Los exconsejeros andaluces piden al tribunal de los ERE que excluya el delito de asociación ilícita del que acusa el PP
La exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías han pedido al tribunal del juicio de los ERE que excluya como objeto de enjuiciamiento el delito de asociación ilícita por el que acusa el PP a los 22 exaltos cargos acusados. Se trata, según han expuesto sus abogados como cuestión previa, de “una acusación sorpresiva”, nunca antes invocada hasta su escrito de conclusiones presentado en octubre de 2016 y que el juez Álvaro Martín incluyó cuando apenas un mes abrió juicio oral contra todos los acusados.
En el quinto día del juicio de la pieza política de la causa, los letrados continúan exponiendo las cuestiones previas, antes de proceder a las impugnaciones se hagan entre las defensas y las acusaciones, después de que la Fiscalía Anticorrupción descoloca a las defensas al plantear la incorporación de las ayudas y de que, también el PP, pidiera al tribunal que Susana Díaz comparezca como testigo por su “amplio conocimiento de los hechos”.
Según Rafael Alcázar, abogado de la también exministra Álvarez, la acusación del PP, que ya aludió a “una trama organizada creada para burlar los controles y repartir fondos públicos con total arbitrariedad”, se trata de “un planteamiento insoportablemente genérico” y del que, asimismo, “no fue informada de esa acusación ni fue imputada antes por ello”, al margen de que son “actuaciones no atribuibles” a su mandante, no incluidas sobre ninguno de los acusados en el auto en el que Martín acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, de 30 de mayo de 2016.
Este abogado también ha pedido al tribunal, tras la intervención de la Fiscalía el día anterior, “que se delimite el objeto de enjuiciamiento” antes de afrontar la práctica de la prueba. “No entendemos que se redefina el auto de transformación o que se reinterprete, sino que se someta la acusación al contenido del auto”, ha apuntado.
Por su parte, Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Gaspar Zarrías, ha planteado la impugación de la designación del juez Álvaro Martín en la instruccion de la causa, en la misma línea que hizo el letrado de José Antonio Griñán, añadiendo que “no ha necesidad siquiera de que haya que demostrar que ha causado indefensión”. “Se generó un perjuicio que ya es insubsanable”, una “acusación sorpresiva” que, incluso “había sido negada” por el propio intructor cuando le preguntó por ello en la instrucción por “prudencia paranoica de este abogado”, ha confesado, sobre “si había cambiado en algo los hechos que se estaban investigando”. “¿Cabe mayor sorpresa que el cambio que se ha producido aquí?”, se ha preguntado antes de acusar al PP de incluye el tipo delictivo porque “se ajusta a sus intereses políticos, del todo extraprocesales”, y de querer “politizar este juicio”. “ El juicio no puede seguir con esa acusación”, ha concluido.
