Andalucía primará que se contrate a los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad
El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar este martes un nuevo decreto de medidas extraordinarias y urgentes para luchar contra la exclusión social, con el que se quiere mejorar el contenido del que está en vigor desde hace casi un año, el 7/2013. Entre las novedades figuran medidas para potenciar que las empresas contraten a los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, también conocido como salario social y que pretende suplir la falta de una renta básica prevista en el Estatuto de Autonomía y todavía pendiente de ser desarrollada. Unas 55.000 personas la reciben en virtud de este decreto.
De todas maneras, se pretende potenciar que ese salario social esté vinculado a un empleo, para no excluir definitivamente del mercado laboral a estas personas, una intención que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ya anunció en el pleno del Parlamento de Andalucía y que tomará forma con el nuevo decreto. Se articularán para ello medidas para que las empresas contraten a estas personas por el equivalente a ese ingreso mínimo de solidaridad, que reciben las familias que han agotado todas las prestaciones y que ronda los 400 euros. “Es un elemento novedoso que avanza en la cuestión de la dignidad de estas personas”, ha resumido este lunes el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.
Por otra parte, se incluirá una partida en torno a los cinco millones de euros que recibirán los consistorios para poder hacer frente a los recibos de los beneficiarios del programa que no puedan pagar servicios básicos como la luz y el agua, un compromiso que habían adquirido la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales el pasado año y que finalmente se ha incluido el decreto.
Su titular, el consejero Diego Valderas, ha destacado de la norma “la apertura de un camino para la atención de los suministros vitales en vía de urgencia”, así como abrirlo a la participación de las administraciones locales. Pero ha insistido en que no renuncia a que en el futuro sea por ley. No se ha atrevido a garantizar que se apruebe este martes porque todavía se está trabajando en el texto. “Si es posible, mañana irá al Consejo de Gobierno y si no, sería la próxima semana (...). Hay cierta premura y la voluntad es que sea de carácter inmediato”, ha apostillado.
Según datos de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, a finales de 2013 se habían beneficiado más de 150.000 personas de estas medidas, 17.000 de ellas menores a los que se les ha garantizado tres comidas diarias en sus centros escolares, además de 55.000 familias que perciben el salario social. En realidad, ese decreto ya incluía medidas para potenciar la contratación. De hecho, dotado con 120 millones de euros, se divide en tres partes: un plan de acción social (60 millones de euros), un plan de solidaridad alimentaria (20) y la agilización del ingreso mínimo de solidaridad y el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación (44).
