, encaminado a impedir el goce de su derecho de asilo en igualdad de condiciones”.
El Gobierno español, concluye la denuncia, incurre en “una discriminación directa” en la medida en que sus agentes dan “un trato abiertamente distinto a Abdoulaye Mara, pero menos favorable, al brindado a ciudadanos de otras nacionalidades en relación con el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, a los cuales sí se les permite incoar su solicitud de asilo en frontera. Además se trata de una exclusión intencional, habida cuenta que los oficiales fronterizos actuaron a sabiendas de la pretensión de Abdoulaye, quien la exteriorizó claramente en varias oportunidades.
“La causa del trato desigual es evidente y responde a aspectos de raza, origen y color de piel pues, una vez los agentes de la Guardia Civil española se percatan de los rasgos físicos del nacional maliense, característicos de su raza y los cuales lo distinguen fácilmente de las personas de otros orígenes, proceden con su devolución sin permitirle acudir a las oficinas de asilo”, señala la denuncia. “El Gobierno del Reino de España es responsable de que se haya impedido el acceso del joven al sistema administrativo y jurisdiccional, coartándose la posibilidad de interponer recurso interno alguno ante las autoridades públicas, juzgados o tribunales”.
El Comité René Cassin, que trabaja de apoyo y asistencia jurídica a personas sin recursos, tanto en España como en terceros países, personas desplazadas, grupos vulnerables, y cuyo ámbito abarca Andalucía y Extremadura, pone los hechos en conocimiento del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas por estar bajo jurisdicción del Reino de España. Nuestro país reconoció en 1998 la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del art. 14 de la Convención y el art. 80 del Reglamento del CERD. La cuestión que se presenta al Comité no ha sido, ni está siendo examinada por ningún otro procedimiento de investigación o solución internacional.
