Fernández Sevilla, imputado por malversación en los ERE: “No tengo nada que ocultar”
Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT-A durante unos meses antes de dimitir por el caso de las facturas falsas del sindicato, ha acudido a prestar declaración ante la jueza Mercedes Alaya por ser uno de los firmantes en diciembre de 2004 del plan de prejublaciones de la multinacional Altadis. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él una fianza por responsabilidad civil de 296.000 euros. El exdirigente sindical ha sido imputado por un delito de malversación de caudales públicos, según informan fuentes del caso.
Visiblemente nervioso ante la prensa tras salir del despacho de la jueza, ha señalado que su intención era prestar declaración y “aclarar todo lo que fuera conveniente” pero ha lamentado que “los que estamos imputados tenemos una serie de derechos”. Fuentes del caso han apuntado que el auto de citación como imputado se le ha notificado a las 11 horas, media hora después de cuando había sido citado. “Ustedes tienen copia de todo antes que yo”, ha denunciado después de haber mantenido un “rifirafe” en el interior del despacho a cuenta de ello, según fuentes presentes.
Fernández ha comparecido finalmente ante Alaya entre las 11.30h y las 12.20h aproximadamente. “No tengo nada que ocultar”, ha dicho, indicando que estudiará con su letrado la documentación antes de declarar ante la jueza. Según apuntan otras fuentes, la defensa del exdirigente sindical ha alegado que faltaba en la causa el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis.
Alaya ha retomado así la parte de la causa de los expedientes relativos a las ayudas sociolaborales para prejubilaciones, en concreto uno de los 126 expedientes que se investigan (con una dotación total de 582 millones). Se trata del ERE de Altadis, que contó con una ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional tabaquera de Sevilla, según detalla la Fiscalía. Las ayudas a empresas, por otro lado, suman un total de 275 expedientes, habiéndose pagado más de 127 millones de euros.
Estos hechos, según Alaya, podrían ser constitutivos de delitos de falsedad, fraude de subvenciones, prevaricación y malversación, entre otros, por los que ha imputado a las personas que firmaron el acuerdo de 3 de diciembre de 2004, como fueron, por parte de UGT, el citado Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela; por parte de CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa, y representando a Altadis José Luis Relea. De hecho, también para Perianes ha pedido Anticorrupción una fianza de 296.000 euros por los mismos motivos que para Fernández.
El 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo “por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa”. El exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 “por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas” del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.
Aquel convenio de colaboración “no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta”, de manera que “del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones”.
¿Inminente inhibición?
Por otra parte, la jueza Mercedes Alaya parece estar ultimando el auto con la llamada “exposición razonada” para elevar el caso ERE al Tribunal Supremo. Muchos son los rumores, al filo de las vacaciones judiciales del mes de agosto, sobre cuándo se inhibirá al alto tribunal y en qué modo lo hará. La jueza tiene citaciones hasta el mismo día 30 de julio y ha pedido recientemente más documentación a la Junta al querer ampliar la investigación a las ayudas de 2011 y 2012, pero algunas fuentes apuntan a que podría saltar la noticia incluso a finales de esta semana y seguir instruyendo.
La proximidad del Congreso Extraordinario Socialista (este fin de semana, 26 y 27, en Madrid) puede que sea una ocasión para elevar el caso, señalan otras fuentes acerca de los precedentes que aluden a la coincidencia de autos judiciales de la jueza con acontecimientos cercanos al PSOE o la Junta. La posible decisión de la jueza podría retrasarse hasta los últimos días de julio, o quién sabe si hasta septiembre.
