Los números de la Ley de Dependencia: un derecho que camina hacia la privatización

La Ley de Dependencia se ha quedado coja y se sujeta apenas con la pierna que le queda de la Junta de Andalucía. La Administración Autonómica le ha destinado el último ejercicio más de 1.000 millones de euros, frente a los recortes del Gobierno de la Nación, que ha pasado de aportar la mitad del presupuesto, cuando entró en vigor en 2007, a apenas el 25%. Este último año, Andalucía ha recibido 345,8 millones de euros, lo mínimo obligatorio y cuya cuantía por comunidades autónomas se fija en función del número de usuarios. Desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad argumentan que “Andalucía ha experimento una bajada de 4.717 usuarios, y es una de las cuatro comunidades autónomas en las que ha menguado esta cifra”.

En estos momentos hay en Andalucía 239.141 beneficiarios del sistema, lo que representa la cuarta parte del total en España. La Consejería de Salud y Bienestar Social reconoce una “cierta ralentización” a la hora de valorar a los solicitantes que todavía esperan, y lo vinculan a la asfixia que están sufriendo desde Madrid. Porque este año se están pagando las consecuencias de reformas como la retirada de cotizaciones a los cuidadores o la reducción de las horas de ayuda a domicilio, pero para este verano se esperan medidas más duras, como el establecimiento del copago para determinadas prestaciones.

Desde la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD) hablan de “voladura controlada del sistema por parte del PP”. La caída ha sido incesante: frente a los 675 euros de gasto medio por dependiente y mes en 2009 se pasó a los 540 en 2012 y de ahí, a los 500 de 2013. “Recortar en lo que llamamos servicios a las personas es cometer un doble error: el del perjuicio ocasionado a quienes dejan de percibirlos y el de despreciar que aquí pueden encontrarse las bases de una economía diferente y puede generar empleo intensivo y convertirse en la mejor arma para combatir la crisis”, apunta Javier Oyarzabal, presidente de la FAAD.

Dependencia, al Congreso

Precisamente, la FAAD participa en la recogida de firmas con la Federación Española de Dependencia para llegar a las 500.000 que permitan elevar una iniciativa al Congreso de los Diputados para que esta ley se reponga en su integridad. Igualmente, solicitarán al Parlamento de Andalucía que eleve una propuesta que, al tiempo que exija al Gobierno de la Nación la financiación necesaria, garantice a todos los andaluces el acceso. “En Andalucía, necesitamos recabar 40.000 firmas que estamos seguros de que se van a sobrepasar porque estamos teniendo muy buena acogida”, señala.

Jesús Huerta, director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, subraya: “El propio Gobierno de la Nación reconoce que las 'medidas de racionalización del sistema' adoptadas en 2012 y las que prevé para 2013 supondrán este año 1.936 millones de euros de ahorro en dependencia en Andalucíalas 'medidas de racionalización del sistema”. En su opinión, hay un claro error de cálculo: “Dicen que ahorran pero indirectamente aumenta la exclusión social. Luego, si no hay ahorro real, y sí disminución de las prestaciones, ¿por qué lo hacen? Todo apunta a un ajuste ideológico o un intento de privatización excusándose en la coartada de la crisis”.

En Andalucía, se han hecho estos años 360.189 valoraciones (casi el 90% del total de solicitudes). Sin embargo, desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social sostienen que hasta hace prácticamente un año, las resoluciones llegaban en tres meses, salvo excepciones en las que podía ampliarse hasta los seis. Pero actualmente solo se realizan valoraciones por revisión de grado de oficio -para personas que ya tienen el servicio- o casos nuevos de extremada urgencia. Hay, según sus cálculos, más de 55.000 andaluces esperando, para lo que la ley fija un plazo por ley de dos años y medio. Ante estos plazos “¿cuánto margen hay por ejemplo para un dependiente de más de 80 años?”, se preguntan.

El director del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez, es tajante: “Están dejando morir el sistema por inanición y esto es literal porque los que tienen derecho a esta prestación están falleciendo”. El experto habla de una “demolición encubierta de la Ley de la Dependencia” mediante una serie de decretos del Gobierno de la Nación que expulsan a muchos del sistema.

Espera y frustración

“Claro que se ha reducido la lista de espera: si de golpe estableces criterios para eliminar a la gente que tiene derecho, expulsando a los dependientes moderados, y si además no cubres las vacantes que van quedando, sino que directamente suprimes esa plaza en centros de día por ejemplo, pues lógicamente desciende”, asevera Ramírez.

Por eso, valora positivamente el decreto Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía, porque vincula estos servicios a la generación de empleo. “No es un gasto, sino una inversión. Basta un dato: por cada millón de euros invertidos en servicios sociales, se crean 30 empleos estables, y este sector es de hecho el mayor generador de puestos de trabajo”.

Confía en que medidas de este tipo sirvan para paliar recortes, que según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que él preside, supondrán la destrucción de unos 5.000 empleos en Andalucía, fundamentalmente en la ayuda a domicilio, donde ahora trabajan unas 15.000 personas. “No se privatiza un servicio, se está privatizando un derecho, y esto es lo más grave. El destrozo total del sistema es tan evidente que sólo caben ya la indignación por la crueldad con las personas dependientes y el estupor ante la falta de sentido común que denota la adopción de medidas que destruyen empleo sistemáticamente”, sentencia.

La pérdida de empleo también preocupa a los sindicatos, que cifran en 3.000 los empleos perdidos entre 2011 y 2012 por la no incorporación de nuevos usuarios al sistema, además de que los retrasos en el pago de los servicios provocan conflictividad laboral. “Esta situación está generando que el empleo sea cada vez más precario en el sector y peligre la atención a los usuarios”, argumenta Antonio Macías, secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT en Andalucía.

Por su parte, la presidenta del Consejo Andaluz de Trabajo Social, Ana Muñoz Colera, asegura que la “frustración” que sufren los trabajadores es enorme ya que se encuentran que no pueden dar respuesta a las graves situaciones que se están produciendo. “No podemos dar respuesta ni por la vía de la ley ni por otras con las que anteriormente contábamos ya que también se encuentran saturadas y colapsadas”, remarca, al tiempo que exige que se unifiquen protocolos y criterios en todas las provincias garantizando los principios inspiradores de la ley, que se agilice la valoración y que se garantice al menos la tasa de reposición, cubriendo las bajas que se van produciendo en el sistema.