Los interventores niegan menoscabo de fondos públicos de formación pero ven múltiples irregularidades
El interventor provincial de Almería, Juan José Castillo, ha corroborado este viernes la falta de medios y la imposibilidad de controlar en profundidad todas las subvenciones de formación para el empleo otorgadas por la Junta de Andalucía, pero no cree que se haya producido menoscabo de fondos públicos porque los expedientes “siguen vivos”, pese a que presenten “múltiples errores administrativos”. Mientras, su homóloga en Cádiz, Nieves Chao, que comparte esta última impresión, ha incidido también en esa falta de medios para poder fiscalizar, y en que la norma para estos cursos es “muy mejorable”.
Han sido los primeros en comparecer en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el fraude con estas subvenciones que han supuesto diligencias en 18 juzgados de las ocho provincias. En este contexto, Juan José Castillo, que ha inaugurado la ronda de comparecencias, ha alegado que las intervenciones tienen “muy poco recursos”. Si el órgano gestor -en este caso el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la delegación provincial correspondiente- les dice que están todos los justificantes que deben presentar los beneficiarios, pese a que los fiscalizadores no los vean, no tienen por qué verificarlo ni ponerlo en duda “y está reglado” de esta manera. De hecho, ha recordado que “es el órgano gestor el que revisa y tiene toda la documentación” de los expedientes y en este sentido ha comentado que entiende que “ha cumplido las recomendaciones” hechas desde la Intervención General para mejorar los controles.
“Si hubiera que ver todos los justificantes habría que cambiar la RPT -relación de puestos de trabajo- de toda la intervención”, ha expuesto en esta comisión de investigación que indaga la política de subvenciones desde 2002. Lo ha hecho después de que él, con otros dos funcionarios, haya revisado 51 expedientes dentro del plan de depuración impulsado por la Junta de Andalucía, y en todos ha visto problemas, como ya expresó en un informe tras concluir este trabajo. En total, se han elevado ocho informes especiales, uno por cada interventor provincial, y todos detectan fallos.
“No hemos podido decir que indubitadamente se cumplía la legalidad por el formato en que se ha presentado la documentación”, ha reconocido. Por ejemplo, ha criticado que el órgano gestor les enviara las justificaciones “desordenadas y en fotocopias o CD sin compulsar”.
Lo que han tenido que hacer es verificar esos expedientes en búsqueda de posibles irregularidades en las tres fases: previa a la concesión de la subvención, pago del 75% de la misma tras verse que cumple los requisitos para recibirla y justificación de su uso para el abono del 25% restante. Un estudio “muy exhaustivo” que se hacía por primera vez en sus 40 años en la intervención. “Casi todos incumplían”, ha asegurado, por diferentes “incidencias” sobre todo en la primera fase, “donde faltaba documentación”. Eso sí, ha matizado: “Sólo podemos decir que esa documentación no constaba en el expediente, pero no tenemos la constancia de que esté o no”, en referencia a que no puede poner en duda que exista si el SAE les ha asegurado que la posee. Igualmente, ha comentado: “Son expedientes de más de 1.000 documentos y hasta a nosotros se nos ha podido escapar algo”.
Lo ha descrito gráficamente: el año pasado su intervención gestionó más de 20.000 elementos contables -“aunque no todos vienen con 1.000 documentos”- porque entran desde las nóminas de los funcionarios hasta el pago de las pensiones no contributivas. Son siete personas las que gestionan esto. “Últimamente la Intervención General está tomando conciencia y reclamando, pero las RPT van lentas”, ha expresado Juan José Castillo, quien fue nombrado en 2010 en una intervención que nunca había tenido las competencias en la fiscalización del SAE, y de hecho, él sólo las ejerció en 2012 debido a los traspasos entre consejerías en la materia.
El interventor provincial ha estado dos horas contestando a los diputados de los cinco grupos presentes en la comisión de investigación. Tanto C's como IU han mostrado su disconformidad con que no se retransmitan estas comparecencias por la televisión pública, si bien es posible seguirlas por internet en el canal del Parlamento de Andalucía. Durante el transcurso de las preguntas, desde el PSOE-A se ha insistido precisamente en que el interventor provincial confirmara la teoría de que no ha habido menoscabo de fondos públicos con los cursos, mientras que desde el PP-A han intentado que entrara en valoraciones que ha rehusado hacer.
Turno luego para la segunda compareciente, Nieves Chao, que trabaja con un equipo de 14 personas, dos de ellas a media jornada, por lo que también ha hablado de “escaso personal” y “poca preparación” de parte del mismo “para un tarea tan compleja”. También ella ha hecho alusión a las “numerosas e importantes irregularidades”, en su caso tras una depuración de expedientes entre 2009 y 2012, con una muestra de 55 de un total de 329, pero de los que “sólo 12 se pudieron comprobar” por estar conclusos, tras lo que también ella elevó su informe.
Nieves Chao ha remarcado que no pudo comprobar en ningún expediente que los alumnos cumplieran los requisitos ni tampoco en el caso de los cursos con compromiso de contratación del 60% de los inscritos. Igual que su homólogo ha reconocido que la falta de justificantes ha imposibilitado que completen su proceso de fiscalización.
La interventora provincial ha afirmado también que la normativa de la Junta de Andalucía para estos controles es “muy mejorable”, aunque ha garantizado que no ha detectado irregularidades que fueran susceptibles de elevarse a los tribunales en la revisión de los expedientes que ella ha dirigido. De hecho, ha incidido también en la idea de irregularidades administrativas.
Tampoco cree que haya menoscabo de fondos públicos “mientras que esté abierta la posibilidad de reintegro” y ninguno de los 12 expedientes que ha analizado han prescrito hasta el momento. Eso sí, ha censurado que para ese informe especial que tuvieron que hacer de estas subvenciones no se le pusieron medios desde la Junta de Andalucía: “Vino personal nuevo con mucha voluntad, pero especializado, sólo yo”. También ella ha hablado de “desorden” a la hora de explicar cómo le llegó la documentación, hasta el punto de que mucha no la pudo ni encontrar, pese a que “puede” que estuviera, como por ejemplo, los partes de firmas de los alumnos de estos cursos.
Primeras conclusiones de los políticos
Cuando han concluido estas comparecencias, la portavoz del PP-A en la comisión de investigación, Teresa Ruiz Sillero, ha salido convencida de que “quien incumple la ley de forma reiterada es la Junta de Andalucía” porque “no controla ni la homologación de los centros, ni si los alumnos reúnen los requisitos para hacer los cursos, ni si los profesores tienen la titulación o pueden dar todas las especialidades”.
Marta Bosquet, de C's, le ha querido dar una lectura en positivo a ese caos en la organización ratificado por los interventores provinciales: “No solamente porque esperamos que se depuren las responsabilidades políticas, sino también porque se están sacando a relucir muchas cuestiones ante las que esperamos que se ponga remedio por parte del Gobierno de Andalucía”.
Por su parte, Elena Cortés (IU), ha destacado que el interventor provincial de Almería ha reconocido “que había poca gente para controlar expedientes, que viajaban por distintos entes y empresas y mientras, el dinero público estaba sin verificar”, por lo que le ha planteado: “Cuando esto se mantiene en el tiempo, quien quiera hacer trampas lo tienen fácil, ¿no?”. También ha reprochado que el SAE “sólo se dedicaba a la primera fase”, y no entraba en las demás para comprobar que el dinero público “se había destinado a lo que se concedió”
Desde Podemos, Juan Moreno Yagüe ha subrayado que lo que se ha puesto de manifiesto con estas primeras comparecencias es que “la legislación dejaba mucho que desear y que las normas se iban cambiando constantemente”. Ha agregado que el hecho de que la Junta de Andalucía convirtiera en norma la excepción -otorgando subvenciones a beneficiarios que no habían completado la justificación- “impedía seguir de manera adecuada el control a ese régimen”.
