La tasa a grandes superficies, entre la polémica y la efectividad

El pulso entre el PSOE-A e IU por el impuesto de las grandes superficies en el seno del Gobierno de Andalucía es la historia de una controversia iniciada desde hace más de una década en otras comunidades autónomas. Un debate que no entiende de color político (en otras regiones lo han respaldado y rechazado indistintamente socialistas, populares, nacionalistas...), sino más bien de oportunidad. Y la cuestión en el presente es: ¿tendrá un impacto negativo o positivo sobre el empleo cuando éste es el principal problema de la ciudadanía?

En estos momentos se aplica en seis comunidades autónomas, dos de ellas desde este año: Canarias y La Rioja. Cierto es también que las que llevan años con la tasa aprobada (Cataluña primero, y luego Navarra, Asturias y Aragón) apenas han podido recaudar lo previsto con este impuesto que hasta el momento ha sido más polémico que efectivo.

En el caso de Cataluña (pionera en establecerla), su Ley 16/2000, aprobada en 2000 por unanimidad, fue recurrida por el Gobierno de la Nación en el Tribunal Constitucional (TC). Igual que le ocurrió luego a Navarra con su Ley Foral 23/2001; a Asturias con el decreto 191/2003, que además había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias; y a Aragón con el decreto 1/2007.

El alto tribunal se ha pronunciado, prácticamente una década después del primer recurso del Gobierno de José María Aznar, declarando constitucional la tasa, en la sentencia 197/2012. Queda todavía la posibilidad de que la patronal lo pelee en el Tribunal de Justicia Europeo. De hecho, ya ha habido apercibimientos por parte de la Comisión Europea al Gobierno de España, especialmente en el caso de las comunidades autónomas que habían vestido estos tributos con un corte medioambiental, pese a que su finalidad es gravar este tipo de comercio. En cualquier caso, de momento, el fallo del TC ha dado legitimidad a la aplicación de este tributo en dichas comunidades autónomas y ha animado a otras.

Su implantación ha cobrado fuerza estos últimos años dentro de la oleada de nuevos impuestos creados por las comunidades autónomas para conseguir ingresos en medio de la crisis, y donde tocan todo: depósitos bancarios, juego, turismo, gases contaminantes, alquiler de vehículos... y grandes superficies. No obstante, la presión desde la patronal y las dudas que despierta su implantación ha hecho recular a Murcia (PP), que había avanzado en la redacción del anteproyecto, mientras que en Galicia (también PP) se ha tumbado una propuesta en este sentido presentada por BNG. El mismo fin tendría la proposición de ley elevada por Compromís a las Cortes Valencianas y por el PSOE en Castilla la Mancha.

Con la tensión entre socialistas en IU en el caso del Gobierno de Andalucía para desarrollarlo o no, en estos momentos sólo Baleares (PP) está caminando con paso firme para crear esta tasa. Su secretaria autonómica de Promoción Empresarial y Empleo, Lourdes Cardona, asegura que está “terminando de perfilar” y gravará a los grandes comercios en función de sus dimensiones.

Poco recaudado hasta ahora

Por lo general, en esta tasa se fija como gran superficie a partir de los 2.500 metros cuadrados, pero Aragón por ejemplo las considera desde los 2.000, y Navarra desde los 1.500 para determinadas ubicaciones. De este modo, se va gravando cada metro cuadrado adicional con entre 15 y 20 euros. En el caso de Andalucía, IU trabaja en un documento para que se tengan en cuenta todos estos parámetros.

La filosofía que suele impregnar este tributo es la de favorecer al pequeño y mediano comercio, en teoría benefiado con planes de apoyo resultantes de los ingresos obtenidos de las todopoderosas grandes superficies, de ahí que se le denomine impuesto Robin Hood. De hecho, la propuesta elaborada por la Consejería de Turismo y Comercio de Andalucía, en manos de IU, calcula entre 15 y 20 millones de euros de ingresos por un tributo que gravaría a las cerca de 400 grandes superficies de la región.

Lo cierto es también que se pese a los cálculos hechos por las comunidades autónomas donde llevan años con esta tasa, las trabas encontradas no han permitido conseguir todos los ingresos esperados. Han recaudado o nada -como es el caso de Navarra que no lo ha puesto en vigor hasta este año debido al recurso de TC- o mucho menos de lo previsto. Cataluña ha recaudado 22,7 millones de euros desde 2001 hasta ahora (su previsión son 15 por año). Mientras, el consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz, ha reconocido que las grandes superficies llevan desde 2006 sin pagar, lo que hasta 2010 -todavía no tiene los cálculos de 2011 y 2012- “supone 21,2 millones de euros”, y de éstos, 7,5 correspondientes a “sanciones” por no hacer efectivo el impuesto. Mientras, Navarra espera recaudar en torno a 1,3 millones de euros este año. Y por su parte, Asturias, espera recuperar los 44 millones de euros de todo lo que no se ha pagado durante el recurso.

Partidarios y detractores

La gran detractora de esta tasa es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que representa a 17 grandes operadores y es la principal representante del sector. Habla de una “fiscalidad paralela”, pero no se pronuncia todavía sobre el caso de Andalucía, “hasta que sea una realidad”, según apuntan desde este colectivo. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por su parte, tiene un posicionamiento genérico en contra del incremento de la presión fiscal. Todos alegan su impacto en el empleo como razón para evitarlo, dado que suponen que será un freno a la creación de riqueza. Hablan también de su impacto en el consumo, dado que estiman que subirán los precios para el cliente.

En cuanto a los partidos, en Andalucía se ha pronunciado claramente en contra el PP-A, que no quiere ni que se creen nuevos impuestos ni que se suban los que hay. El PSOE-A, por su parte, no es que se manifieste abiertamente en contra, pero sí sostiene que no está previsto en 2014, pese a que estos días se negocian los presupuestos autonómicos e IU trata de meter la tasa como nueva fuente de ingresos ante la enorme dificultad a la que se enfrenta la comunidad autónoma para cuadrar unas cuentas con 1.200 millones euros menos que en el presente ejercicio, tanto por el tijeretazo en las transferencias estatales como por la imposición de un techo de déficit del 1% para el próximo ejercicio.

Por el contrario, esta tasa tiene en IU su máxima defensora, y algo tendrá que decir porque está en el Gobierno de Andalucía. Ya el año pasado tuvo que renunciar a incluirla. También apuestan por ella los principales sindicatos, UGT y CCOO, que defienden su carácter finalista, en pro del pequeño y mediano comercio y por tanto del mantenimiento del empleo en un sector que representa el 12% del PIB en la región y da empleo a unas 500.000 personas. Un sector que a su vez se enfrenta a las dificultades de supervivencia que le ha supuesto el incremento del IVA y la liberalización de los horarios. No creen tampoco que suponga una subida de precios para el cliente, que en en cualquier caso, iría entonces a los comercios tradicionales. De hecho, la Consejería de Turismo y Comercio sostiene que lo apoyan las asociaciones de consumidores.

Sin embargo, el temor a que la penalización a las grandes superficies -ya hace tres años libraron una batalla contra el impuesto sobre las bolsas de plástico- tenga un impacto sobre el empleo en las mismas es lo ha llevado a los socialistas a parar a sus socios en esta intención. En este contexto, los socialistas intentan ganar tiempo: conseguir que IU ceda también este año e incluir la tasa a partir de 2015, igual que otras que la coalición de izquierdas tiene en la cartera y que fueron negociadas en el pacto entre ambas formaciones.os socialistas intentan ganar tiempo: conseguir que IU ceda también este año e incluir la tasa a partir de 201