La ARMH trabaja en la interposición de la denuncia por el caso de Lorca ante la justicia argentina

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preside a nivel nacional Emilio Silva, está trabajando en la próxima interposición de una denuncia por el caso del asesinato de Federico García Lorca, del que este año se cumple el 80 aniversario, ante la justicia argentina, en tanto que la española “ha cerrado todas las puertas posibles”.

Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de la asociación, quien ha aclarado que, aunque la asociación anunció esa intención durante el mes de agosto del pasado año, aún no han tenido tiempo para hacerlo, puesto que han estado trabajando en la elaboración de un informe para solicitar una exhumación judicial.

La ARMH, según ha explicado Emilio Silva, sostiene que en el caso de Lorca y en el del resto de asesinados durante la Guerra Civil no se puede alegar prescripción de delitos, sino que las investigaciones deben obedecer al “principio de justicia universal”.

La aparición, el pasado mes de abril, de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado en 1965, que alude al asesinato de García Lorca en el entorno de Fuente Grande, en Alfacar (Granada), llevó a este colectivo a plantearse llevar el asunto ante la juez argentina María Servini, que lleva varios años investigando los crímenes franquistas.

A la asociación, según ha indicado Silva, el documento, el primero que por primera vez incluye detalles de las posibles razones de la muerte del poeta, le llegó de forma “anónima”. Según el informe, en el que se define a Lorca como “socialista” y “masón” y se le atribuyen “prácticas de homosexualismo”, el autor de 'Yerma' fue asesinado junto a otra persona de la que no se dan más datos, después de haber “confesado” y estaría enterrado a unos dos kilómetros de 'Fuente Grande'.

“Nosotros sospechamos que en el Ministerio del Interior hay documentación muy similar sobre otras víctimas y por eso le hemos pedido poder acceder a ella, sin resultado”, ha lamentado Emilio Silva, que ha incidido en que el de Lorca es el primer documento en el que se “reconocen” las razones del crimen.

Por eso, y después de que el juez Baltasar Garzón fuera inhabilitado tras abrir una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, a la ARMH sólo le ha quedado “la opción” de la justicia argentina. De hecho, Silva ha recordado también el caso de Ascensión Mendieta, una mujer de 90 años que pidió exhumar la fosa en la que se encontraban los restos de su padre, en el cementerio de Guadalajara, por orden de la juez María Servini.

“Ascensión Mendieta cumplió 88 años viajando a Buenos Aires para entrevistarse con esta jueza, lo que, en mi opinión, es vergonzoso, por no haberlo podido conseguir aquí”, ha considerado el presidente de la ARMH.

En su denuncia ante la juez Servini, la ARMH incluirá el informe sobre el asesinato de Lorca, redactado por personal de la 3ª brigada regional de investigación social de la Jefatura Superior de Policía de Granada y que se dirige al gobernador civil de esa provincia, con fecha de 9 de julio de 1965.

“Fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y en las inmediaciones del lugar conocido como 'Fuente Grande', en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha 'Fuente Grande', en un lugar que se hace muy difícil de localizar”, se indica en el informe.

Para la Policía, Federico García Lorca fue “un masón” que pertenecía a la logia 'Alhambra', en la que adoptó, según este informe, el nombre simbólico de Homero. También señala que “estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser voxpopuli” pero incide en que “lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto”.

Incluso alude al hecho de que Lorca se encontraba alojado en la casa de la familia Rosales, donde finalmente fue detenido, y hasta señala que el poeta sintió “miedo” en dos registros policiales previos en su propia casa, que en el verano de 1936, como todos los veranos, era la Huerta de San Vicente.