El expresidente de Abengoa mantiene el poder en la sombra

Solo él, su guardaespaldas y un puñado de personas de su confianza pueden ascender a la planta noble de la sede de Palmas Altas (Sevilla). Un ascensor privado, cuya llave solo tienen él y su círculo de confianza, lo eleva por encima del resto de los empleados de Abengoa.

Felipe Benjumea, presidente honorífico de la empresa que fundó su padre en los albores del franquismo, acude asiduamente a su particular burbuja en el cuarto piso del cuartel general de Abengoa para, desde allí, seguir dirigiendo la empresa de la que es el máximo accionista. Unos correos electrónicos, a los que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es Andalucía, confirman los testimonios de los empleados: Felipe Benjumea sigue mandando en Abengoa desde la sombra.

Obligado por sus acreedores, a los que adeuda más de 20.000 millones de euros en varios tipos de pasivo, Benjumea abandonó su puesto ejecutivo como presidente de Abengoa en septiembre de 2015, a cambio de asegurarse un puesto honorífico y una indemnización de 11,5 millones de euros.

Sin embargo, el intercambio de correos electrónicos consultados por este diario demuestra que Benjumea sigue dando órdenes a sus directivos y soslayando así la jerarquía actual de la empresa.

Con fecha del 26 de noviembre de 2015, dos meses después de su dimisión a regañadientes, Benjumea es informado de que un banco sudafricano, Investec, “solicita la cancelación anticipada” de un crédito de 40 millones de euros, concedido para la construcción de varias plantas termosolares en el país africano.

La entidad financiera requiere la devolución del préstamo acogiéndose a una cláusula que contempla el riesgo de impago. En agosto, cuando ya habían saltado todas las alarmas, Investec había solicitado que se congelaran (“colaterizaran”) fondos en una cuenta como garantía de pago.

En los emails, una directiva financiera de Abengoa le asegura a Benjumea que se “puede interponer un interdicto para evitar esta cancelación”, pero que “es difícil ganarlo”.

El presidente honorífico le pregunta por las ventajas “de ganarlo” y le responde que “si ganamos algo, lo intentaría pelear”, dando finalmente su “ok” a “repasar las opciones” que le propone la directiva.

El correo está dirigido a Benjumea, con copia a más de una treintena de empleados y directivos como José Domínguez, presidente de Abengoa, y Santiago Seage, por entonces vicepresidente y consejero delegado. Ambos con funciones ejecutivas. Ninguno de ellos ordena nada en esta ocasión, delegando tácitamente la decisión en Felipe Benjumea.

Desde Abengoa subrayan que Felipe Benjumea, además de ser presidente honorífico, “está contratado como asesor, por lo que no escapa de la normalidad que asesore y apoye en numerosas cuestiones de la compañía”. Su contrato es hasta diciembre de 2016 por un importe bruto anual de algo más de un millón de euros.

Trabajadores de la compañía insisten en cambio en que “Benjumea sigue mandando y moviendo los hilos, a pesar de que es presidente honorífico y no puede tomar decisiones ejecutivas. Abengoa es como el Betis de Lopera: el dueño sigue siendo él, porque posee la mayoría de las acciones (57,4%), pero no puede tomar decisiones ejecutivas”.

Situación financiera

El 27 de noviembre, un día después de estos correos, Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores y el Ibex 35 ordenó su expulsión (temporal) del selecto club bursátil. Dicho preconcurso blinda a Abengoa hasta marzo de 2016 contra posibles demandas de sus acreedores, mientras busca un plan para que la empresa sea viable. Si finalmente se lleva a cabo el concurso de acreedores, sus pasivos de más de 20.000 millones de euros lo convertirían en el mayor concurso de acreedores de la historia de España.

“Por la situación de riesgo, todas las entidades bancarias han ido cortando las líneas de crédito y de pago a proveedores. Por eso Abengoa se ha ido asfixiando más rápido”, explica otro trabajador.

A mediados de mes, Abengoa presentará un plan de viabilidad a los acreedores y a la auditoría, que tendrán que valorar si lo aprueban o no. Con la inyección de 115 millones de euros aportados por la banca en diciembre, se han pagado las nóminas de diciembre y la paga extra de los trabajadores.

Antes de que se comenzara con el plan de despidos, las nóminas de sus 27.000 empleados suponían para la empresa un coste de entre 60 y 80 millones de euros mensuales. “Se supone que para la de enero también hay fondos. Más allá no se sabe”, aseguran fuentes de la empresa.

Mientras tanto, Felipe Benjumea se enfrenta a acciones legales. El 18 de diciembre, la Audiencia Nacional admitió una querella contra él por un delito de administración desleal. El tribunal le impuso una fianza civil de 11,5 millones de euros, los mismo que recibió en septiembre como indemnización por abandonar su puesto de presidente. El 28 de diciembre entregó una póliza de seguro como aval de la fianza. Accionistas minoritarios y empleados se van poniendo poco a poco en pie de guerra contra una directiva que les ha llevado a la insostenible situación actual: con deuda, despidos y sin repartos de beneficios.