La reforma local abre la puerta a la gestión privada del medio ambiente
El servicio del agua potable, el tratamiento de los residuos
o la limpieza urbana son los aspectos que inciden más en el cuidado del medio
ambiente de cada municipio. Ahora, la protección del medio ambiente se ve de lleno
afectada con la reforma de la administración local que prepara el Gobierno y que
abre la puerta a la gestión privada de estos servicios.
El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de julio y sobre
el que acaba de terminar el plazo de presentación de enmiendas por parte de los
grupos del Congreso, abre la puerta en su propia exposición de motivos la
participación de la iniciativa privada en la gestión de servicios públicos de
los ayuntamientos. También, en los servicios que tiene que ver con la
protección del medio ambiente.
Bajo el paraguas de la eficiencia económica y el lema “una
competencia, una administración“, la reforma de la administración local posiblemente
dejará en manos de los ayuntamientos las competencias sobre la gestión de los
residuos, la limpieza urbana o la gestión del agua. “Una cosa es que sigan
siendo competencia propia del ayuntamiento, pero eso no implica que se tenga
que hacer con servicios públicos sino que podrán ser gestionadas por empresas
privadas“, explica a eldiario.es/andalucia el profesor de Derecho Constitucional
experto en Medio Ambiente, Ángel Gómez Puerto.
“Y esta ley anima a que sean gestionados por empresas
privadas“, añade. La cuestión central es que el proyecto de ley de la reforma
de la administración local que ahora se encuentra en trámite parlamentario
introduce los criterios de eficiencia económica en la gestión de estos
servicios. La concepción da así un giro radical. “Hasta ahora la concepción era de servicio público
universal, de una obligación colectiva que deriva del artículo 45 de la
Constitución que habla de que todos tenemos derecho a un medio ambiente y, por
tanto, las administraciones tienen una obligación colectiva de proveer todos
los servicios públicos para que se atienda a ese objetivo“, apunta.
Pero esa obligación se topa de lleno con la financiación de los
propios ayuntamientos, más en un momento de crisis y déficit en las arcas
municipales como el actual. Y así, con competencias pero sin financiación, la
puerta se abre a la entrada de empresas privadas para gestionar los servicios
que tienen que ver con la protección del medio ambiente urbano.
“El usuario pasa a ser cliente”
“El usuario pasa a ser cliente”
El proyecto de ley va a facilitar la entrada de la
iniciativa privada para gestionar los servicios con criterios de eficiencia económica, algo
que puede acarrear varias consecuencias. “En primer lugar, los trabajadores de
esos servicios públicos que vayan a ser gestionados por empresas privadas van a
tener peores condiciones salariales. Y en segundo lugar, otra consecuencia será
que el usuario final de esos servicios, la ciudadanía, va a pagar más. Las
tarifas públicas actuales, lo que pagamos por el agua, el saneamiento público,
la recogida de basuras, etc necesariamente se verán incrementadas“, asegura
este experto.
Parece obvio que una empresa privada tiene por naturaleza
ánimo de lucro y trabaja para obtener una cuenta de resultados positiva. Si su
cometido puede ser ahora, con la reforma de la administración local, gestionar el
agua, la basura o la limpieza de una ciudad, “lógicamente tendrá que tener
beneficios. Y no hay otra forma de obtenerlos que pagar menos a sus empleados y
cobrar más a sus usuarios, que podrán llegar a llamarse clientes. No usuario de
un servicio, sino cliente de una empresa“, advierte Gómez Puerto.
El Medio Ambiente como un bien colectivo o un negocio
El Medio Ambiente como un bien colectivo o un negocio
La capacidad, no obstante, sigue estando en los recursos y
la financiación que para estos servicios se dispongan. Y ahí la reforma de la
administración local juega un papel fundamental. En ese sentido, “es un
proyecto de ley que viene a incidir negativamente sobre el principio
constitucional de autonomía de las entidades locales“ y modifica sustancialmente
la Ley de Base de Régimen Local de 1985. Y eso, aplicado al medio ambiente,
hace que su protección “queda más debilitada”.
“El medio ambiente es un bien colectivo y los poderes públicos
tienen una indispensable obligación, como dice la Constitución, de proteger el
medio ambiente porque los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un entorno
saludable, con un medio ambiente protegido“.
Pero esa obligación la tienen las
administraciones. Si quien presta el servicio es una compañía privada, esa
lectura puede ser muy distinta. “En cuanto entren compañías privadas a
gestionar, obviamente, se deteriorarán los servicios y los ciudadanos tendremos
menos protegidos el medio ambiente“, asevera el profesor Gómez Puerto.
Protección del Medio Ambiente en ciudades y entorno rural
Protección del Medio Ambiente en ciudades y entorno rural
Así, el proyecto de ley establece dos grandes bloques de las
competencias que en materia medioambiental quedará en manos de los
ayuntamientos: uno habla del medio ambiente urbano como son los parques y
jardines públicos, la gestión de residuos y la protección de la contaminación
acústica y atmosférica. Un segundo bloque se centra en todo lo relacionado con
el tratamiento del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales.
“El caballo de batalla de la protección del medio ambiente
está en las grandes urbes“, afirma este profesor de Derecho Constitucional.
Y
es que en los entornos urbanos grandes el impacto del ser humano es mayor y es
a hí donde “se concentra la mayor obligación. Ahí es los ayuntamientos grandes
tienen que tener más esfuerzos y los ciudadanos tenemos que tener una mayor
contribución“.
El número de vehículos, la cantidad de residuos generados o la
complejidad del abastecimiento de agua hacen que los servicios locales para
cuidar el medio ambiente sean “más sencillos” en un municipio rural que en una
gran ciudad.
La apuesta por el empleo verde
La apuesta por el empleo verde
La crisis económica parece haberse cruzado también en los
propósitos de hacer del medio ambiente un motor económico de desarrollo. Es una
materia que “se ha dejado de lado. No está en la agenda política institucional.
No hay ni un ministerio específico de medio ambiente“, hace notar Gómez Puerto.
Y, a su juicio, si se quiere hacer que el Medio Ambiente sea un motor de
desarrollo y genere empleo verde, “las
administraciones tienen que apostar por servicios públicos fuertes y potentes
que puedan generar además empleos indirectos. Si un gobierno o ayuntamiento quiere
introducir novedades técnicas o de investigación en sus servicios de aguas o
residuos, eso a su vez generará que empresas auxiliares se desarrollen en esas
materias“.
Con la consecuente creación de puestos de trabajo que ello
conllevaría.
Así, el medio ambiente se presenta también como un posible
nuevo modelo de desarrollo, caducos y con malos resultados ya otros como el del
sector de la construcción. “No todos los modelos de desarrollo valen y es
esencial para introducir un nuevo modelo en un futuro que se tenga en cuenta la
variable ambiental“.
