Familias necesitadas ocupan medio centenar de viviendas vacías en Sanlúcar de Barrameda
La historia se repite. Aproximadamente medio centenar de familias de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han ocupado otras tantas viviendas vacías, propiedad de bancos y promotoras, ante la imposibilidad de tener un lugar en el que alojarse y solicitando a las administraciones un alquiler social. Mientras esperan algún tipo de solución, han pedido al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, que dé la luz y el agua de alta en los pisos ocupados, algo a lo que se ha opuesto el gobierno local por considerarlo “ilegal”. Ante la falta de inmuebles municipales disponibles, el Ayuntamiento ha ofrecido unos terrenos para que la Consejería de Fomento construya viviendas públicas en la avenida 1492.
El alcalde, Víctor Mora, argumenta a eldiario.es/andalucia que son ocupaciones “ilegales” y que “no por ocupar van a estar más necesitados que otros” que estén apuntados en el registro municipal de demandantes de vivienda. Unas 500 personas están inscritas, según cifra el alcalde. Ya el pasado jueves, cuando se ocuparon las primeras viviendas en Bonanza, el pleno municipal aprobó a propuesta del PA que a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo se elabore un censo de viviendas vacías en propiedad de entidades bancarias como consecuencia de embargos. También se dio el visto bueno a que, en colaboración con la Consejería, se estudiara la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades para que paguen un alquiler social las familias.
Entonces se trataba de once familias que ocupaban viviendas en Bonanza, a las que se han sumado recientemente otras 40 en el Barrio Alto de la localidad. La moción apuntaba básicamente que las administraciones local y autonómica colaboraran para buscar soluciones y llegar a acuerdos dentro de la legalidad. Respecto a que la situación pueda asemejarse al caso de la Corrala Utopía de Sevilla, que provocó una crisis en la Junta de Andalucía entre los dos socios de gobierno (PSOE e IU), el alcalde asegura que es “muy parecido”. Desde la Consejería se apunta de momento que los inmuebles ocupados corresponden al tipo de vivienda en el que ponía el foco el artículo de la 'ley antidesahucios' recurrido por el Gobierno y que serían “sancionables” con la norma en vigor, añaden fuentes desde el departamento de Elena Cortés.
Preguntado por el hecho de que las soluciones ofrecidas hasta el momento por el gobierno municipal tardarían en materializarse, el alcalde considera que “lo que está claro es que la solución no es ocupar” y que ya se ha puesto a disposición de las mismas los recursos de los servicios sociales locales, los mismos que al resto de familias de la localidad con especiales necesidades, reconociendo en cualquier caso que “llegan tarde” porque las ocupaciones ya se han producido.
“Arrastradas por la necesidad”
Uno de los afectados, Raúl Moscoso, ha explicado a Europa Press cómo un grupo de personas, “arrastradas por la necesidad”, tomaron la semana pasada la decisión de ocupar estas viviendas y anuncian que el número de casos podría aumentar por la “falta de casas con alquileres asequibles”. Este vecino señala que la Policía acudió al lugar, les identificó y les informó de que no podían acceder a los inmuebles, con cuyos propietarios intentaron contactar sin éxito,
Raúl vive ahora en una de las casas ocupadas con su pareja y sus dos hijos pequeños. “Somos personas de entre 20 y unos 40 años, y todos tenemos hijos”. Son solicitantes de viviendas sociales, se encuentran en situación de desempleo y la mayoría no recibe ningún ingreso al haber agotado las prestaciones, informa. En su caso, “ya no podía seguir pagando un alquiler de 400 euros por un piso de una habitación” y había tenido que recurrir a vivir con sus padres y uno de sus hijos, mientras que su pareja tuvo que instalarse en casa de los suyos con el otro hijo.
“Los niños estaban siempre separados y para estar juntos teníamos que estar en la calle, pero no puedo tener a mis hijos en la calle 24 horas”, relata Raúl, que “no podía aguantar más la situación”. Explica que en ningún caso se oponen a pagar un alquiler social ya que, aunque no tengan empleo estable, siempre pueden buscarse la vida “recogiendo coquinas, patatas o lo que haga falta”, indicando que han adecentado las casas, que han limpiado con el agua que inundaba los sótanos de uno de los edificios.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Sanlúcar denunciaba hace unos días la situación y apoyaba la decisión de las primeras familias ocupantes, “a las que se a empujado a una situación angustiosa, que en un acto de responsabilidad han ocupado las viviendas vacías desde hace ocho años”.
