El Estado desestima el recurso de Ecologistas contra el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana

El Ministerio de Energía, Industria y Turismo ha desestimado la solicitud de suspensión inmediata presentada en recurso de alzada por la asociación conservacionista Ecologistas en Acción contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Gas Natural la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública al proyecto denominado 'Marismas Occidental', en el entorno del espacio natural de Doñana, consistente en el almacenamiento subterráneo de gas natural en la comarca y la creación de las infraestructuras necesarias para ello.

Según ha precisado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, el Ministerio considera que el recurso “no responde al interés general”. Con este fundamento, y argumentando que la advertencia de la organización ecologista de que la ejecución del proyecto causaría perjuicios posiblemente irreversibles a Doñana “no basta por sí sola si no va acompañada de una prueba sobre el alcance y efectos que conllevaría en el medio ambiente el almacenamiento subterráneo de gas en la comarca”, el Estado ha resuelto desestimar la acción.

El proyecto aprobado por el Ministerio consiste en una infraestructura gasística ubicada en la comarca de Doñana, perteneciente a un macroproyecto con el mismo promotor, Gas Natural, a ejecutar en un mismo territorio en el que confluyen espacios protegidos y terrenos del entorno en la comarca de Doñana.

Este proyecto ha sido, sin embargo, dividido en cuatro partes fragmentadas territorialmente, interconectadas entre sí y dependientes unas de la ejecución de las otras. Entre estos cuatro proyectos, dos no han sido aprobados por situarse en la Red Natura 2000, uno sí se aprobó por estar fuera de ella, y el de 'Marismas Occidental', del que ha sido recurrida su autorización, se encuentra una parte en Zona de Interés Comunitario Doñana Oeste-Norte y contigua al espacio natural.

El proyecto consiste básicamente en 16 nuevos sondeos, 13 gasoductos de interconexión y el almacenamiento del gas en los pozos agotados y su impacto, según los ecologistas, no ha sido evaluado en su conjunto, “careciendo de un análisis de afecciones sinérgicas, lo que ofrece dudas científicas no resueltas sobre las posible consecuencias y el impacto final en el espacio natural de Doñana y su entorno, así como las afecciones a la Red Natura 2000”.

En vista de que la evaluación de impacto ambiental “adolece de la precisión necesaria para disipar cualquier duda científica razonable”, Ecologistas en Acción presentó el recurso de alzada en plazo, solicitando la suspensión de la resolución e invocando el principio de precaución para garantizar la protección del medio ambiente en caso de riesgo, “un principio que rige las políticas de la Unión Europea cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con la certeza suficiente”.

A ello suma la organización ecologistas que existe jurisprudencia que no permite que una autoridad nacional, aun si es legislativa, autorice un plan o un proyecto sin haberse asegurado de que no perjudicará la integridad del lugar afectado, ha precisado Romero.

“El Ministerio, que dice haber ponderado los intereses de la empresa y los intereses de la organización recurrente, se ha decantado por el interés empresarial, haciendo la declaración de utilidad pública, en detrimento del espacio protegido de Doñana, la Reserva de la Biosfera declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y su comarca”, lamenta.

PIDE “CONTUNDENCIA” EN LA OPOSICIÓN

Por ello, Ecologistas estudia la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro del plazo de dos meses de que dispone contra esta desestimación, y no entiende “las prisas de un Ministerio que está en funciones para poner en marcha un proyecto de infraestructura gasísitica en una zona sensible como Doñana”.

“El hecho de haber iniciado ya el procedimiento de expropiación convocando a los afectados para el próximo mes de julio en el Ayuntamiento de Almonte denota cierta urgencia que pone en duda que se respeten los dos meses de plazo para responder que tiene Ecologistas en Acción, con la previsible acción fundamentada en política de hechos consumados”, ha agregado el portavoz del colectivo en el Consejo de Participación de Doñana.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Andalucía, al Consejo de Participación de Doñana y a los Ayuntamientos afectados, que sean “contundentes” en su oposición al proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana e impidan que la comarca se convierta en “una infraestructura industrial al servicio de una empresa en detrimento del interés general”.

“La administración autonómica, la administración local y los órganos de participación deben oponerse al proyecto de gas en Doñana, para su preservación como Patrimonio de la Humanidad y santuario de la vida salvaje”, apostilla la asociación.