Un tercio de españoles cambiaría, con más información, su apoyo a la prisión permanente revisable

¿Qué sentido tiene que el nuevo Código Penal que se aprobará el jueves en el Congreso de los Diputados valide la prisión permanente revisable en España si el marco legal actual sustenta condenas más duras, de hasta 40 años, que en otros países? ¿Qué sabe y qué piensa la población española acerca de la cadena perpetua, del sistema penal español, de la situación de las cárceles y del cumplimiento de condenas? Un estudio realizado a nivel estatal ha hilado esas variables y sus diferentes conclusiones son bastante contundentes, entre ellas que hasta casi un tercio de la ciudadanía variaría su consideración favorable a la prisión permanente revisable cuando se le invita a reflexionar sobre ello y se le aporta cierta información.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en colaboración con herodato.com, ha elaborado el informe técnico 'La sociedad española frente a su sistema penal' en el que se concluye que más de la mitad de la población se muestra contraria a la “cadena perpetua revisable” (APDHA considera “eufemístico” el término usado por el Gobierno, cuya propuesta saldrá adelante por la mayoría del PP). El respaldo mayoritario del 70% a la prisión permanente revisable, tanto en este estudio como en sondeos metroscópicos anteriores, baja al 47,6 % cuando al entrevistado se invita a la reflexión y se le informa, por ejemplo, de que el coste/año de un preso es de 30.000 euros.

Un 30,8% cree que sería mejor que, en lugar de soportar ese gasto en los presos condenados a cadena perpetua, se tomaran otras medidas para su reinserción, es decir, cambia su posición “por una cuestión meramente presupuestaria”. ¿Cuánto más se podría cambiar una postura a favor con más información?. Ni en el informe ni APHA tiene respuesta pero la experiencia que se recoge en el amplio informe presentado este martes en Sevilla parece dejar abierta la respuesta a una alta probabilidad. La asociación insiste, y para ello se apoya en su trayectoria y en estudio, en que “la aportación de información sobre el encarcelamiento y sus consecuencias en los presos modifica radicalmente la concepción de la ciudadanía”.

Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA, ha resaltado “lo peligroso” que es hablar de conceptos como cadena perpetua ya que entiende que “el siguiente paso” sería valorar la aplicación o no de la pena de muerte en España. “¿Hasta cuándo nos vamos a dejar llevar por un sentimiento infundado?”, se ha cuestionado, indicando que la aprobación del nuevo sistema penal en España obedece a una “cuestión electoralista” y a trasladar una “sensación de inseguridad” entre la población, alimentada en parte por los medios de comunicación, según ha comentado. Tanto el nuevo código como la denominada ley de seguridad ciudadana serán aprobadas este jueves, según consta en el orden del día previsto para el pleno del Congreso de los Diputados.

Según se desprende del informe, un 30,4% de la población española está en contra de la “cadena perpetua revisable”, lo que muestra una tendencia positiva respecto al 'no' hacia esta medida que se viene dando en diferentes encuestas realizadas desde 2008 (Sigmados, 2008; Metroscopia, 2009; Simple Lógica Investigación, 2012; Metroscopia, 2015), aumentando en 15 puntos la población que está en contra de la misma. APDHA deduce que, cuanto más informada está la población, más en contra está de la aplicación de la prisión permanente revisable impulsada por el Gobierno del PP.

Juan Antonio Domínguez, coordinador técnico del estudio y que desempeña su labor profesional como estadístico en la administración pública, ha destacado que, en muchos aspectos, la percepción social del sistema penal “no está sintonía con la realidad”. En este sentido ha explicado que existe un alto desconocimiento en cuanto a la estancia máxima posible en prisión en España. Solo el 7,3% de personas conoce que es posible la inexistencia de límite de cumplimiento (cadena perpetua de hecho) si se han cometido diversos delitos. Apenas un 7,1% acierta o se acerca en diez años al límite máximo de condenas acumulables, mientras que directamente un 39,4% afirma no saber cuál es el número máximo de años.

Delitos graves, fugas y reincidencia

El “desconocimiento” de la realidad de las cárceles es otra de las cuestiones analizadas y que redunda en la percepción social del sistema actual, ya que, según los presentadores del informe, se tiene “una creencia errónea del porcentaje de delincuencia más grave”. El 27,1% de los encuestados desconoce el porcentaje de condenados por delitos de homicidio, asesinato o contra la libertad sexual y, entre los que indican un porcentaje, lo más frecuente es situarlo por encima del 25% de los condenados (atendiendo a la población acumulada, la mitad opina que es superior al 10%). La realidad, según ha explicado Domínguez, es que es el procentaje es mínimo, inferior al 2% del total. Sólo un 12,5% de la sociedad desconoce el bajo porcentaje que representan los delitos más graves respecto al total de delitos.

La población tiene la sensación de que los presos se fugan con facilidad y menos de la mitad de los entrevistados (40,5%) tenían una creencia en sintonía con la realidad. Y es que el índice de fuga es 0,51%. Un 19,8% de los encuestados manifestó desconocimiento y existe un alto porcentaje acumulado de personas que indican que el índice sería superior al 10%.

Entre otras conclusiones, más de la mitad de las personas opinan que la reincidencia en delitos de homicidio o asesinato y contra la libertad sexual respecto al resto de delitos es superior o muy superior. Solo el 4% conoce la realidad, ya que dicha reincidencia es muy inferior. La APDHA determina, entre otros muchos aspectos, que los datos del estudio confirman el “radical desconocimiento” que tiene la sociedad española en referencia al sistema penal y la situación de las cárceles españolas.

La ciudadanía considera injusta las penas del Código Penal establecidas para la baja delincuencia. Más de la mitad de los entrevistados cree que la condena más justa para un tirón de bolso en que la víctima cae al suelo sin causar lesiones es la de trabajos en beneficio de la comunidad (53,4%). Solo el 6,9% considera justa la pena de prisión del Código Penal de 2 a 5 años, lo que denota que la ciudadanía considera muy duras las penas impuestas en nuestro país para este tipo de delitos.

España es el tercer país más seguro de la UE y tiene la segunda tasa de encarcelamiento de Europa, una situación que determina la “petición injustificada” de mayores penas, según la asociación. Agarrándose el estudio (cuya ficha técnica se puede ver en las primeras páginas del informe), APDHA entiende que “si la ciudadanía conociera los datos reales, seguramente tendría otra opinión sobre temas de vital importancia en materia de derechos humanos como es la aprobación o no de la 'cadena perpetua revisable'”, concluyen del estudio.