El Gobierno andaluz rectifica y repesca a opositores eliminados por no escribir el título del examen: “Cuerpo de maestros”

La Junta de Andalucía ha dado orden de reincorporar al proceso de oposiciones a docentes a candidatos a los que antes había invalidado la segunda prueba (presentación y defensa de una programación y de una unidad didáctica) porque habían incurrido en un motivo formal de invalidación. Los afectados rondarían los 400, según fuentes de los propios interinos, una cifra que la Consejería no confirma. Habían sido excluidos de las oposiciones porque en la portada su programación didáctica, que entregaron en mayo, no reflejaron el cuerpo de la oposición. Su reincorporación al proceso afecta a los candidatos que no incurrieron en error y ya acariciaban la plaza, entre los que reina la indignación.
Muchos de los beneficiarios de esta rectificación habían llegado a exponer la programación y la unidad didáctica ante el tribunal, a pesar de que la prueba estaba invalidada. Cuando se enteraron de que habían expuesto para nada, porque se les había olvidado aclarar que eran del cuerpo de maestros, montaron en cólera. Además, creen que los propios tribunales estaban ignorando las instrucciones de la convocatoria al oír su exposición, puesto que una programación invalidada supone la invalidación de toda la prueba, y por tanto en ese caso no debieron hacer la defensa oral.
El criterio que se les aplicó inicialmente dice literalmente así: “Se invalidará la programación didáctica cuya portada no incluya los datos de identificación del personal aspirante (DNI, apellidos y nombre), el cuerpo y la especialidad”. Ahora, la Consejería ha rectificado al interpretar que el opositor, “al identificar la Especialidad, puede identificar también el Cuerpo docente al que se presenta, y por tanto cumple con lo establecido en la Orden”, señala una fuente oficial.
“Los opositores a los que se les retire la invalidación serán llamados para hacer la prueba oral”, confirma la Consejería, que aclara que se mirará caso a caso. La Consejería defiende que no se trata de una modificación de criterio ni de una readmisión porque, aunque a los candidatos se les había notificado la invalidación, aún no se habían publicado las calificaciones provisionales. “Estamos dentro de los tiempos”, defiende un portavoz.
En cambio, la Junta no está rectificando otros motivos formales de invalidación, y esto está provocando una reacción en contra de muchos aspirantes, por entender que se está dando un trato desigual. Una candidata cuenta a este medio que se vio apeada del proceso porque la portada de su programación didáctica fue elaborada con Canva (una herramienta online de diseño gráfico), y no con Word. La orden obliga a que la programación didáctica no exceda de 50 páginas, “sin incluir portada y contrapartada”. “Se redactará [la programación] con interlineado sencillo y con letra tipo Times New Roman o similar, de 12 puntos, sin comprimir”, criterios que esta opositora cumplió, según relata a elDiario.es en Andalucía. “Pero en ningún momento de la convocatoria se recoge que tengas que hacer toda la programación en formato Word”.
Este medio ha recabado múltiples testimonios. Otra explica que la letra que usó era más de 12, pero sólo en la portada, por lo que no afecta a la extensión y no entraría en la literalidad de la norma. Otra fue excluída por no poner el índice de las unidades didácticas. Una tercera fue invalidada porque consignó su número de aspirante en la portada en lugar del DNI; precisamente, como si ha hecho en procesos anteriores. Estos aspirantes creen que la Junta los está discriminando al aplicar de manera diferente los criterios formales de exclusión, siendo flexible con unos y estricta con otros.
“Principio de buena fe”
La rectificación se produjo este mismo martes, mientras crecía el enfado de los opositores que habían superado la primera criba y caído por ese motivo en la segunda prueba. Ya terminando la tarde los presidentes de los tribunales recibieron un correo interno procedente de las comisiones de selección: “Han de revocarse las invalidaciones de aquellas unidades didácticas en las que el personal aspirante haya consignado nombre, apellidos, DNI y especialidad a la que se presenta, y no tengan otra causa de invalidación”. Las comisiones de selección advierten también de que las nuevas instrucciones provienen del Director General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Carlos Muñoz, y las transcriben.
El Director General justifica este cambio de criterio en el “cumplimiento del principio de buena fe” y un “estudio jurisprudencial”, del que se concluye que la interpretación de las bases de la convocatoria no puede ser tan rigurosa como para que el incumplimiento de requisitos administrativos acabe lesionando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.
En otras palabras, la Consejería dispone de un informe de sus servicios jurídicos donde se advierte de que una interpretación expansiva de los motivos formales de invalidación puede lesionar los derechos constitucionales de los opositores. Algo que muchos de ellos vienen reclamando desde hace días.
Diferencia de criterios
La rectificación de la Consejería, ahora, afecta sólo a las invalidaciones formales de la segunda prueba de las oposiciones. Sin embargo, la rectificación no alcanza a las que invalidaciones de la primera prueba, a pesar de basarse en un criterio (el rigor excesivo de las penalizaciones formales) que podría ser aplicable a las dos pruebas.
La rectificación parcial está provocando fricciones entre candidatos invalidados antes y ahora. El 50,7% de los 37.758 aspirantes suspendieron o vieron su examen invalidado en la primera prueba, sin que la Junta haya aclarado a este medio cuántos corresponden a invalidaciones. “La diferencia de trato entre aspirantes que han cometido errores formales de similar entidad, y que están recogidos en el mismo anexo normativo, es una vulneración del principio de igualdad y no discriminación”, protesta una aspirante que fue eliminada en la primera prueba por no numerar su examen, y acusa a la Junta de aplicar una interpretación “rígida y desproporcionada” con unos errores formales, y flexible con otros.
También ha provocado malestar entre los que no habían incumplido ningún criterio formal, que entienden que esta rectificación (o aclaración) extemporánea de una Orden publicada en BOJA les perjudica, y han creado su propio grupo de Whatsapp.
Tal y como informó este medio, la aplicación de requisitos formales (sin relación con el contenido de la prueba) provocó que se invalidaran exámenes de la primera prueba, algunos de ellos de sobresaliente, por la grafía (por ejemplo, la longitud de los palitos de las p, que las hacen mayúsculas o minúsculas), por no consignar el número de tema (“La Celestina” en lugar de “Tema 46. La Celestina”), por un folio en blanco, por no numerar las dos últimas páginas, por escribir por una cara, por poner un cuadro en horizontal y no en vertical o por la falta de cinco tildes.
Esta situación motivó cientos de quejas en redes y una concentración ante el Parlamento hace una semana. Los aspirantes eliminados se quejan de que la interpretación rigorista y desproporcionada de requisitos formales sin relación con la aptitud pedagógica desvirtúa la aplicación del principio de igualdad, mérito y capacidad. Estas oposiciones, que ponen en juego 7.885 plazas) ya fueron muy criticadas por interinos en Andalucía, acusando a la Consejería de promover un “ERE encubierto” al ofertar tantas plazas en un año sin procesos similares en el resto de España.
CSIF pide “acciones urgentes para reparar los perjuicios”
Los opositores están volcando su enfado en grupos de Whatsapp y Facebook con miles de miembros, o a través de la Asamblea de Interinos, que convocó la concentración del pasado jueves ante el Parlamento andaluz. “Hemos recibido cientos de quejas. Ha sido un tsunami”, explica una de sus portavoces. Desde 2004 se ha presentado a una decena de oposiciones, y asegura que nunca vio nada igual. “Es un pucherazo. Están haciendo lo que les da la gana de manera fraudulenta y a golpe de abuso de autoridad”, lamenta, al tiempo que denuncia la quiebra del principio de igualdad porque no todos los tribunales siguen el mismo criterio, a lo que ahora se suma esta rectificación parcial.
También lo ve así CSIF, el sindicato mayoritario entre los docentes andaluces, que en una nota remitida este lunes denunció las “numerosas incidencias” del proceso y exigió a la Junta “una revisión y acciones urgentes para reparar los perjuicios ocasionados a las personas aspirantes”. “Lo que se está viviendo en esta convocatoria dista mucho de garantizar esos principios y, muy en particular, en lo referido a las decisiones adoptadas sobre invalidaciones tanto de la prueba escrita como de la programación didáctica”, según la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.
CSIF cree que los errores ortográficos deben ser penalizados, pero de manera “proporcionada” y no invalidante. Según asegura, en febrero ya manifestó su rechazo que errores de tipo formal pudieran suponer la exclusión directa del procedimiento selectivo y exigieron criterios públicos y homogéneos. CSIF califica de “especialmente llamativo” que, a pesar de que los opositores se vieron obligados a presentar su programación hace casi dos meses, no haya sido hasta ahora cuando se les ha comunicado su invalidación por cuestiones formales.
“Es un proceso que debería ser muy serio: son 8000 plazas en juego y 37.000 personas presentadas y potencialmente afectadas. No se puede gestionar tan mal, las consecuencias son muy graves”, lamentan desde la Asamblea, que denuncia una campaña de desprestigio de la Junta de Andalucía: “No somos lloricas, estamos sufriendo un abuso. No nos quejamos por cuatro faltas de ortografías, sino porque los motivos por los que nos invalidan no están claros y son abusivos. No estamos locos, es que no funcionan bien las cosas”.
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