Sánchez Rubio: “Me temo que el Gobierno está planteando la privatización de las políticas sociales”

Dice María José Sánchez Rubio (Casarabonela -Málaga-, 1954) que empezó a usar las redes sociales durante su etapa como diputada en el Congreso con el Gobierno de Zapatero para establecer mayor contacto con asociaciones y entidades. Una de las consejeras más tuiteras (más de 11.000 seguidores), con amplia experiencia en el ámbito social, presume de llevar sus redes y se enerva al hablar de la violencia de género, una materia que ha heredado del departamento de Justicia. Y recuerda escuchar de pequeña en su casa 'El preso número 9', de Joan Baez, aquel que “mató a su mujer y a un amigo desleal”, “como la cosa más normal del mundo”.

Recién llegada de Madrid (del último Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia antes de la disolución de las Cortes), atiende a eldiario.es/andalucia en su despacho del Parlamento de Andalucía. La primera pregunta, por sus conocidos roces en esta materia con el Ejecutivo de Rajoy a cuenta de la financiación de la dependencia, es obligada.

¿Qué tal el Consejo? ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo en la forma de sufragar la dependencia?

Para nosotros era muy importante que finalmente se creara un grupo para evaluar la aplicación de la ley, de la que el año que viene se cumplen ya diez años, y para ver cómo ha quedado finalmente el texto después de los distintos decretos ley que se han ido introduciendo, casi todos de recortes, por cierto. Y para ver también cómo se encuentra el sistema de financiación, porque en Andalucía estamos corriendo con el 78% del coste de la ley cuando debería ser el 50%, y eso es bastante insostenible. Hay que ver la sostenibilidad del sistema a nivel global en España. Por otra parte, nos parece totalmente insuficiente el presupuesto para el año que viene en dependencia moderada, a no ser que sean partidas ampliables, como nos ha dicho el ministro.

A expensas de si esas partidas se amplían, ¿qué planteamiento tiene el Gobierno central para hacer sostenible el sistema de servicios sociales?

Nos ha parecido importante que se ampliara el debate y el análisis sobre el espacio sociosanitario. Desde Andalucía tenemos que reforzar el pilar del sistema sanitario y el pilar del estado del bienestar. Por eso tenemos ya en trámite la Ley de Servicios Sociales, porque si no, se prima más el tema sanitario que el social, y son dos realidades totalmente diferentes. Cuando una persona que tiene una discapacidad grave está en el sistema sanitario, necesita estar atendida por el sistema sanitario, igual que cuando está en el sistema educativo necesita una educación inclusiva. No hay que crear un sistema que segregue a esas personas de los sistemas normalizados. En esos espacios de necesidades sociales y también sanitarias se requiere una coordinación, reforzando cada sistema.

¿Y no está por esa labor el Ministerio?

Nos tememos que lo que se plantea aquí por parte del Ministerio sea de alguna forma una manera de privatizar, puesto que en el ámbito de las políticas sociales se gestiona más a través del tercer sector. Si se derivan a estas personas mayores y a personas con cronicidad a este sistema nuevo, se establecería la aportación del usuario y por tanto el copago dentro del propio sistema, cosa que en sanidad no existe, porque aquí la sanidad es universal, es pública y es gratuita.

¿Qué opinan ustedes y el resto de comunidades presentes en el Consejo Territorial?

El equilibrio de fuerzas a nivel de partidos políticos ha cambiado completamente desde las últimas elecciones. Conviene que las comunidades que tenemos planteamientos diferentes podamos hacer un análisis de todo esto porque es un riesgo cierto. Dice mucha gente que la mayoría de las personas que están en los hospitales son mayores, que están ocupando plaza de hospital cuando tendrían que estar en otro lugar, etc... Bueno, depende. Es lógico que haya gente mayor en los hospitales, pero debe establecerse que el que tenga una serie de características esté aqui y no aquí. Es un riesgo tal y como lo plantea el Ministerio. Hemos decidido seguir profundizando en este asunto, porque hay incluso comunidades gobernadas por el PP que también lo han visto así. Es un tema muy delicado y es necesario resolverlo. Hay un escalón, digamos, en el paso del hospital al domicilio, que no se cubre bien. Hay que buscar una solución intermedia. Pero eso es una cosa, y crear otro sistema, es otra.

¿Qué se propone desde Andalucía a este respecto?

Fortalecer el sistema sanitario, consolidar el sistema social que en absoluto lo está y poder tener, cuando se tenga necesidad, un recurso adecuado para cada persona (una estancia diurna, una atención domiciliaria, una residencia, etc.). Tenemos que tener fortalecidos los sistemas y buscar ese espacio. En Andalucía estamos buscando y viendo alguna experiencia que nos permita materializar esa coordinación en ese tránsito. El mapa de las comunidades no va a cambiar después del 20 de diciembre y sabemos que este tema o se resuelve bien o puede ser que el sistema social sea engullido por el sistema sanitario, y es algo que preocupa.

Nombraba antes la futura Ley de Servicios Sociales. ¿Cómo se presenta su debate ante el nuevo Parlamento andaluz? ¿Tendrá mayor consenso que el que se está viendo últimamente en la Cámara?

Aún no ha pasado por el Parlamento, donde nos vamos a encontrar más grupos políticos con más opiniones. Habrá que debatirla. En la Ley de Igualdad, por ejemplo, yo destacaba sobre todo el valor de la sociedad civil que pasó por la comisión donde se preparó. En la de Servicios Sociales ya ha habido muchísimas alegaciones y se han incorporado bastantes. Es la ley básica para consolidar el sistema público de servicios sociales en Andalucía. Los servicios sociales están ahora mismo amenazados por la aplicación a finales de año de la reforma de la Ley de Régimen Local, que dice que los servicios sociales son competencias impropias de los ayuntamientos.

¿Para cuándo prevé esa nueva ley y qué novedades destacaría?

Pues actualmente estamos funcionando con la ley de 1988 y eso nos ha permitido, por ejemplo, garantizar que los ayuntamientos sigan prestando la ayuda a domicilio. Ha habido muchos cambios y está desfasada. La dependencia es una parte de los servicios sociales y ahora hay que incorporarla. La ley también contemplará la 'historia social única', un instrumento que va a permitir unificar la información social de cada personas y que, además, tengan su 'tarjeta social' igual que tiene la sanitaria. Es una ley ambiciosa. Mi intención es que esté al menos antes del final del próximo periodo de sesiones.

¿En qué se está centrando su Consejería para luchar contra la violencia de género?

Es prioritario atender y proteger a las víctimas y a sus hijos pero, sobre todo, prevenir. Vamos a seguir en esa línea y en la coeducación, que es vital. La prevención es fundamental. No se ven resultados inmediatos, no es la inmediatez del 'la iba a matar y no la mató', pero hemos notado un bajón en todo lo que tiene que ver con la igualdad, en los discurso, en carteles igualando los tipos de violencia. El problema serio y grave es que no hemos sabido transmitirle ni a la sociedad ni a la clase política que la violencia de género tiene sus propias particularidades. No es una violencia como las demás y se ejerce por el hecho de entender que las personas no son iguales. Cuando se hizo la ley, en 2004, la gente no sabía lo que era la violencia de género.

¿Cómo cree que podría implicarse de alguna manera al hombre para evitar más crimenes machistas?

El problema es la educación. Nosotros trabajamos a través del Instituto Andaluz de la Mujer y del Institutio Andaluz de la Juventud, sobre todo entre adolescentes, para distinguir qué es querer a una persona y qué no lo es. Hay una percepción errónea de lo que es querer, en el sentido de la propiedad sobre la pareja y sobre las mujeres que hay que corregir. En la adolescencia hay que luchar mucho en esa prevención.

¿No cree que aún hay en la sociedad (en televisión, en la publicidad, en las calles) estímulos que no colaboran en combatir ese tipo de violencia?

Eso es como la droga o las adicciones. Tú no puedes evitar que estén los estancos, el alcohol o las máquinas tragaperras. Tenemos que educar en el consumo a la gente haga un uso responsable o ningún uso de ello. Una vez que tienes que convivir con tantos estímulos que te inducen a otra cosa y es necesario contrarrestarlos. Es escalofriante cómo a veces los padres descubren que sus hijas sufren esa violencia. La prevención es vital y hay que reforzarla presupuestariamente. No se previene con el aire. Hay que hacer campañas de concienciación que se dejaron de hacer. Por parte del Gobierno de España se ha reducido de manera ostensible las partidas destinadas a luchar contra la violencia de género.

Algunos sindicatos, entidades sociales y partidos como Podemos no han entendido que la Junta no apoyara las iniciativas para la renta básica que se plantearon vía parlamentaria y que, al tiempo, el PSOE llevara un planteamiento similar a nivel estatal. ¿Qué puede comentar al respecto?

El PSOE en el programa electoral lleva lo que se llama 'íngreso mínimo vital', que se ha trabajado mucho. Todavía hay gente que considera eso un regalo. ¿Por qué no tramitamos aquellas propuestas? Pues fundamentalmente porque estamos trabajando ya con base a unos acuerdos del grupo de trabajo del Parlamento y, además, han entrado en un momento en que a nivel presupuestario no se podía abordar. Si podemos verlo vinvulado a una renta de carácter estatal, mejor, porque el planteamiento que nosotros hacemos en cuanto al sustitutivo de pérdida de renta del trabajo es que lo cubra el Ministerio como una prestación vinculada a la pérdida de empleo. Sería un complemento que se cubriría vía Seguridad Social mientras las comunidades autónomas llevaríamos, digamos, la parte social.

Al final de la pasada legislatura, IU planteó una ley autonómica contra la homofobia. ¿Tiene pensado el PSOE retomar este asunto en el Parlamento andaluz y seguir el ejemplo de Cataluña?

Nosotros queremos retomar a nivel nacional una ley de igualdad de trato que se quedó pendiente del mandato de Zapatero. Y aquí vamos a trabajar con los colectivos que están sufriendo especialmente estos delitos de odio para ver qué sistemas tenemos para prevenir. Lo haremos a través del IAJ porque creemos que es importante llegar a los chavales, a la escuela, para el respeto a las diferencias. Hay que hacerlo extensible y ponerlo en la agenda pública. El otro día decía que había hecho más por quitar algunos estereotipos de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas el beso de la pareja que se casó en Jerez que cualquier campaña. También retomaremos contacto para luchar contra la transfobia.

¿Están centrándose entonces en potenciar el trabajo con los jóvenes para educar en valores de igualdad?

Con la gente adulta hay que trabajar también, pero es distinto. La sensación que tengo es que se han producido determinados pasos atrás en la gente joven. Antes era una lucha, un objetivo a conquistar, y ahora una especie de retroceso. Contra el ciberacoso, por ejemplo, se pretende intervenir con las personas no ya cuando se ha cometido un delito, que también, sino cuando se está produciendo una situación en la que se detecta desde el punto de vista psicológico de mujeres que están en las redes de la que no están siendo conscientes