Las reformas de Gallardón podrían dejar sin Juzgados de Paz a 685 municipios andaluces
Los vecinos de Ogíjares (Granada) rindieron el pasado 6 diciembre, Día de la Constitución, un sentido homenaje a su Juez de Paz dedicándole una plaza con su nombre. Manuel Blanco lleva 20 años ejerciendo este cargo “solo porque me lo pidieron”. Y ahí sigue todos los días a sus 75 años cobrando trimestralmente por su trabajo 804 euros. “Ya sea domingo, festivo, de día o de noche, porque si una persona se muere se tiene que firmar el acta de defunción y si algo ocurre hay que estar”, explica. Por este juzgado, que abarca una población de 16.000 habitantes, pasan anualmente 3.000 documentos de auxilio judicial y se realizan unos 80 juicios de faltas, eso sin contar los registros y otros papeleos diarios. La labor es un no parar con la ayuda de un agente y una secretaria judicial.
Como este, según Francisco Lasheras, presidente de la Asociación Democrática de Juzgados de Paz, existen en Andalucía 685 juzgados, 180 con funcionarios públicos, en riesgo de desaparición con la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que quiere poner en marcha Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. “En España la cifra de municipios que quedarían desabastecidos de una Justicia cercana ronda los 8.000”, asegura el presidente. “Ahorro casi ninguno”, exclama. “Porque un juez en una localidad de menos de 7.000 habitantes –apunta- cobra entre 200 y 380 euros cada tres meses”. En el resto, hasta los municipios de 25.000 habitantes (que tendría Juzgados de Primera Instancia), las cantidades son algo más elevadas, “pero insignificantes si se tiene en cuenta la labor que estas personas realizan”. La razón de este desmantelamiento, dice el representante judicial, “es que ahora nos acusan de no ser profesionales por no ser jueces de carrera, pero es que precisamente nuestra función es impartir justicia allá donde ellos no llegan de una forma sencilla, al lado de la gente”.
La historia de los juzgados de paz en España se remonta a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, aunque no es hasta 1997 cuando la Junta de Andalucía asume sus competencias “y los adecenta”, relata Lasheras. Este Juez de Paz con 21 años de carrera y maestro jubilado asiste desolado “al desmantelamiento de la Justicia a pie de calle, la cercana al ciudadano”. Ya que la reforma además de eliminar la figura del Juez de Paz quiere “privatizar los Registros Civiles y dejarlos en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles, así que los trámites de nacimiento, defunción o matrimonio, que hasta ahora son gratuitos podrían tener un coste en el futuro”.
Juicios de faltas
La aniquilación de estos juzgados comenzará en breve, “porque está planteada en fases”, anuncia Lasheras. “Estos días el Parlamento está debatiendo la Reforma del Código Penal, que entre otros aspectos, pretende hacer desaparecer el concepto de falta”. Esto significa que una de las funciones de los jueces de paz dejaría de existir, ya que ellos son los encargados de juzgar este tipo de incumplimientos de la Ley. “Poco a poco”, sentencia el responsable judicial, “intentan vaciarnos de contenido”. El cambio de legislación, además, traería consigo según el juez, “un aumento en el número de delitos graves. Y es que Andalucía es, ”con 6.000 juicios de faltas, la comunidad autónoma española donde más sentencias de este tipo de dictaminan, frente a las 26.000 de todo el territorio nacional“.
José Manuel Peña, Juez de Paz de Mairena del Alcor en Sevilla, es de la misma opinión que su compañero “porque aquí se paran muchas cosas que pueden llegar a enquistarse y convertirse en temas peligrosos”. Peña, con 24 años de experiencia, decidió iniciarse en este camino “por hacer un servicio público”, aunque luego se quedó “porque me gustó la novia”, bromea. Por los despachos de su juzgado pasan a diario más de 60 personas “para todo tipo de asuntos, desde juicios por insultos hasta recogida de citaciones, notificaciones, certificados de nacimiento…”. De no existir este centro judicial los vecinos tendrían que ir al municipio de cabeza de partido, en este caso Carmona, situado a varios kilómetros. “Y está claro”, apunta Lasheras, “que la centralización traería colas, problemas en los pueblos y sobre todo se quitaría un derecho de más de 160 años de historia”.
Para que todo esto no ocurra la Asociación Democrática de Juzgados de Paz ya ha recogido, sólo en Andalucía, alrededor de 15.000 firmas contra la reforma del Código Penal y la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El listado incluye escritos de varias diputaciones andaluzas alabando la tarea de los Juzgados de Paz y alertando del desastre que supondría su desaparición.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha aclarado a eldiario.es/andalucia que el Gobierno creó una comisión de expertos, que realizaron un informe sobre lo que sería la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este documento, señalan, “se incluye varios cambios, pero no hay nada cerrado porque se está en fase de diálogo con todas las partes implicadas para elaborar un anteproyecto y presentarlo al Consejo de Ministros con la intención de aprobarlo en el primer trimestre del año que viene”. Mientras, los jueces de paz, según Lasheras, esperan “no ser borrados de un plumazo”. Porque como dice el homenajeado Juez de Paz Manuel Blanco, “a veces es mejor apañar las cosas con sensatez”.
