Un juzgado de Sevilla ordena investigar préstamos del Banco Popular que no se cobraron
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha ordenado investigar por presunta corrupción en el sector privado tres préstamos del Banco Popular y ha encargado la indagación a la Guardia Civil. En un auto fechado el pasado 25 de abril admite a trámite la denuncia presentada por un trabajador de la entidad bancaria contra tres directivos, de toda la escala jerárquica, que dieron el visto bueno a la operación que ha despertado las sospechas del juez.
Se trata de un caso denunciado por el trabajador antes incluso de que se conociera la quiebra de la entidad bancaria, que ha sido comprada por un euro por el Banco Santander. De este modo, mientras los bufetes ultiman o han presentado ya demandas masivas de los accionistas y bonistas del Banco Popular, en Sevilla se registraba el pasado 20 de abril la primera denuncia contra los tres directivos de los cuales sólo uno sigue en el cargo. Supone, además, iniciar por primera vez diligencias encaminadas a comprobar si hubo malas prácticas en la gestión.
La denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, se refiere a tres operaciones que suman casi millón y medio de euros para sendos préstamos de 2014 de los que no le consta la devolución de nada tres años después. En el momento de los hechos, el denunciante trabajaba para el Departamento de Reestructuración de Deudas en los Servicios Centrales, y por su puesto podía observar transacciones y operaciones en la materia.
Con su testimonio, respaldado por las pruebas que ha recabado todo este tiempo, desvela que el 4 junio de 2014 se autorizaron (por tres filtros jerárquicos) sendos créditos de 310.000 y 885.000 euros al administrador único de dos empresas. Ese mismo día, se autorizaron también otros 225.000 de préstamo a un segundo administrador único (que ya “figuraba como moroso” de la entidad bancaria por más de 1,8 millones de euros por su papel de avalista en un crédito anterior) de una tercera empresa, según su relato.
El dinero fue retirado al instante y “en su totalidad en ventanilla” de una sucursal de Coria del Río (Sevilla) “mediante cheques”, continúa el escrito por el que se han ordenado diligencias por “indicios de infracción penal”, según el auto del juzgado contra el que cabe recurso de apelación a los cinco días de notificación. Es decir, el mismo día se desembolsaron 1,3 millones de euros tras pasar por los filtros jerárquicos las operaciones. Y los tres préstamos tenían como fecha de vencimiento para el pago de la primera cuota junio de 2016. O sea, dos años después. Supuestamente, ninguna de esas cuantías fue satisfecha nunca por los beneficiarios, según consta en los movimientos de cuentas en poder del juzgado. De este modo, cuando llegaron las primeras cuotas (junio de 2016) no se abonaron en las cuentas que se habían abierto en junio de 2014 para los préstamos.
El juzgado pretende esclarecer si, además, esos créditos se otorgaron cuando se dudaba de la solvencia de los beneficiarios por la referida morosidad y por supuesta inactividad de las empresas. El hecho de que el denunciante no pusiera antes los hechos en conocimiento de los tribunales se debe a que no ha sido hasta los dos años de los créditos cuando ha tenido constancia del impago y que, por tanto, han entrado en morosidad.
