El alcalde de Albox prohíbe a la Policía Local participar en desahucios
El alcalde socialista de Albox (Almería), Rogelio Mena, ha ordenado a la Policía Local que no participe en los procesos de desahucio que se produzcan en su término municipal tras conocer el caso de un vecino, Patricio Martos, a quien le exigen unos 114.000 euros de deuda por la hipoteca de cinco casas de campo donde pretendía instalar una explotación turística rural. El regidor afirma que “no estamos dispuestos a hacerle el trabajo sucio a los bancos y las financieras”. “En estos tiempos de crisis hay que apelar a la solidaridad y responsabilidad social, y los políticos tenemos que ser ejemplarizantes y estar al lado de los ciudadanos cuando hay gente que viene al ayuntamiento a pedir ayuda para comer”, ha señalado el alcalde.
Patricio nunca pudo poner en marcha su negocio de 'Las Candelas', situación que generó la deuda. Aunque solicitó en 2007 la licencia municipal de apertura de su establecimiento, pagando entonces unos 4.800 euros, no se la concedieron hasta cinco años después, en 2012.Patricio culpa de sus males a Francisco Granero, alcalde del PP en Albox durante 16 años, quien le negaba la licencia de apertura. Granero, que fue también senador, tuvo una polémica vida pública. Sus enemigos le recordaban que comenzó en política militando en el PSOE, llegando a presentarse por estas siglas en las elecciones al Congreso de los Diputados durante los primeros años de la Democracia.
Su mandato fue muy polémico, acusándosele entre otras cosas de hacer negocios personales con el urbanismo o con el agua tras comprar unos pozos para el abastecimiento público municipal. En abril de 1998 la fachada de su vivienda fue tiroteada encontrándose en la fachada perdigones de escopeta de caza. En las elecciones municipales del 2007 sufrió un severo castigo y solo consiguió tres de diecisiete concejales. Ya en uno de sus mandatos logró la alcaldía con el apoyo de un tránsfuga andalucista.
El afectado fue un emprendedor de éxito en Gran Bretaña cuando regentó en los 90 'Picasso', un exitoso bar de tapas españolas cerca de Brighton que vendió a una franquicia. Al volver a su tierra, el Ayuntamiento tardó cinco años en darle la licencia para su negocio y no pudo pagar al banco la hipoteca.
El caso casi acaba en tragedia. El pasado 25 de septiembre, al ver llegar a decenas de agentes de Guardia Civil y Policía Local a su vivienda, Patricio prendió fuego a la puerta del inmueble, donde reside con sus padres y su pareja. El banco ya le ha embargado cuatro de las cinco viviendas e incluso le han cambiado las cerraduras. Patricio “vive ahora en la única casa que le queda”, afirma Francisco Utrera, miembro del grupo antidesahucios del PSOE de Almería, que logró un aplazamiento de apenas dos semanas en el lanzamiento. “Esto es surrealista, porque hay una resolución previa que deja sin efecto el embargo, y ha ido pagando las cantidades que ha podido”, mantiene Francisco Utrera, quien denuncia que a Patricio “le han tratado como a un narcotraficante”.
Francisco Utrera asegura que Patricio es víctima de los problemas legales de competencias territoriales y urbanísticos entre la Administración Autonómica y los ayuntamientos que acabaron incluso en derribos de viviendas. Mantienen que la deuda real asciende a unos 80.000 euros, aunque le reclaman 114.000. Patricio invirtió en su proyecto turístico rural más de medio millón de euros “y ahora el banco lo vende por 53.000 euros y me tratan como un delincuente”. “Yo quiero pagar, he ido ingresando lo que he podido, pero se niegan a negociar, no quieren hablar conmigo”, denuncia.
La delegada provincial de Fomento y Vivienda de la Junta, Encarnación Caparrós, no se ha mostrado en contra de la actitud del primer edil albojense e incluso ha recordado que “hay ayuntamientos que han retirado las cuentas de entidades que han promovido desahucios”. La Subdelegación del Gobierno central informa que se trata de decisiones de ámbito muy local y municipal, aunque siempre dependientes de las órdenes que lleguen de los juzgados. Por su parte, el alcalde argumenta que “si mi Policía Local está actuando en otros servicios nadie puede obligarme a actuar en un desahucio”.
Utrera, que ejerce de portavoz del vecino de Albox afectado, apunta que se está a la espera de que la entidad bancaria facilite una negociación “porque él nunca se ha negado a pagar”. Incluso Patricio aportó 50.000 euros de la venta de un terreno “pero Mare Nostrum, que recibió una inyección de más de 1.600 millones del Gobierno tras la fusión de Caja Murcia y otras entidades, se niega a hablar con él, lo que nos obliga a pensar que hay intereses de gente que quiere quedarse con la propiedad”.
