Se vende espacio protegido: el 10% del Parque Natural Los Alcornocales
Con más de 167.000 ha, el Parque Natural Los Alcornocales es la reserva de Alcornoques más grande de Europa. La finca forestal La Almoraima, situada en los términos municipales de Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios y Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, supone con sus 14.101 ha de extensión casi un 10% del espacio protegido. Es un lugar emblemático tanto por su valor ecológico (cuenta con uno de los últimos reductos de bosque tropical del continente y es una de las zonas fundamentales de refugio de alimentación de las aves en su paso migratorio) como por su importancia en la lucha agraria de la zona, ya que fue expropiada a Rumasa en el año 1983 dando fin a uno de los latifundios más grandes del pais.
“De todas las noticias nos hemos ido enterando por los medios de comunicación”, explica el alcalde de Castellar de la Frontera, Juan Casanova (IU). “La empresa que gestiona la finca redactó un Plan Especial de Ordenación de Uso con hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo. Incluso se ha barajado un precio de venta de 180 millones de euros. Todo esto nos hace pensar que se va a continuar con el modelo del ladrillo, que es precisamente el que nos llevó a esta crisis”, sostiene su alcalde. La Almoraima supone el 80% del término municipal de este pueblo gaditano.
“El Gobierno no está para cuidar vacas o extraer corcho”
La venta no entrañaría ningún problema legal. La Almoraima es una sociedad anónima cuyas acciones están en manos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con la sociedad gestora de la finca, Almoraima S.A, que ha admitido la existencia de ese plan. Su gerente, Isabel Ugalde, ha confirmado el proceso de venta, aunque admite que no será fácil encontrar un comprador. Según Ugalde, la sociedad perdió el año pasado 1,2 millones de euros. “La decisión de la venta existe, falta ponerla en práctica y la propia transacción. La idea del plan es fijarse en el desarrollo de provincias como Málaga, frente al subdesarrollo de la provincia de Cádiz”, afirma. En La Almoraima, además de cultivos y la explotación de Alcornoques, se construyó un hotel en un antiguo convento rehabilitado y se realizan actividades vinculadas a la cacería y el turismo rural. En total cuenta con 50 trabajadores fijos y 40 eventuales.
“Es importante aclarar que elementos como el hotel se contemplan en el plan, dentro de las 1.500 ha de la finca que no están dentro del Parque Natural”, explica Ugalde. “Todo está diseñado acorde a la legislación vigente: al POTA, a los PGOU a los planes subregionales, a la Ley del Suelo Andaluza”, añade. “Para llevar a cabo el plan no es estrictamente necesario la venta. Ahora bien, el Estado quiere vender porque hay que establecer prioridades, más en una época de austeridad como ahora, y un Gobierno no está para criar vacas o extraer corcho. La finca no se va a mal vender, la intención es conseguir un precio elevado y así beneficiar al conjunto de los españoles. ¿Qué se prefiere: pagar la deuda o las pensiones o cuidar vacas?”, recalca.
El Campo de Gibraltar se moviliza
Las primeras muestras de oposición han surgido en Internet. Una petición iniciada por un vecino de Castellar de la Frontera para reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “no venda el 10% del Parque Natural de los Alcornocales” ha reunido más de 30.600 firmas de apoyo desde el pasado día 15 de septiembre a través de la plataforma Change.org. La petición alojada en la plataforma social afirma que es “un escándalo para los habitantes de los pueblos vecinos, como aquí en Castellar, donde el proyecto se percibe como una amenaza para la forma de vida local”.
Las reivindicaciones ciudadanas han calado también en los distintos ayuntamientos, sindicatos y asociaciones de la comarca. Por eso, esta semana se creará una plataforma abierta para la defensa de La Almoraima. A ella se unirán los principales partidos políticos (entre los que se encuentra el PP del municipio) y el comité de empresa de la La Almoraima S.A, así como CCOO, UGT, el SAT, la CGT o la organización ecologista Agaden.
“Llevamos mucho tiempo viendo cómo en vez de invertirse en los aprovechamientos de la finca, en el mantenimiento forestal y en sacarle rendimiento agrícola, se invierte sólo en infraestructuras y se justifica que la finca sólo genera pérdidas”, afirma el alcalde de Castellar. Según Casanova, “nosotros propusimos la creación de una fábrica de transformación del corcho y una planta de biomasa que generara energía limpia. En proyecto podría suponer la generación de entre 40 y 100 puestos de trabajo directos”. Cifras muy significativas para un municipio como Castellar de la Frontera con una población de 3.200 habitantes y una tasa de paro superior al 30%.
Los ecologistas piden que la Junta intervenga
“Si nos fijamos en cómo se han desarrollado otras zonas cercanas como Sotogrande, en el que el precio de las casas está en torno a los 2.000 euros el metro cuadrado, no podemos pensar otra cosa más que se pretende construir y construir y fomentar el turismo de lujo sin fomentar el desarrollo sostenible de la zona y crear empleos relacionados con el aprovechamiento de los recursos que ofrece la finca”, explica Quico Rebolledo, presidente de la asociación ecologista Agaden.
“Según el Gobierno, la finca genera déficit y de ahí que quieran venderla, pero ¿cómo pueden generar pérdidas 16.000 ha? Es evidente que no se está gestionando adecuadamente”, recalca su compañero de Agaden, Juan Antonio Carrasco. “Una solución sería que la Junta declare esa zona Monte de Utilidad Pública. Así sería muy difícil la venta”, explica Carrasco. “También podrían ejercer su derecho de tanteo en la venta y comprarla”, añade.
