Secretario municipal “pirata” durante nueve años
Domingo Sánchez Téllez ejerció como secretario municipal de La Tahá de Pitres, en Granada, durante casi 10 años aunque no había aprobado las oposiciones ni era funcionario ni estaba capacitado para ello. Lo hizo combinándolo con la alcaldía de su pueblo, Atajate, en Málaga, y con un nombramiento por decreto que no reconocía la Junta de Andalucía.
El próximo 20 febrero de 2015 se sentará en el banquillo de los acusados junto a José Jesús García Aragón, el ex alcalde de La Tahá que lo nombró secretario, enfrentándose a entre 3 y 5 años de cárcel, aunque la Fiscalía advierte que el delito puede haber prescrito, según recoge un escrito del pasado 18 de junio de la Audiencia Provincial de Granada al que ha tenido acceso eldiarioandalucia.
El caso se hizo público entre 2011 y 2012, cuando la alcaldía de La Tahá, municipio de menos de 1000 habitantes en el corazón de La Alpujarra granadina, cambió del PSOE –partido al que pertenecen ambos imputados– al PP. La irregularidad del puesto de Sánchez Téllez, que ejercía como secretario desde 2003, surgió cuando el nuevo gobierno municipal empezó a investigar una deuda de 1,1 millones de euros por impago de una subvención de la Consejería de Educación para construir un IES.
El Ayuntamiento acabó cesando al falso secretario y denunciándolos a él y al que fuese alcalde entre 1991 y 2007, José Jesús García Aragón, tras descubrir que el nombramiento se produjo mediante un decreto de alcaldía sin valor legal en 2003 y que no constaba ni ante el registro de la Junta de Andalucía ni en el del Colegio de Secretarios de Andalucía como habilitado nacional. Es más, según la Consejería de Administraciones Públicas, la plaza de La Tahá llevaba casi diez años vacante, tal y como recogen las actuaciones judiciales a las que ha tenido acceso este diario.
Secretario en cuatro municipios de tres provincias
El secretario-interventor es el fedatario público de la legalidad de las actuaciones administrativas de un ayuntamiento y sólo puede ejercerse accediendo a la plaza mediante oposición o de manera interina si se es funcionario de plaza del mismo ayuntamiento y se cumplen ciertos requisitos. Sánchez Téllez no cumplía ninguna de las condiciones, excepto ser licenciado en Derecho.
Además, combinó su actividad hasta 2007 con la de alcalde del municipio malagueño de Atajate, y llegó a agrupar como secretario-interventor los municipios de Pórtugos (Granada), Parauta (Málaga) y Ohanes (Almería), una práctica legal para funcionarios de municipios de pequeño tamaño, pero a la que él no tenía derecho desde el momento en que su plaza de secretario no era real. Ninguna de sus actuaciones como secretario ha sido impugnada, aunque la situación es legalmente delicada para los cuatro ayuntamientos, y de hecho no se le juzgará por ejercer en Pórtugos, Parauta y Ohanes, ya que no ha sido denunciado por esos hechos.
La juez de instrucción del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva imputaba a García y Sánchez Tellez los posibles delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación administrativa, nombramiento ilegal de cargo público, aceptación de nombramiento ilegal y toma de posesión de cargo público. Por ellos les pide la acusación particular del Ayuntamiento de La Tahá 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación para Sánchez y 3 de cárcel y 18 de inhabilitación para García.
Un fraude de subvenciones ante el TC
Sánchez Téllez y García Aragón están también imputados en otro caso, del que el juicio por la usurpación es pieza separada, y que se dirime actualmente en el Tribunal Constitucional. Se trata de la investigación por la desaparición de 1,1 millones de euros de una subvención de 1,9 que la Junta de Andalucía concedió al Ayuntamiento en 2005 para la construcción de un IES y que nunca se gastó en su destino, pero cuyo uso se desconoce.
La subvención era fruto de un convenio a tres bandas con CajaGranada, en el cuál la entidad concedía un crédito por el valor de la ayuda al Ayuntamiento que este iría cancelando conforme la Consejería de Educación le abonase las cantidades acordadas. El instituto se construyó y la Junta fue pagando, pero la póliza de crédito nunca fue cancelada a pesar de que las cuentas municipales recibieron los ingresos. En total, 1,1 millones salieron de dichas cuentas con un destino aún por esclarecer.
En este caso están imputados Domingo Sánchez Téllez y José Jesús García, pero también la alcaldesa entre 2007 y 2011, Rosario Fernández Quirantes, también del PSOE. El caso se encuentra en el Tribunal Constitucional tras un recurso al que ha tenido acceso este diario en el que el Ayuntamiento de La Tahá pide el Consistorio, como acusación particular, que también se investigue a los directivos de CajaGranada responsables de renovar el crédito, por considerarlos colaboradores necesarios.
