Europa acusa a España de incumplir su “obligación” de proteger Doñana
La extensión ilegal del cultivo de la fresa es una amenaza y España no la está frenando. No son las acusaciones de una organización ecologista, sino de la mismísima Comisión Europea. En un dictamen motivado (el último paso antes de sancionarla), Europa critica con dureza al Gobierno español por permitir “la sobreexplotación de los acuíferos que abastecen de agua el Parque Nacional de Doñana”.
En un informe publicado en exclusiva por Público y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, la Comisión Europea carga contra las administraciones españolas que han permitido el agotamiento del agua subterránea de un espacio protegido de “extraordinaria importancia como área de cría e invernada de todo el continente europeo”.
Europa es tajante: España ha “incumplido” su obligación de proteger Doñana, al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de aguas subterráneas, los hábitats y las especies de Doñana. Tras recibirlo el 28 de abril, España tenía dos meses para responder. El plazo se cumple la próxima semana.
Faltan medidas de control
La Comisión Europea critica que “las autoridades españolas se han abstenido de aplicar y ejecutar las medidas de control e inspección que habrían sido necesarias para lograr disuadir a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales”. Añaden además que habría que “prohibir el regadío en las zonas más sensibles”.
Europa señala a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, órgano estatal que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como principal responsable del estado del acuífero. Según la Comisión, el Plan Hidrológico del Guadalquivir del período 2009-2015 obvió la “evidencia científica” de que el acuífero Almonte-Marismas se encontraba “sobreexplotado”, tal y como indicaba el Plan de Ordenación de Doñana. Lo clasificó como en “buen estado”, pero la Comisión sentencia que dicha clasificación “ha sido objeto de fuertes críticas por adolecer de importantes lagunas e incertidumbres”.
A pesar de que el lobby de los freseros, que defiende buena parte de los cultivos ilegales que están agotando el acuífero desde la Corona Norte de Doñana, suele apelar al Instituto Geológico Minero de España (IGME) para afirmar que el acuífero no se encuentra sobreexplotado, la Comisión recuerda que este organismo “ha publicado gran número de informes en los que se señala el grave deterioro que sufren extensas subzonas del acuífero”.
El IGME no ha sido el único organismo científico que ha alertado sobre el estado de las aguas subterráneas. La Estación Biológica de Doñana (CSIC) “ha detectado en el período de inundación de las lagunas temporales de la reserva una tendencia al acortamiento”. No es una cuestión de lluvias, sino de “sobreexplotación del acuífero que alimenta esas lagunas”.
Aunque la Comisión Europea exige responsabilidades al Reino de España y apunta al malogrado Plan Hidrológico del Guadalquivir del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, también pone en el punto de mira el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Junta de Andalucía.
Según el organismo europeo, el llamado Plan de la Fresa “no es suficiente por sí solo para resolver los problemas de sobreexplotación del acuífero y de degradación de los hábitats asociados”. La Comisión censura la vaguedad del documento, que no se hayan puesto en práctica ninguna de las medidas desde su aprobación en 2014 o que cuente con una dotación presupuestaria insuficiente para cerrar los pozos ilegales.
La extensión de los cultivos ilegales aparece como una “grave amenaza” para ciertos sectores de Doñana. La sobreexplotación de los acuíferos tiene un efecto directo sobre los hábitats de especies amenazadas como el águila imperial, el lince ibérico, la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca.
WWF: “La administración mira para otro lado”
En declaraciones a este periódico, Juan Carlos del Olmo, director de WWF en España, indica que el ultimátum de la Unión Europea “viene a corroborar lo que nuestra organización viene denunciando desde hace mucho tiempo: que las administraciones españolas están mirando para otro lado, cuando no trabajando a favor de la agricultura intensiva, y no están poniendo freno al espolio de agua. Europa ha dicho basta”.
Del Olmo lamenta que España vaya a terminar en el “Tribunal de Justicia Europeo por defender a un puñado de ilegales que roban el agua. Eso lo vamos a pagar todos los españoles. Doñana se encuentra en una situación muy grave, inaceptable. Esperamos que la presidenta de la Junta sea contundente con el lobby de los regantes, con los que se reúne este martes, y les diga que va a empezar a cerrar los pozos y las fincas ilegales”.
Tras hacerse público el contenido del informe europeo, la Consejería de Medio Ambiente le ha señalado a este diario que el Plan de la Fresa contó en su momento con un respaldo muy mayoritario en el Consejo de Participación de Doñana y que “en estos momentos se está comenzando a aplicar desde el estricto cumplimiento de la legalidad”.
Por su parte, fuentes de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Agricultura, han señalado que en lo que va de año han llevado a cabo 200 actuaciones contra regadíos ilegales y han cerrado 42 pozos de los 2.000 que esquilman el acuífero. Apenas un 2%.
