Peritos del Ministerio de Economía, sin datos ni tiempo para acabar un informe para el juzgado de los ERE
“Sería necesario tener acceso a documentación en poder de los anteriores peritos” y arbitrar “las medidas necesarias” para acceder a la información “donde se encuentre”. Así de perdidos parecen estar los nuevos peritos de la Dirección General de Seguros, dependientes del Ministerio de Economía, encargados de realizar el informe pedido hace cinco meses por la jueza María Núñez Bolaños, que instruye la pieza separada del caso de los ERE correspondiente con las supuestas sobrecomisiones cobradas por las compañías de seguros y a las entidades mediadoras en los ERE tramitados por la Junta.
La Dirección General de Seguros ya detectó en los ERE financiados por la Junta el pago de un exceso de 66,1 millones de euros en comisiones por encima de la media de mercado. Los inspectores analizaron las pólizas pagadas por la Junta entre 2000 y 2011 y concluyeron que se pagaron “comisiones significativamente superiores a la media de mercado”, que estaba situada en el 2% en el periodo analizado. “Se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10%”, dijeron los expertos del Ministerio.
La magistrada solicitó a los peritos de la Dirección General de Seguros el pasado mayo que ampliaran aquel informe “aportando y concretando la totalidad de las actuaciones en virtud de las cuales han concluido que es el 2% la comisión de referencia”. A finales de septiembre, Bolaños le insistía al Ministerio, a instancias de la Fiscalía, que “a la mayor brevedad posible” remitieran lo interesado e indicaran “las causas que impidan su cumplimiento”. Pero los nuevos peritos piden información sobre lo que hicieron los antiguos para hacer el informe.
En concreto, en sendos telefax enviados al juzgado sevillano los días 5 y 6 de octubre, los peritos señalan que “de los documentos entregados por el juzgado no se podría llegar a ninguna conclusión por la ausencia de documentación pertinente para su análisis”, apuntando que sería necesario pedir información a “las entidades aseguradoras más significativas” como Mapfre o Vida Caixa.
Además dicen: “con todo el respeto, el ejercicio del cargo de peritos no se está realizando de forma exclusiva ya que no hemos sido eximidos del desarrollo de las tareas habituales encomendadas como funcionarios de la Dirección General de Seguros, que nos requieren gran cantidad de tiempo y por ello hemos tenido que simultanear ambas encomiendas”.
Asimismo, al margen de pedir acceder a “información obrante” en la Dirección General de Seguros y remitir el informe solicitado sobre el asunto de las comisiones cobradas por las mediadoras de seguros, señalan que en el caso del informe correspondiente a las pólizas del seguro colectivo suscritas por Yogures Andaluces “para darlo por finalizado se están realizando los trámites oportunos para contestar y justificar las cuestiones que han sido planteadas”.
Con todo, los peritos toman nota de la urgencia de lo solicitado y aseguran que lo remitirán “a la mayor brevedad posible”.
Por otra parte, Núñez Bolaños también ha reclamado información a la compañía Generali España de Seguros y Reaseguros sobre las pólizas de rentas de prejubilación donde se hayan pagado comisiones del mediador superiores al 5%, atendiendo así la petición realizada por la defensa de un sindicalista de UGT a raíz de la declaración testifical prestada el pasado 27 de junio por el consejero delegado de Generali España Seguros y Reaseguros.
Recientemente se conoció una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado que la Junta no tiene derecho a que le sean devueltos los gastos pagados como comisión a las compañías de seguros y a las entidades mediadoras en los ERE tramitados antes de la entrada en vigor del Decreto-ley 4/2012.
