Las eléctricas sólo han pagado dos sanciones de la Junta de Andalucía de las 32 impuestas desde 2007
Las cuantiosas multas que la Junta de Andalucía impone a las eléctricas, básicamente por abusos hacia el consumidor o por deficiente servicio, terminan perdidas en el tiempo y la potente maquinaria jurídica de las empresas tiene la habilidad de disolverlas con recursos de manera que rara vez se pagan. Prueba de ello es que desde 2007, cuando en los albores de la crisis se puso uno de los puntos de mira en este servicio básico, hasta hoy, la Junta de Andalucía sólo reconoce haber cobrado 170.000 euros por sendas multas a eléctricas de un total de 6.841203,44 propuestos en el periodo, o sea menos del 2,5% de sus expectativas.
De este modo, según información de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, hay constancia de dos expedientes sancionadores en 2007, tres en 2009, 22 en 2010, tres en 2012 y dos en 2014, que suman esos más de 6,8 millones de euros.
De esos 32 expedientes sancionadores [relación completa más abajo] se han pagado una multa impuesta en 2012 a Endesa por fallos de suministro en Málaga, y que de 300.000 euros pasó a ser de 150.000 por sentencia, y otra de 20.000 el mismo año a Gas Natural en Granada. De los dos de 2007, se reconoce que “no hay datos”, mientras que el grueso de ellos (26) están en proceso de recursos.
Finalmente, dos más han sido anuladas ya por los tribunales, en concreto una de 2014 por 230.000 euros también a Endesa por el servicio en Málaga y, especialmente, la que ha sido la más cuantiosa hasta la fecha, la de tres millones de euros que se impuso a La Castilleja Energía (Córdoba) en 2009 por “incumplir la Ley del Sector Eléctrico” y que la empresa eludió por un defecto de forma: la firmaba el consejero -ese año pasaron por el departamento Francisco Vallejo y Martín Soler y no se ha aclarado cuál de los dos fue- cuando debía de haberlo hecho el Consejo de Gobierno por la elevada cuantía.
El expediente sancionador más polémico
Hay que sumar el expediente sancionador contra Endesa que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio inició en julio de 2015 por el cobro indebido por sobrefacturación en el término de potencia, un caso que ha terminado con polémica. Dicho expediente sancionador podría haber sido la propuesta de multa más elevada de toda la historia porque el primer funcionario que lo llevaba llegó a cifrarla en mas de seis millones de euros por considerar grave “el alterar los datos de la potencia contratada para poder facturar incorrectamente”.
Sin embargo, su expediente sancionador quedó paralizado a comienzos de 2016 porque el funcionario dimitió de la tarea por “obstrucción” en el proceso, lo que hizo prescribir la propuesta de sanción. Desde la Junta de Andalucía insisten en negar que se haya presionado a este trabajador para que rebajara la sanción, igual que sostienen que el expediente sancionador se reabrió a tiempo con otro funcionario para evitar que caducara. Es más, fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguran que el primer funcionario mareó reiteradamente el procedimiento “con propuestas de sanción de los más variopintas”.
En este sentido, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha admitido que el primer expediente sancionador prescribió, pero ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía “procedieron a una nueva apertura” y sostiene que el mismo “está vivo”.
También recuerda que la empresa sí devolvió ese dinero -20 millones de euros a más de 400.000 andaluces- después de un expediente informativo que inició en 2011 la Dirección General de Industria y que tardó cuatro años en resolverse. Expediente informativo, por cierto, que fue promovido por el ciudadano Antonio Moreno Alfaro, quien ha hecho de su jubilación una cruzada contra los abusos de las eléctricas y detectó ese cobro indebido.
La cuestión ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía, donde tanto IU como Podemos han preguntado por esta sanción. El líder de IU, Antonio Maíllo, llegó a asegurar que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio “retrasó el nombramiento de un nuevo instructor para que cuando tuviese que iniciar sus actuaciones lo único que le quedase fuese cerrar el expediente sancionador porque había caducado el tiempo para proponer una multa”. Mientras, Juan Moreno Yagüe (Podemos) le pidió el expediente sancionador, convencido de que la Junta de Andalucía “no llega realmente nunca a multar”. El consejero prometió dárselo pero a día de hoy, no lo tiene, porque le han sugerido que vaya a consultarlo a la propia sede de la consejería.
