Qué haría IU en 100 días de Gobierno en Andalucía
22M, noche electoral. Gana IU. Arranca, en el supuesto escenario, el compromiso de la federación de izquierdas por “transformar el modelo económico y social” de Andalucía en los primeros 100 días de Gobierno. Y para “sacar” a la región de la crisis construirán una mesa apoyada en cinco patas: banca pública, renta básica, banco de tierras, plan de “empleo garantizado” y “ninguna familia sin luz ni agua”.
Una estrategia de choque elaborada “bajo principios fundamentales de justicia social” porque IU “no es neutral”, ha defendido el candidato a presidente de la Junta, Antonio Maíllo, durante la presentación del programa y la campaña electoral andaluza que IU inicia y finaliza en Sevilla. La formación se ha mostrado, además, confiada en sus opciones. “Vamos a reventar las encuestas”, augura Maíllo.
Para poner en marcha estas propuestas, “en las antípodas” del modelo “que dice salir de la crisis desde la desigualdad”, la coalición apunta medidas como “un impuesto a las grandes superficies para proteger al pequeño comercio” o un gravamen fiscal a las rentas altas con el que sufragar el gasto que supondría poner en marcha la anunciada renta básica ciudadana. La idea es una “reforma fiscal” desde el Gobierno central para lograr esta financiación: “Que los ricos paguen lo que tienen que pagar”, subraya Maíllo
El texto político con el que IU concurre a las elecciones andaluzas del 22 de marzo trae otras apuestas centrales, caso de la promoción de un “plan de transición energética” para favorecer la implantación de las renovables, la creación de una consejería de la Mujer para lograr “una Andalucía feminista” que luche contra la “brecha salarial” y la violencia de género o la reestructuración de la cartera autonómica de Empleo para mutarla en un “instrumento eficaz” en el combate al desempleo.
Soberanía alimentaria e impuesto sobre grandes superficies
Tras esbozar las líneas generales, el grano del documento presentado por IU –de casi 150 páginas– deja una banca pública que nacería con vocación “de servicio social” y un “polo financiero alternativo” que ofrecería “crédito razonable para reactivar la economía”. La garantía de una renta básica llegaría como factor “de cohesión social” y requeriría, para alcanzar su dimensión total, colaboración y financiación del Gobierno central.
El hipotético Gobierno andaluz de IU aseguraría el suministro de electricidad y agua a familias desfavorecidas y un banco público de tierras. En este caso, el programa contempla una “ley de agricultura y de soberanía alimentaria” que pondría “fincas públicas de la administración andaluza al servicio del mundo rural”. Se pondría en práctica junto a los ayuntamientos implicados y de forma “experimental” durante esos primeros 100 días del nuevo Gobierno.
Esta ley serviría además “para proteger al productor frente a los abusos de las distribuidoras”. Así, la coalición recoge en su proyecto político la instauración de “un impuesto sobre grandes superficies comerciales” cuya recaudación destinaría a medidas para favorecer el pequeño comercio.
Otras propuestas serían “la promoción ineludible de la vivienda pública” y un proyecto “de transición energética” que potenciaría las energías renovables como “fuente de sostenibilidad y de creación de empleo”. O la “recuperación de la memoria democrática” mediante una ley de “reivindicación ética” que aporte “verdad, justicia y reparación para las víctimas del fascismo”.
La línea programática de IU presenta también conformación de “un nuevo sector público andaluz desde la garantía y el blindaje del empleo público” y la implantación de un “código ético” para políticos y gestores de la administración y el fomento del papel “codecisivo” de los ciudadanos en el destino del dinero público a través de “presupuestos participativos”. La “reforma” de la Cámara de Cuentas de Andalucía propiciaría, así mismo, que el ente aumentase su “autonomía” y capacidad de fiscalización.
Retorno de jóvenes “exiliados”
En el sector educativo, IU recoge medidas para un modelo “público, universal, laico, inclusivo y gratuito”, perfil que la formación extiende al sistema sanitario donde optimizaría los recursos públicos para reforzar y mejorar la red de asistencia en detrimento de los conciertos asumidos con la sanidad privada.
La federación de izquierdas apuesta por una “ley de movilidad sostenible”, donde la “inversión pública” gane terreno en el campo de las infraestructuras y los transportes colectivos y avance en el Plan Andaluz de la Bicicleta. El programa de IU no olvida a los jóvenes “exiliados” que buscan empleo en el exterior y para quienes Maíllo anuncia “un plan de retorno”.
IU “se posiciona al lado de la gente que lo está pasando mal”. Maíllo, si alcanza la presidencia de la Junta de Andalucía, resume así el plan de choque para los primeros 100 días tras el 22M: “Haré un decreto ley para crear la banca pública, otro decreto ley que garantice mínimo en el suministro de agua o luz para quienes no tienen nada, pondré en marcha con carácter experimental la explotación de las fincas públicas en colaboración de los ayuntamientos, aprobaremos la renta básica para garantizar un mínimo de ingresos a quienes no los tienen agrupando todas las ayudas dispersas, habrá 1.500 profesores de educación secundaria para programas de diversificación curricular y los profesionales sanitarios estarán blindados en salarios y horarios”.
