Los ocho convenios urbanísticos que dibujan la mayor trama corrupta de Granada

El sumario de la 'Operación Nazarí' destapado el pasado 7 de noviembre sigue dando información relevante sobre la que es considerada la mayor trama de corrupción ocurrida en Granada. La causa por la que se le imputan al exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, hasta ocho delitos entre los que se incluyen el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos, tiene también el mismo número de convenios urbanísticos de peso que están siendo investigados y que señalan a muchos nombres de peso de la política y el empresariado granadino.

José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén son los principales nombres en cuanto a los empresarios de la construcción que han sido parte activa de alguno de estos casos urbanísticos. Por el lado político, además del propio Torres Hurtado, aparecen tanto su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, como el que fuera gerente del área y posterior director de obras, Manuel Lorente, el sustituto de este último, Agustín Belda, y el entonces jefe de servicio de Gestión Urbanística, Emilio Martín Herrera. Todos estos protagonistas y alguno más, son sobre los que pivota toda la investigación policial que se inició con el 'caso Serrallo' y que afecta a otros siete casos que resumimos.

Caso Serrallo

La detención del alcalde de Granada el pasado 13 de abril parte de la investigación de esta operación urbanística. Una operación que se remonta al año 2010 cuando tras la modificación del proyecto de centro comercial que se iba a levantar junto a los llamados túneles del Serrallo, el promotor de la obra, Roberto García Arrabal a través de su empresa Inversiones Área Sur S.L., solicita al Ayuntamiento de Granada más terreno para explotación privada. El proyecto de aquel centro comercial que había sido modificado, acaba viendo la luz y las obras para ponerlo en marcha terminan en marzo de 2012. Es justo durante ese tiempo que dura la obra cuando tiene lugar una modificación contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a la propia ley del mismo sentido de la Junta de Andalucía.

Esa modificación consiste en construir, a través de licencia de obra menor, una discoteca anexa al centro comercial denominado Serrallo Plaza, en un terreno que no estaba habilitado para ello según el PGOU. La zona en la que se levanta ese complejo de ocio, tenía como fin uso público de zonas verdes ya que de hecho en 2006 se había concedido la licencia para construir un parque infantil. En el proceso Roberto García Arrabal y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, se saltaron la legalidad según se desprende del sumario de la 'Operación Nazarí' para obtener beneficios mutuos. El primero para tener mayor explotación comercial y la segunda para obtener mejoras en otros convenios urbanísticos a través del favor del 'Caso Serrallo'.

Pabellón Mulhacén

En este caso vuelven a aparecer los mismos protagonistas. El promotor urbanístico vuelve a ser Roberto García Arrabal que se hace con la concesión de la construcción de un pabellón deportivo muy cerca además del centro comercial Serrallo Plaza, a apenas un kilómetro de distancia. En dicha concesión se planteaba, además de la construcción del espacio deportivo, que acabó llamándose Pabellón Mulhacén, la puesta en marcha de más de 190 plazas de aparcamiento, un edificio de una planta para uso comercial, pistas de pádel y el acondicionamiento de la zona. Un proyecto que llevaba una inversión superior a los 6 millones de euros y que obligaba a pasar el control del Consejo Consultivo de Andalucía.

Lo previsto en esa concesión del año 2007 en poco tiempo pasó a ser algo totalmente distinto. Se empezó la construcción del recinto deportivo sin que se hicieran las obras pertinentes para acometer los aparcamientos subterráneos, el edificio comercial que debía tener una planta pasó a tener dos y es explotada actualmente por tres restaurantes distintos y las pistas de pádel pasaron a ser un establecimiento de comida rápida. De lo proyectado tan solo se cumplió con el pabellón deportivo aunque aquí también se saltó lo previsto ya que se utilizaron más de 300 metros de la parcela colindante que pertenecía al empresario granadino Ramón Arenas quien denunció lo sucedido ante la Fiscalía que abrió una investigación en 2015 que también se ha sumado a la causa de la 'Operación Nazarí'. Por si fuera poco, de los más de 6 millones de euros que debía invertir Roberto García Arrabal en ese terreno al final quedaron en poco más de 4 dejando un margen de 2,5 millones de euros sin explicación.

Palacio de Hielo

La tercera de las causas que más peso tiene en esta trama urbanística es la del llamado Palacio de Hielo que nunca se construyó. Este era el proyecto de un área de explotación comercial en el Cerrillo de Maracena que finalmente se vino abajo por la crisis económica. El plan que surge en 2003, tiene su punto de inflexión cuando en 2011, el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, liquida la deuda de los promotores con el Ayuntamiento de Granada a cambio de terrenos. El pago en especie cubre los 8 millones de euros adeudados pero lo hace junto con terrenos que no eran propiedad de ninguna de las partes y que además habían visto incrementado el doble su valor. La investigación demostró que había habido algún tipo de acuerdo entre las partes para apropiarse de terrenos que no eran de su propiedad y producir mayores beneficios económicos para los implicados. En este caso el promotor que entra en juego es José Julián Romero en la época en que Gerardo García Royo (PP) era el concejal de Urbanismo. De hecho la titularidad de parte de los terrenos era del Ministerio de Fomento. Este caso llegó a la Audiencia de Granada que terminó archivando el caso hasta que se ha reabierto por la 'Operación Nazarí'.

La vivienda de Torres Hurtado

Uno de los asuntos que apuntan de lleno al exalcalde de Granada es una de sus propiedades. En concreto la que se encuentra en el centro de la capital en la calle Obispo Hurtado. Dicha vivienda se encuentra en un bloque de edificios entre cuyos inquilinos se encuentra también la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, además dos sobrinas de Torres Hurtado, una de sus hijas y hasta su hermano que es el gerente del edificio. Lo que ocurre en este caso es que en la construcción del inmueble se producen ilegalidades en cuanto a las características que tiene que tener. Según la investigación policial, hay informes que detallan que se incumple el Plan Parcial Centro de la ciudad en cuanto a altura e incluso materiales de construcción empleados. Hechos por los que se le impone una sanción a la promoción del edificio, del que según la UDEF, más del 70% corresponde a la familia de Torres Hurtado e Isabel Nieto.

Pese a que la sanción se impuso, podría haber habido diferentes mejoras “a la baja” de dicha pena económica con el fin de favorecer a ambos políticos. Algo que en todo caso obligaba a que la sanción se abonase antes de que se otorgara la licencia de primera ocupación. Pese a ello, ni siquiera al propio Torres Hurtado ni a la investigación policial les consta que dicha sanción haya sido abonada.

Los aparcamientos adjudicados a dedo

Por si no bastara con lo anterior, la proliferación de aparcamientos públicos en la capital también encuentra su acomodo en la 'Operación Nazarí'. En este caso se señala directamente a los empresarios José Julián Romero y Enrique Legerén y al exgerente de Urbanismo y director de obras, Manuel Lorente. Entre los tres, según el sumario de la causa, tejieron una red en la que se adjudicaron la construcción de cinco aparcamientos públicos en Granada desde el año 2000. Aparcamientos que salían a concurso con el “arreglo” por parte de Lorente de incluir en el pliego de condiciones el derecho de tanteo preferente para SierraPark, la empresa que constituyeron José Julián Romero y Enrique Legerén de manera conjunta para explotar estos parkings.

Los inmuebles de la Universidad de Granada

No solo el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) es objeto de polémica durante estos meses, también otros de los inmuebles que están junto a él aunque por situaciones distintas. En este caso se trata de dos edificios que la Universidad de Granada le compró al promotor Roberto García Arrabal para la construcción de espacios deportivos compartidos. Pero el primero de ellos, el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud no solo no tiene fin deportivo sino que es ahora un centro de enseñanza, sino que además se incumple la altura que puede tener. Mientras que el segundo de los edificios es la futura construcción de una residencia universitaria cuyo suelo tampoco tiene el carácter deportivo con el que se vendió.

El edificio del Registro de la Propiedad

A menor escala, la corrupción urbanística se posa también sobre una calle cercana a la estación de trenes de Granada. La calle Tórtola es el lugar en el que se levanta la sede del Registro de la Propiedad cuya propiedad corresponde a Jesús Camy. Camy es uno de los registradores de la propiedad de Granada y es también uno de los que aparece como investigado en la 'Operación Nazarí' por supuestamente haber burlado la legalidad con la construcción de la entreplanta del edificio que se cita en esta parte de la causa. Las sospechas parten de la denuncia hecha a través de un informe por parte del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, ante Isabel Nieto que desoyó las advertencias del director del área de la que era delegada. Así consta en la investigación de la UDEF que al mismo tiempo viene a apoyar los argumentos de Jacobo de la Rosa sobre su posición dentro de Urbanismo.

El plan PP-N2 de José Julián

Conforme se avanza en la investigación, el constructor granadino propietario de J.J. Consulting, José Julián Romero, demuestra un modus operandi que se repite en cada proceso. En este caso, el empresario a través de su empresa San Jerónimo S.L. no habría cumplido con lo pactado para la urbanización de la zona correspondiente dentro del PGOU a la PP-N2 en la zona norte de Granada. Al parecer la empresa de José Julián obró de manera arbitraria en la Junta de Compensación dejando al resto de propietarios de la misma en una situación de indefensión porque para la urbanización de la zona llegó a ocupar terrenos que eran de terceras personas y hasta desvió el barranco de San Jerónimo sin esperar a la autorización de la Confederación Hidrográfica. Una decisión que se entiende peligrosa para la seguridad de los vecinos y que se sumaba también a otras irregularidades como por ejemplo en la concesión de la licencia de primera ocupación y otras actividades dentro de este plan PP-N2 que se siguen investigando.

Se trata de ocho casos sobre los que se centra principalmente el sumario de la 'Operación Nazarí' pero no son los únicos. Existen distintas tramas que se entrelazan unas con otras y que siguen ahondando en la maraña de datos y protagonistas que podrían haber participado en la mayor trama de corrupción urbanística de Granada. De la investigación, que continúa, no se puede descartar que aparezcan nuevos actores principales dentro del relato que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital.