VÍDEO | Fertiberia previsualiza las marismas de Huelva sin aclarar el destino de los fosfoyesos

Una campaña de publicidad en positivo para acallar críticas y protestas. Una fórmula tan antigua como el mundo que ahora aplica la empresa Fertiberia, que ha elaborado un vídeo con lo que piensa hacer con los residuos de la actividad química que ha desarrollado en Huelva. Las 1.200 hectáreas de fosfoyesos siguen en las marismas acumuladas y el vídeo se limita a exponer mediante imágenes reales mezcladas con grafismos el trabajo a realizar.

Un trabajo, enmarcado en un amplio plan de difusión, que no aclara tampoco por qué lleva diez años sin incumplir la sentencia que le obliga a limpiar las marismas onubenses pero que explica con detalle el proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos de Huelva elaborado a partir del diseño realizado por la empresa norteamericana Ardaman & Associates INC, que Fertiberia defiende como una de las multinacionales con más experiencia y prestigio en clausurar espacios que albergan fosfoyesos, con precedentes en Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá o Australia.

Unas balsas necesarias y muy comunes en zonas empresariales con actividad química en el mundo, según el vídeo, que concreta que el cierre, no el transporte de las balsas a un sitio menos dañino, se hará mediante la cobertura de las balsas con polietileno de alta densidad, sobre la que se aplicarían otros materiales como tierra que evitaría filtraciones o roturas futuras. Tras asegurar que esta propuesta es la “más viable desde el punto de vista técnico y medioambiental para la clausura definitiva de estos apilamientos”, la empresa defiende que el plan se ejecutará, inicialmente, durante 10 años más otros 30 de seguimiento.

Transportarlas colapsaría el tráfico

Una de las razones que esgrime Fertiberia para tapar las balsas en lugar de trasladarlas es el hipotético colapso de tráfico que provocarían los camiones que se encargarían del traslado de los fosfoyesos, entre otras razones que, cuando se trata de plantear alternativas, son mostradas en blanco y negro, planteando una atmósfera de incertidumbre al espectador.

El reportaje se ha dado a conocer justo en medio tras la decisión de la Audiencia Nacional de triplicar la fianza que Fertiberia tiene que depositar por la retirada de las balsas. La empresa tendrá que dar 65,9 millones de euros, que recuperará cuando los terrenos estén recuperados. Los propios plazos marcados por Fertiberia van en contra de sus intereses, porque si finalmente se confirma que se va a tardar 30 años en dejarlo todo limpio, no sería hasta 2046 cuando recuperaría el dinero depositado, y eso contando con que los trabajos se inicien sin demora el próximo año.

En este sentido, la organización ecologista WWF recuerda que hace ya casi seis años que la Audiencia Nacional acordó exigir a Fertiberia un aval por importe de 21,9 millones de euros para garantizar la ejecución de las obras de regeneración ambiental de la marisma. Según Costas, el sistema propuesto por la empresa para la recuperación del dominio público marítimo-terrestre es el de la cobertura de los residuos con aislamiento y posterior revegetación, sin perjuicio de que a la vista de los informes complementarios se realicen correcciones. La fianza, contra la que Fertiberia ha planteado otro nuevo recurso, cubre exactamente el dinero previsto de inversión para los trabajos.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, recuerda que el objetivo de la organización es que “todos los residuos sean retirados pero esta decisión de la Audiencia Nacional no tiene precedentes y supone un aviso muy serio de que en nuestro país quien incumple la ley y destruye y contamina un bien público debe pagar y restaurar lo que ha contaminado”.

A este respecto, el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, subraya que la Junta será “exigente” y velará por que Fertiberia y su proyecto cumpla la normativa medioambiental, que es su competencia en este asunto una vez que se le sea remitido desde el Magrama. En ese conflicto de competencias andan los fosfoyesos desde hace más de 10 años, y siguen pegados a la ciudad cubriendo 1.200 hectáreas de terreno.

La Junta sostiene, según recuerda, que el proyecto presentado por la compañía, que plantea el soterramiento de los residuos, podría ser el más adecuado: “Serán los técnicos y los científicos los que determinen si el plan se adecúa a normativa medioambiental y si es o no el mejor”, explica.

El punto y seguido es crear una Mesa

Diez años después de que se tuviese que comenzar a retirar los fosfoyesos, la prueba de que la política ha contribuido poco a que se solvente este asunto es que el siguiente paso ha sido crear una Mesa, formada por distintos representantes de varios partidos, cuya primera decisión ha sido encargar el enésimo informe de “expertos” sobre el tema.

La idea es “encargar a una comisión de expertos multidisciplinar e independiente los trabajos de análisis de la situación de las 1.200 hectáreas que ocupan las balsas de los fosfoyesos”, como reza su acuerdo textualmente. Los integrantes de este órgano de participación van a solicitar a esta comisión que evalúe el proyecto presentado por la empresa Fertiberia y, además, establezcan las posibles alternativas factibles para la limpieza y recuperación de esta zona. Se ha establecido que sea el Rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz, el encargado de conformar la comisión de expertos, en virtud de su independencia y sus conocimientos científicos. Un mes aproximadamente después de aquella reunión, aún no se ha informado de los nuevos pasos que tendría que dar.

Lo que sí parece haber quedado claro es que es el Gobierno central el que tiene que solucionar este asunto. La Audiencia Nacional entiende que el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y no la Consejería del ramo de la Junta de Andalucía es competente para tramitar y resolver procedimientos de control y prevención ambiental del proyecto de regeneración de las balsas de fosfoyesos.

En el último auto dictado sobre esta causa por la Audiencia Nacionla, en el que se estimaba la petición de WWF de elevar la fianza a Fertiberia para la ejecución del proyecto y se desestimaba el recurso presentado por le Mesa de la Ría contra el mismo, también se resuelve a favor de la administración autonómica la controversia sobre qué administración era competente para hacer la evaluación de impacto ambiental y emitir la declaración de impacto ambiental del proyecto.

Resuelto el conflicto de competencias, el soterramiento de los residuos en lugar de su retirada a un vertedero especializado parece que cobra fuerza cada vez más, sobre todo porque parece que los grupos ecologistas y las corrientes ciudadanas se han quedado solas a la hora de defender que las marismas recuperen su forma de hace medio siglo, y no sean simplemente tapadas como pretende Fertiberia.