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La Junta recurrirá en el TC la reforma local del Gobierno si no se cambia en profundidad
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este martes que el Gobierno andaluz se verá obligado a recurrir en el Tribunal Constitucional (TC), en defensa del Estatuto de Autonomía, la ley de reforma local que ha planteado el Gobierno de la Nación si no cambia en profundidad.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Diego Valderas ha querido dejar clara la disposición de la Junta al diálogo con el Ejecutivo nacional en materia local y ha señalado que si la norma que está sobre la mesa no cambia en profundidad, se tendrán que “recabar todas las actuaciones jurídicas y constitucionales que sean necesarias en defensa del Estatuto de Autonomía”.
Para el vicepresidente andaluz, si no hay un cambio profundo en la ley, estaremos “desnaturalizando el papel de la administración local”.
El Gobierno central, según ha agregado, ha puesto sobre la mesa una reforma “de retroceso”, que supone una clara vuelta al pasado y a una situación “preconstitucional”, al tiempo que ha mostrado su preocupación por que nace sin diálogo “y muerta en materia de consenso”.
Asimismo, ha expresado que esa reforma “anula” la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la que regula la Patrica, al tiempo que no establece un marco claro competencial para los ayuntamientos ni resuelve los problemas de financiación.
Para Diego Valderas, cuando se aborde la financiación de las comunidades autónomas, también es necesario abordar la financiación municipal.
Preguntado sobre la deuda de la Junta con los ayuntamientos, ha señalado que, de acuerdo con los últimos datos de su departamento, en el montante global, “la balanza está a favor” de la administración autonómica, lo que no quita la voluntad de ésta de cumplir con los consistorios.
No obstante, ha señalado que si el Gobierno central abonara a Andalucía los 2.300 millones de euros de la nueva “deuda histórica” que se ha generado por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, estarían saldadas las deudas con las instituciones municipales.
