La policía corrobora que el 'cártel del fuego' estaba organizado para delinquir en Andalucía
Tras el registro de sus sedes y la detención de sus máximos responsables, la policía no tiene dudas: las cuatro empresas aeronáuticas del cártel del fuego andaluz se ponían presuntamente de acuerdo para “alterar los precios de mercado” en concursos del Infoca.
Así consta en el nuevo informe policial del sumario instruido por la jueza María de los Reyes de Flores al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.
La investigación parte de un concurso público denunciado por un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente que se encontraba presente en la mesa de contratación. Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Saeta y SAP se presentaron, junto a Inaer, a una adjudicación del Infoca para fletar medios aéreos de lucha contra el fuego por 70 millones de euros para las campañas comprendidas entre 2015 y 2018.
Al cometer el presunto delito de alteración de concurso público, Faasa, la principal beneficiaria, se hizo con tres de los cinco lotes de la adjudicación por la máxima cantidad (más de 60 millones de euros) y sin temor a que otra empresa pudiera arrebatársela.
El funcionario de cuya denuncia parte la investigación policial advirtió al jefe de la mesa de contratación de que se estaba cometiendo una colusión de empresas. El jefe de la mesa de contratación, que también es jefe de los servicios de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, hizo caso omiso a la advertencia de su funcionario.
“Las empresas concursantes venían concertándose para alterar los precios de mercado, extremo que se hubiese podido evitar si el jefe de la mesa de contratación hubiese remitido sus sospechas a la Comisión Andaluza de la Competencia, desde donde probablemente incoara expediente de sanción administrativa”, indica la Udef (Unidad Adscrita a juzgados, tribunales y fiscalía) en el informe que remite al juzgado de instrucción número 8 de Sevilla.
Según este nuevo informe, durante la investigación se han recabado “indicios suficientes” de que el jefe de la mesa de contratación “obvió una comunicación perceptiva para evitar que las adjudicatarias fuesen siempre las mismas, en el mismo orden y por el mismo precio máximo de licitación, en detrimento por tanto del interés público”.
En su informe anterior, la policía conectó la trama andaluza del cártel del fuego con la nacional. El juzgado número 2 de Sagunto (Valencia) ha estado instruyendo las investigaciones de una “colusión de empresas del sector aeronáutico”, un pacto entre una decena de empresas que se reparten el pastel de los concursos públicos de la lucha contra el fuego en España, Italia y Portugal. Al igual que en Andalucía, se les imputa el delito de alteración de los precios de concursos públicos en contra de los intereses de los consumidores.
Según la policía, las cuatro empresas andaluzas conforman “un porcentaje considerable de las empresas investigadas” a nivel nacional.
La hipótesis de favoritismo “pierde peso”
En el caso andaluz, la Udef subraya en su último informe que “la hipótesis que apuntaba hacia un claro favoritismo desde la Junta de Andalucía para con la compañía Faasa pierde peso”.
Los investigadores dejan a un lado la posibilidad de que un ex cargo político desviara fondos hacia la empresa y señala que Faasa ganaba los concursos “más que por gozar de trato privilegiado por parte de la Administración autonómica (lo que no se descarta del todo), porque en el reparto que se hacían los responsables de las distintas compañías, así lo acordaban”.
Precisamente para dar por concluida esa vía o no, la policía está estudiando las subvenciones que Faasa ha recibido en los últimos años. Quieren averiguar si la empresa aeronáutica se ha visto beneficiada con subvenciones y créditos públicos “a fin de hacerla más competitiva ante los concursos y licitaciones públicas”.
De momento, la Udef ha logrado reunir información sobre 33 ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a Faasa desde 2002 por un valor de 12.232.550 euros. Dos tercios de estas subvenciones, 8.270.219 euros, se han destinado a cursos de formación, mientras que el tercio restante ha ido a parar a proyectos de ampliación, modernización y fomento del empleo.
El 80% de las ayudas han sido concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Córdoba, mientras que las subvenciones de mayor cuantía proceden de la Agencia Idea, que le brindó casi tres millones de euros en 2008 y de la Dirección General de Formación, que le otorgó un millón de euros hace tres años.
Querella de Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción, que se ha personado en la causa como acusación, lamenta que “la Consejería de Medio Ambiente permita este presunto fraude en las adjudicaciones de los medios aéreos del INFOCA, en las que las empresas se han concertado para alterar el precio de las adjudicaciones, hasta llegar siempre por el precio máximo de licitación”.
Armando Cáceres, portavoz de la organización ecologista, recalca que este presunto delito se ha cometido “en perjuicio de los medios necesarios para la prevención de incendios forestales, que han sufrido serios recortes durante estos últimos años. Los recortes los han sufrido en particular los trabajadores del Infoca que trabajan a pie de monte, que no solo han visto mermados los recursos humanos disponibles, sino los medios técnicos imprescindibles para la extinción de los incendios”.
