Un juzgado confirma la imputación del exconsejero Ávila como responsable de subvenciones a 94 unidades de empleo
Antonio Ávila, consejero de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, tiene otro asunto que resolver en los juzgados al margen de su imputación en el caso ERE por el que ya declaró en el TSJA el pasado abril. Se trata de su imputación, confirmada ahora por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, por la concesión “sin un soporte legal” de subvenciones excepcionales a cada uno de los 94 consorcios denominados Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, las extintas Utedl.
La resolución de diciembre de 2012 por la cual se concedieron dichas ayudas la firmó Ávila como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cargo que ocupó entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, cuando la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta que dirigía asumió las competencias en la materia. La Fiscalía Superior instó en su momento al TSJA a investigar al exconsejero cuando era diputado aforado, pero el caso lo está instruyendo ya un juzgado de Sevilla.
El juez le atribuye dos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones en relación a las ayudas, por valor de 5'8 millones, que el SAE concedió “sin soporte legal que lo permitiera” para financiar los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010, según el auto de imputación, ahora confirmado en su integridad al desestimar el juzgado el recurso del representante legal del exconsejero.
La Fiscalía ya explicó en su día que las Utedl eran entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, participados por el SAE y por la Administración Local, a través de corporaciones municipales y supramunicipales. Durante los años 2010, 2011 y 2012 se concedieron ayudas a los 95 consorcios por más de 57 millones euros por el Servicio Andaluz de Empleo. Las diligencias arrancaron con base a un informe de la Cámara de Cuentas remitido por el Sindicato Andaluz de Funcionarios.
El juzgado, además, ordenó recientemente que se librara un nuevo oficio al SAE para que remita Memoria Justificativa del interés público y social y de la inexistencia de bases reguladoras para conceder las subvenciones, que debió firmar la jefa de servicio de Promoción del Desarrollo Local del SAE, y la propuesta de acuerdo sobre el inicio de los expedientes de subvención extraordinaria, que debió acordar el director gerente del SAE, como se interesó el Ministerio Fiscal en noviembre.
Las actuaciones se dirigen, además de contra Antonio Ávila, contra 23 Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes) y los directores de las Utedlt Sierra Norte, Tierras de Doñana, Alcalá de Guadaíra, y Bajo Guadalquivir, así como los directores generales de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE durante 2010, 2011 y 2012.
Los consorcios se financiaban con las aportaciones de la Junta de Andalucía y de las entidades consorciadas. El SAE, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sufragaba el 100% de los gastos del personal que conformaban la estructura básica y aportaba un porcentaje de cofiinanciación de los costes salariales de la estructura complementaria, por los que ahora deberá responder el exconsejero y entonces presidente del SAE.
