Dos hermanos de Báñez declaran como imputados en el ‘caso Mercasevilla’

Dos hermanos de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, deben declarar este viernes como imputados en el 'caso Mercasevilla', donde se investigan supuestas irregularidades en el concurso para enajenar los suelos del mercado central de abastos de la capital hispalense. Eduardo y Juan Nicolás Báñez García, a unas horas algo intempestivas en el ámbito judicial, a las 14.30 y a las 15.00 horas, respectivamente, acudirán consecutivamente al despacho de la jueza Mercedes Alaya, también instructora de esta causa, precursora del caso de los ERE.

El procedimiento para enajenar los suelos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta del grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga. Los hermanos Báñez García, vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles, también presentaron su oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.

Alaya también tiene citados a declarar, igualmente en calidad de imputados, y según el auto al que tuvo acceso eldiario.es/andalucia, a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

También acudirán como imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Construcciones Juan de Robles niega connivencia

La jueza Alaya, el pasado día 7, firmó un auto en el que citaba a declarar al padre de la ministra, Eduardo Báñez González, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles. Tres días más tarde, este pasado lunes, rectificaba en un nuevo auto aclarando que había habido una confusión en el apellido, citando a las 14.30h a Eduardo Báñez García como firmante de la oferta y consejero delegado solidario y a Juan Nicolás, también como consejero delegado solidario de la misma.

El mismo lunes, y a través de un comunicado, Eduardo Báñez negaba que existiera connivencia de su empresa con otras que acudieron al concurso para la compra de los terrenos de Mercasevilla. El hermano de la ministra expresó su confianza en que en este procedimiento judicial se concluirá que “no existe relación alguna y, por tanto, mucho menos connivencia entre Construcciones Juan de Robles y la actuación del resto de las empresas que acudieron al concurso, salvo la de meras competidoras”.

Báñez mostró su respeto a las actuaciones judiciales y su disposición “a comparecer ante la Justicia para aportar cualquier información que se nos requiera”, insistiendo en que su empresa siempre ha actuado “al amparo escrupuloso de la Ley”. Por su parte, la ministra Báñez, un día después, evitó comentar la citación de sus hermanos y se remitió al citado.

El TSJA confirma la condena a un exdelegado de la Junta

Este jueves, la juez retomaba el caso y las declaraciones. Según Europa Press, el presidente de la federación de empresarios mayoristas de Mercasevilla, José María Morillo, destacaba este jueves el “gran poder de mando” que el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, ejercía sobre el mercado central de abastos, si bien reconocía que “no tiene conocimiento de nada de lo acontecido” en relación al concurso sobre el derecho de opción de compra de los terrenos.

Por otro lado, también este jueves trascendía públicamente una sentencia referente a este caso en la que el TSJA confirmaba la condena por cohecho dictada por la Audiencia de Sevilla contra el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas y los exdirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por solicitar una comisión ilegal de 450.000 euros. En la sentencia, el TSJA desestima íntegramente los recursos de apelación de Rivas, Mellet y Ponce, que fueron condenados -tras un veredicto de culpabilidad de un jurado popular- a 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros por un delito de cohecho.

En el auto de imputación de los empresarios, la juez considera que, “de los indicios” expuestos a lo largo del procedimiento, “puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma”. La venta de los terrenos se cerró en 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la jueza deduce que hubo un “posible concierto” entre Mercasevilla y Sanma.

A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, “constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes” en el concurso.

En el mismo auto, la juez reclama al Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el resultado de la investigación ordenada sobre el posible enriquecimiento ilícito del exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, también imputado en esta causa.

Otras relaciones societarias

Estas citaciones se producen después de que, en febrero del presente año, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil elevara un atestado al Juzgado en el que advertía de la existencia de “vinculaciones” entre la mayoría de las ocho empresas que concurrieron al concurso público para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.

Fue el día 12 de junio de 2012 cuando la juez Mercedes Alaya requirió al Instituto Armado para que informara sobre las relaciones societarias entre las distintas empresas que participaron en el concurso público, ya que sospechaba que el concurso público estaba “predeterminado” para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a Sanma.

En este sentido, y según el informe de la Guardia Civil fechado el 25 de julio de 2012, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, tanto Construcciones Juan de Robles como Grupa Pra, “no mantienen relaciones societarias entre sí ni con las demás”, si bien en el apartado de 'Otras relaciones societarias' aparece como parte vendedora de una finca urbana en el término municipal de Huelva. En las 'Observaciones' del informe existen ocho empresas que “tienen participaciones unas de otras”, entre ellas Construcciones Juan de Robles.