El abogado del viceconsejero Lozano critica las formas “inquisitoriales” de la jueza Alaya
El abogado José María Mohedano, que se ha personado en el caso de los ERE en representación del viceconsejero de Presidencia e Igualdad, Antonio Lozano, y del también exdirector general de Presupuestos de la Junta, Buenaventura Aguilera, ha denunciado ante los medios las formas en que la jueza Mercedes Alaya interroga a los imputados, diciendo que son “más propios de un juez inquisitorial y preconstitucional que de uno constitucional” y que, además, “cercena la espontaneidad del imputado”.
Es la primera vez que Mohedano se presenta en el juzgado que investiga el caso de los ERE, en representación de dos exaltos cargos de la Junta, y ha criticado que Alaya haya contemplado “incompatibilidad” a la hora de preguntar durante la declaración del exinterventor general de la Junta por el hecho de defender a dos personas al tiempo (Lozano y Aguilera), lo que supone “un elemento más de vulneración del derecho a la defensa”.
Sobre la actitud de Alaya ha criticado también que use “permanentes desmentidos y reconvenciones” en el imputado, que impida a los letrados hacer uso del móvil dentro de la sala de declaraciones (Mohedano se ha negado en principio por considerarlo una “falta de dignidad” aunque ha tenido que entregarlo) y que “cuando dice algo que no le gusta, la jueza intenta que lo diga hasta escuchar lo que quiere oír”.
Según ha detallado el abogado ante los medios, la jueza “ha considerado impertinente” una pregunta acerca de lo que dijo el imputado Manuel Gómez en la comisión parlamentaria de investigación, cuestionado en aquel momento por el Grupo Popular, acerca del uso legal o no de las transferencias de financiación porque, según Alaya, “ya se había preguntado antes”. Al respecto ha pedido que constara en acta su queja formal en este aspecto y también en lo relativo a que no pueda preguntar por representar a dos personas a la vez.
También se ha quejado públicamente Mohedano de que la jueza esté “continuamente interrumpiendo” al declarante, en este caso Gómez Martínez, y “reformulando su respuesta”, llegando a equivocar al imputado en momentos “en los que no sabe qué está respondiendo”. Según ha asegurado, cuando les llegue el turno de declarar como imputados a sus clientes, a mitad del próximo mes de septiembre, pedirá que “se graben” los interrogatorios. “¿Por qué no quiere que se grabe?”, se ha preguntado el abogado.
Asimismo, Mohedano considera “inadmisible” que hayan tenido que esperar “una hora y 45 minutos”, lo que “vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ya que, además, “no refleja en el acta cuándo empieza ni cuanto dura realmente la declaración”.
Antonio Lozano Peña y Buenaventura Aguilera Díaz fueron directores generales de Presupuestos (2002-2009 y 2009-2012, respectivamente) y han recurrido su imputación ante la Audiencia Provincial, según ha informado su abogado, quien también se ha lamentado de que su escrito “aún esté en el juzgado, que no lo ha elevado ante la Audiencia”, argumentando también este punto “indefensión” para sus clientes.
