Los juzgados investigarán la contabilidad del comedor social de Benalmádena
La concejala del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) que alertó de la existencia de supuestas irregularidades en las cuentas del comedor social del municipio ha presentado una denuncia contra Francisco Salido, primer teniente de alcalde del municipio, y varios responsables del comedor por posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Encarnación Cortés, edil independiente, señala que 262.500 euros recibidos en concepto de subvenciones no han sido justificados, y se apoya en el informe definitivo emitido al respecto por la Intervención General del municipio. El ayuntamiento de Benalmádena está gobernado por el Partido Popular con el apoyo de un partido local (Unión Centro Benalmádena) cuyo presidente, Francisco Salido, es el concejal de Bienestar Social. El secretario del comedor social es Francisco José Cañete, cuñado de Francisco Salido.
La denuncia alerta de que la asociación que gestiona el comedor, que comenzó a recibir ayudas en 2012, ha servido para saquear fondos públicos mediante el pago de subvenciones. Según el informe de la intervención, la cantidad pendiente de justificar asciende a 262.500 euros. El ayuntamiento ha aportado, mediante transferencias semanales de 3.000 euros a la cuenta del comedor, 324.000 euros. Encarnación Cortés añade a estos fondos las donaciones efectuadas por empresarios y particulares de la localidad, tanto en metálico como en especie. “De todo eso [las donaciones] no hay registro. Se hace muy difícil creer que no ha habido nada extraño”, sostiene Cortés, quien ha sido asesorada por el Partido X para presentar la denuncia. La edil también ha comunicado los hechos a la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración Tributaria. Encarnación Cortés concurrió a las elecciones municipales de 2011 por UCB, pero abandonó el partido al año siguiente, después de denunciar irregularidades en la concesión de contratos en el Puerto de Benalmádena.
Las transferencias del ayuntamiento a la asociación que gestiona el comedor eran ordenadas por el concejal de Bienestar Social, Francisco Salido, cuyo grupo político, UCB, comenzó la legislatura apoyando al exalcalde socialista, Javier Carnero, y que tras una moción de censura en junio de 2012 ahora sostiene a la alcaldesa popular. El secretario de la asociación que gestiona el comedor social, Francisco Cañete, es cuñado de Salido, y el presidente de la asociación es José Lara, cuya gestoría estaba encargada de comprobar la contabilidad del comedor social. Según un acta incorporada a la denuncia, Lara admitió que no hay libro de actas y se defendió de las acusaciones de irregularidades contables alegando que hasta enero de 2014 el tesorero tuvo que manejar la contabilidad “manualmente”. Además, según denuncia Encarnación Cortés, varios voluntarios habrían cobrado en repetidas ocasiones por su trabajo en el comedor; entre ellos, un hermano del teniente de alcalde.
El documento presentado por Cortés ante los juzgados relata la existencia de “presiones morales” al interventor general, en cuyo informe también se denuncia la ralentización del expediente debido a las maniobras políticas. Diez después de que la alcaldesa ordenara la apertura de la investigación, Francisco Salido retiró toda la documentación relativa al comedor de la Unidad de Bienestar Social, donde se custodiaban, con el objetivo de “foliarlos”, según declaró entonces a infoLibre. Junto a él acudieron, según la denuncia, su hermano, voluntario de la asociación, y Francisco Cañete, secretario. Además, y según la denuncia, Francisco Salido reclamó a los funcionarios que tuvieran por justificados los gastos del comedor.
La concejala solicitó a la alcaldesa, Paloma García (Partido Popular) que investigase el destino de las aportaciones públicas realizadas al comedor social en un Pleno celebrado el 19 de diciembre de 2013. Lo hizo a raíz de las continuas quejas en las que usuarios y voluntarios protestaban por la escasez y la mala calidad de las raciones servidas. El 4 de febrero, García ordenó la apertura de un expediente, que culminó el pasado 18 de agosto con la emisión de un informe definitivo que alerta de que 262.500 euros aportados por el ayuntamiento no cuentan con facturas que justifiquen debidamente en qué se invirtieron. El ayuntamiento, que sí ha iniciado el expediente de reintegro y ha informado al Tribunal de Cuentas, no ha presentado ninguna denuncia.
Según Cortés, los documentos aportados y que sigue aportando la Asociación a requerimiento del interventor son incompletos o incorrectos, y hay indicios de que han sido elaborados a posteriori. “Además, ¿por qué no los presentaron todos en el plazo concedido por el interventor?”, se cuestiona. La denuncia ante la Agencia Tributaria resalta que se trata de fotocopias con errores en el CIF, sin retención de IRPF, con errores en los sumatorios y desajustes con los números de albarán. La concejala insiste en que el personal y la superficie del comedor no encajan con los volúmenes de comida que dice servir. “Hay facturas por 180 litros de gasolina. Se supone que a algunos usuarios se lleva la comida a casa. Esto es un pueblo: ¿van en un tráiler? No hay detalle, y eso hace pensar que se han metido por calzador”, explica Cortés. En la denuncia ante la Seguridad Social se aportan también recibos de cobros realizados por supuestos voluntarios (entre ellos, el hermano de Salido) a cambio de trabajos realizados en el comedor.
