Uno de cada tres pueblos se ha adherido ya al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda
Los problemas de vivienda y el riesgo de desahucio de muchas familias han motivado la adhesión de 229 municipios al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía, un 30% de los municipios andaluces. Una de las últimas incorporaciones, el Ayuntamiento de Coria del Río (gobernado por PA, PP e independientes), ha sometido a votación plenaria la declaración del municipio como libre de desahucios de primera residencia a iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presentará el propio alcalde. Sin embargo, los consistorios también están desarrollando iniciativas propias como Dos Hermanas, que ha planteado medidas antidesahucios como expropiaciones temporales de viviendas, o Alcalá de Guadaíra, que se ha declarado Ciudad contra los desahucios y recoge medidas como la no actuación de la Policía Local en órdenes de desalojo.
La sesión plenaria que incluyó a Coria en el plan andaluz –la medida se aprobó por unanimidad– no acordó, sin embargo, otras medidas como la adhesión al Fondo Social de Viviendas (FSV) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ni el rechazo al recurso de incostitucionalidad del Gobierno central contra el decreto ley regional. El consistorio sevillano, sí se ha declarado como municipio libre de desahucios este jueves, sólo con la abstención del PP, en una moción que recogió una enmienda de IU para estudiar la posibilidad legal de que la Policía Local no actúe en Coria en ningún caso de desahucio. La localidad estudia además otras iniciativas que pueda asumir junto a la PAH, a quien cederá un local como punto de información ciudadana.
El plan andaluz ha evitado 3.261 desahucios en un año
Hasta ahora al plan coordinado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que afirma haber evitado 3.261 desahucios en un año de funcionamiento, se ha adherido un 30 por ciento de los ayuntamientos andaluces, de las ocho provincias, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, entre otras entidades. La consejera Elena Cortés destacó días atrás el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación temporal hasta tres años de residencias embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social.
El resultado cosechado hasta ahora reivindica, según Cortés, “la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”. Una atención, en todo caso, “paliativa”, pues “los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo soporta no legisle a su favor”. La “herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la consejería andaluza del ramo es, explica Cortés, la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía el mes de octubre que sirve para incidir “en el comportamiento del mercado a favor de las familias” aunque, puntualiza, “la situación de alerta persiste”.
Dos Hermanas estudia expropiaciones temporales
En otros casos, como en el caso de los dos mayores municipios sevillanos, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, también se han adoptado medidas antidesahucio. En el primero se rechazó en pleno el recurso del PP al decreto Ley andaluz de vivienda, moción de IU a la que el PSOE añadió un punto para buscar la viabilidad jurídica de que el Consistorio de Dos Hermanas expropie temporalmente el uso de aquellas viviendas hipotecadas en las que se pueda producir el desalojo de sus inquilinos.
Esta propuesta se aplicaría al menos durante los cinco meses de suspensión cautelar de la iniciativa autonómica y, el gobierno local informó que la basaba en las competencias municipales en vivienda y en la posibilidad de aplicar un sistema que priorice la negociación. Todos los grupos (PSOE, PP e IU) votaron a favor de la misma, aunque días después los populares emitieron una nota de prensa para rechazarla de manera “unánime”.
Alcalá, 'ciudad contra los desahucios'
Por su parte, Alcalá de Guadaíra ha sido declarada Ciudad contra los desahucios. El ayuntamiento aprobó una propuesta del Movimiento 15M en la localidad, llevada a pleno por IU y que obtuvo los votos favorables de PP, PA y la federación de izquierdas, y el contrario del PSOE. Esta iniciativa propone la revisión de los protocolos de actuación de la delegación de Servicios Sociales ante ejecuciones hipotecarias o, entre otras, la solicitud de colaboración judicial para la suspensión de estos lanzamientos cuando se deban a motivos económicos y sea la vivienda única y habitual de la familia afectada.
La propuesta recoge también medidas como que la Policía Local no actúe en órdenes de desahucio, la garantía de realojo en una vivienda de alquiler social, la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a pisos vacíos y propiedad de entidades financieras o exigir la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas a los bancos que operan en Alcalá. La declaración de Ciudad contra los Desahucios propone, cuando no se reciba respuesta positiva, que el ayuntamiento retire sus fondos de estas oficinas financieras y busque otras alternativas bancarias.
